El siete de noviembre recién, el
presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete recibieron en Los Pinos a las
cúpulas empresariales. El propósito, conocer las aportaciones del sector
privado orientadas a la reconstrucción de los estados afectados por el terremoto
del siete de septiembre.
La presidencia subió la
videograbación del evento, cuya duración es de casi dos horas. Si las caras de
los circunstantes nada tenían de arrobadora alegría, el tema no lo ameritaba,
las despedidas fueron corteses y hasta cordiales, de unidad a toda costa.
Una reunión oligárquica que
mantuvo sujetado al presidente, con el oído atento a los planteamientos
empresariales, dejando la conducción del evento a José Antonio Meade, con el
acompañamiento silencioso del gabinete. Notable y lógica ausencia de los
damnificados, sin representación ni voz.
Dispendio de cifras sin ofrecer
ruta crítica o cronograma de actividades que dé, en el futuro, cuenta de los
compromisos adheridos a la reconstrucción. El anuncio de un sitio en la red,
montado desde la SHCP, a punta de excell,
sin dar una vinculación explícita y útil para con los damnificados.
Los empresarios dejaron en claro,
son dos vías para la reconstrucción, la pública y la privada, para tener cuidado
y evitar la mezcla, menos redundar esfuerzos. En pesos, la segunda resulta
complementaria.
Arrancado el año electoral, el
gobierno de Peña no se puede equivocar en el ejercicio de recursos para obtener
resultados a corto plazo de la reconstrucción, pues de nada servirá tener con
los empresarios un candidato presidencial consensado. Una reconstrucción
descuidada puede fortalecer a su archienemigo: AMLO. Por algo las plumas
histéricas que animan el miedo al populismo se siguen prodigando.
A diferencia del terremoto de 1985,
más letal, aunque de menor alcance geográfico, casi limitado al Valle de
México. En aquel entonces se dispuso al secretario de SEDUE para coordinar la
reconstrucción. Manuel Camacho Solís construyó una estructura de operadores, no
forzosamente priístas, que negoció con la hidra del llamado movimiento urbano
popular. La elección presidencial demostró que no se obtuvieron dividendos de
la reconstrucción, el partido gobernante fue apaleado en la capital del país.
Los terremotos de septiembre de
2017 tienen otra complejidad, empezando por involucrar a más estados de la
república, con el desarrollo de un pluripartidismo defectuoso y el deterioro de
la seguridad. No hay una conducción formal desde el gobierno federal de la
reconstrucción, tal vez porque unos son presidenciables y otros impresentables -pero
todos los secretarios meten la mano por instrucciones de su jefe. Tampoco
cuenta el gobierno con un decreto avalado por otros poderes que le permita
tener control vertical de la reconstrucción, al menos para obviar burocratismos
o excesos de los gobiernos locales.
Bien vista, la reunión con los
protagonistas económicos resultó todo un ultrasonido.
