No sé qué tanto afecte el
campeonato mundial de futbol al actual proceso legislativo sobre las leyes
secundarias en materia de energía. Por lo general, la gente permanece
indiferente a las deliberaciones parlamentarias, haya o no mundial. Lo que sí
es serio para la fiesta futbolera es el atraso en alguna de sus reglas, el empate
es obligado acabarlo como resultado posible, así como transformar la expulsión
en una sustitución automática del infractor. Esos son anacronismos que le impiden
al futbol ser completo. Pero dejemos el
futbol.
Desmontar el control estatal
sobre los recursos energéticos no se podía limitar al cambio constitucional
consumado el año pasado. Obligado a ése propósito es mover el andamiaje de las
leyes secundarias. Por eso, el 29 de abril de este año, el Ejecutivo envió al
Senado una serie de seis iniciativas de decreto que representan “un cambio de
paradigma en el aprovechamiento de los recursos naturales con que cuenta el
país”, “para que pueda participar el sector privado” y así obtener “más y
mejores beneficios para todos los mexicanos.”
Más menos, el conjunto de
iniciativas suma quinientas hojas que le exigen al legislador competencia
técnica en la materia energética a la hora de su lectura y análisis, por
supuesto deliberación. Se trata de una sacudida al sector que implica un
reconocimiento de la incapacidad de gestión del Estado, de parte del actual
gobierno, y supone una competencia prodigiosa del sector privado. Muchos
milagros por realizar se le cargan a la reforma, en conjunto forman una
profecía: suficiencia energética sustentable con tarifas bajas para los
consumidores.
De llegar a una apertura de fondo
es posible que las empresas extranjeras retomen su influencia en el sector, con
la garantía de recurrir, en caso de controversia legal, al arbitraje
internacional frente al cual el Estado
mexicano se ha visto torpe. No se demuestra cómo los inversionistas privados se
comprometerán con la nación ¿Por qué habrían de hacerlo? Ya tenemos la
experiencia de la banca extranjerizada. Para ser honestos, tampoco los
empresarios mexicanos son garantía de un compromiso con la nación.
Tampoco se demuestra como las
comunidades y poblaciones probablemente afectadas por actos de expropiación
acepten con mansedumbre la decisión de
la autoridad. Tener claro cómo resolver este tipo de conflictos es prioridad,
al menos no se ha ventilado de manera intensa y extendida en el debate público.
Hay una constante en el largo
proceso reformador que no inició con Enrique Peña Nieto, esa constante es la
justificación que señala la incapacidad de gestión del Estado mexicano y lo
lleva a una parcial reconversión en su poblamiento por instituciones autónomas
(INE, IFAI, CNDH, etc.) o a las privatizaciones, con o sin eufemismos. La reforma
energética es un ejemplo y en el camino está la gestión del agua. La
insuficiencia de los servicios públicos de salud para lograr una cobertura
universal, ni hablar de la impartición de justicia. Y qué decir del ominoso
crecimiento de la seguridad privada y los grupos de autodefensa.
Esto nos lleva a una pregunta
impensable hace tiempo, salvó entre quienes se postulan anarquistas y siempre
han deseado su abolición ¿Qué hacer con el Estado? Hasta dónde se quiere llegar
para convertir a su cabeza y máximo representante en rex inutilis. Un tipo político medieval tristemente actuado por
Fausto Vallejo en Michoacán. Para mayor información sobre rex inutilis ver El Reino y
la Gloria (2008) de Giorgio Agamben.
Todavía más, qué tipo de sociedad
se está configurando para darle viabilidad a ése Estado al que se le recortan espacios
de gestión antes considerado de interés público. Quién se hará cargo, la
iniciativa privada, la delincuencia organizada o formas comunitarias de
organización.
