Ha trascurrido la primera semana
y el gobierno de Peña Nieto está mostrando la ambición por alcanzar realizaciones. El
activismo como forma de legitimación desde el ejercicio, sin conformarse con la
holgada victoria electoral y/o consciente de que sus adversarios conspicuos no
le darán tregua.
Sobresale considerar al equipo de
colaboradores no como suma de individualidades, sino como un grupo conjuntado y
disciplinado que está incondicionalmente a las órdenes del Presidente. Se
quiere reducir el margen de error dentro de un equipo que aspira a preciarse
por su coordinación. Los miembros del gabinete, más allá de los perfiles
individuales, su origen o su representación política, serán observados desde
adentro y puestos bajo una exigencia muy alta. A cada una de las designaciones
presidenciales se les ha hecho saber que el encargo se refrenda con resultados.
Otra luz que distingue el inicio
de la nueva administración sexenal es la relación entre el gobierno federal y
el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el trato y la disposición a
colaborar entre ambos gobiernos es un buen augurio para los habitantes de la
ciudad capital, dejar atrás los desencuentros de otras administraciones. Ése es
el compromiso tácito entre Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera. Nunca más
la confrontación o las rutas cruzadas, mejor dicho, como cuando en 1999 la
huelga estudiantil de la UNAM mostró una actuación diferenciada y en sentido
contrario entre los dos gobiernos.
Y llegamos a la recurrencia de la
protesta estudiantil. Es sabido que el ascenso de Peña Nieto, desde la campaña
por la presidencia de la república, ha tenido un crítico persistente entre
sectores de jóvenes inscritos en la educación superior y media superior. Para
ellos el Presidente no tiene legitimidad y nunca lo reconocerán. El punto es
que el gobernante no puede desistir en su labor de convencimiento y está
obligado a demostrar que gobierna para todos. Los sucesos violentos del primero
de diciembre pasado, con motivo de la toma de protesta constitucional, han
dejado una sombra de la cual es imperioso su destierro. A ello apunta la
liberación de 56 personas, de 69, que se encontraban recluidas en asociación
con los desmanes de ese día.
No es suficiente el desistimiento
de la autoridad judicial. La buena marcha del gobierno pasa por proporcionar
información precisa, esclarecedora de los hechos. Es penoso que a la premura
por hacer el cambio en el gabinete de seguridad por la madrugada, haya tenido
ese día por la mañana su primer tropiezo. Se exige un informe tan conciso como
exhaustivo de parte de la autoridad, sea de la parte federal o de la
capitalina. Quién dio la orden de realizar detenciones injustificadas, quién
dispuso la infiltración de la protesta.
Sería de gran aliento disponer de esa información antes de que finalice
el año. Como lo sugiere Raymundo Riva Palacio en su columna, hay que evitar
quedar atrapados por episodios negros del pasado, para bien del gobierno y la sociedad.
