Veinte días

Hace veinte días, el veinte de junio por la tarde, la administración de Marcelo Ebrard (jefe de gobierno del Distrito Federal) entró en un túnel impulsado por las fallas de la seguridad pública de la ciudad de México. Fallas que ocurrieron en dos niveles, uno, el del operativo desastroso que intervino en un centro de entretenimiento juvenil que se encontraba hasta el tope en su ocupación y que costó la vida a doce personas; la otra falla fue de entendimiento y acompañamiento en el origen de la administración ebrardista, entre la secretaría de seguridad pública y la procuraduría general de justicia de la capital. Veinte días después, Ebrard sale del túnel al aceptar la renuncia de altas autoridades, miembros de su gabinete: el Ing. Joel Ortega y el Lic. Rodolfo Félix.

¿Qué ocurrió para que se diera inusitada celeridad en el esclarecimiento de acuerdo a los estándares nacionales que se estilan para remover a un funcionario que comete un error trágico? Conviene hacer una recapitulación mínima.

Uno: Poner a disposición de los medios la videograbación del operativo.
Dos: Ordenar, de oficio, la investigación de los hechos a la PGJDF.
Tres: Solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal un informe sobre lo sucedido el viernes fatídico.

Esto último fue decisivo, poner en manos de un organismo autónomo la elaboración de un informe de los hechos. La Comisión trabajó por encima del linchamiento mediático por parte de algunos medios, enfrentando amenazas, sabiendo que la trascendencia de su investigación relaciona a uno de los precandidatos a la presidencia el 2012. Hoy la CDHDF dio su informe, que fue severo, con la fuerza para precipitar las renuncias de altos funcionarios. Todo ello sin que a la Comisión mencionada se le considere verdugo.

Pocas veces se tiene la oportunidad de presenciar una defenestración sustentada en investigación orientada hacia funcionarios de primer nivel. Cuántos casos que incriminan a notorio servidor público se han perdido en el laberinto de contralorías y procuradurías, en las inútiles comisiones legislativas. Cuántas recomendaciones de derechos humanos han caído en oídos sordos, abofeteadas por el desprecio de la autoridad. Por eso el informe de la CDHDF es histórico y ojalá diera pauta para darle una fiscalización efectiva de quienes tienen responsabilidades máximas como autoridad. El asunto es cómo transformar lo acontecido en un inicio que rompa las murallas que resguardan la impunidad de altas esferas, públicas y privadas. Parece una pretensión descabellada, ocurrencia ilusionada.

En todo esto, al salir del túnel Marcelo Ebrard se ha transformado para bien o para mal, sin necesidad de su partido ¿En qué se transformó? Ya lo sabremos.

Irregular

Inició julio y el recuerdo de una elección presidencial irregular no se pudo reprimir. Lo que ya se sabía desde hace dos años, la decisión de un puñado de gentes para incidir en el resultado electoral. Incidencia que sin contundencia empañó para la historia la legitimidad del actual presidente constitucional Felipe Calderón. Un estigma para el cual no hay simulación que lo pueda borrar, menos cuando el oficio en el ejercicio se restringe a mantener una interlocución privilegiada con los grandes empresarios, en el extremo de parecer un gobierno totalmente subordinado a ésos empresarios.

La insensibilidad gubernamental se prodiga a la hora de sacar adelante la transformación de Petróleos Mexicanos. Ya no quieren los personeros saber de foros y debates. Llegan al absurdo de la descalificación de los gobernados al considerarlos incapaces de comprender la reforma de PEMEX, aunque fuera verdad es una falta de respeto que cualquier político medianamente sagaz evitaría caer en ese desliz. Y si se portan ese tipo de declaraciones, cualquier otra de ese talante será añadidura, como aquella que descalifica al país en sus capacidades para desarrollar la industria petrolera. Si México no puede sostener una pujante industria entonces como país se vale muy poco o tanto como sus recursos naturales, porque sus recursos humanos y habilidades empresariales no dan para sostener a la industria. Entonces, por esa argumentación tomar el camino fácil y encargar todo a quienes si saben y pueden. Así, con desdén se ha decretado que México ya no puede desarrollar la industria petrolera. Estamos como en el futbol, convencidos de que nunca ganaremos la copa mundial.

Con la de malas, de que las expectativas en materia de crecimiento económico no hay modo de proyectarlas hacia arriba, por el contrario, se dan augurios de estancamiento y retroceso. Para colmo, la inflación parece tomar el camino contrario al estimado. Y ya ni mencionar, en consecuencia, la apertura de empleos suficientes. En la materia en la que los actuales gobernantes se autocalificaron de sobresalientes, los resultados de más de año y medio no son aprobatorios bajo el criterio de la economía popular, que si bien no se le considera ciencia, sí tiene sensibilidad pata reconocer cómo le ha ido en la feria.

Y qué decir de la decisión política más acertada del gobierno de Calderón, el combate al crimen organizado. Decisión acertada de cuya implementación no se puede afirmar lo mismo, pues se ha visto un mando dividido de competencias, en un esquema de ficción de policías contra delincuentes que se lleva bien con envolturas mediáticas, pero que no resuelve el problema de fondo. El crimen organizado sigue en pie y desplegando parte de su capacidad de fuego y violencia.

Frente a estos tres grandes temas de la política nacional, que no son los únicos, el respetable quiere ser entretenido con la especie del espionaje practicado en contra del senador Manlio Fabio Beltrones. El senador expresa su indignación y del lado del gobierno no se ve la oportunidad para darle al asunto un giro que hable bien de los servicios de inteligencia y seguridad nacional, se limita a desmarcarse del espionaje cuando es sabido que en México en espionaje es un monopolio del Estado que reside principalmente en el gabinete de seguridad. No obstante, existen aparatos de espionaje al margen de la ley, lo desarrollan grupos políticos, sindicatos poderosos y hasta corporativos empresariales con el afán de proteger sus inversiones, no es raro que esos corporativos contraten a ex servidores públicos para que se encarguen de la seguridad de sus empresas (TELMEX y CEMEX son ejemplo) Sea o no cierto lo del espionaje al senador Beltrones, el gobierno no se debió limitar a desmentir, sino a instruir una investigación que lo lleve a resultados inmediatos y ciertos, para demostrar de que en el país hay conducción política no mera simulación.