Aunque parezca increíble, un país como México, que ha entablado guerras internas causadas por el enojo de muchos en contra de los privilegios de uno cuantos, se encuentra en el umbral de situaciones que se creían superadas. El decreto liquidacionista de Luz y Fuerza del Centro y su sindicato, que publicó el actual gobierno el 10 de octubre, ha abierto sin proponérselo el tema de los privilegios. Desde diversas perspectivas, se ha expresado en la opinión publicada menciones referidas a los privilegios. No se cita para evitar omisiones.
Históricamente, el combate a los privilegios se encuentra asociado a los pasos hacia la modernidad encaminados cancelar las disposiciones exclusivas y excluyentes del orden monárquico feudal. Un personaje fundamental en este debate universal fue Rousseau. No sólo disertó sobre las desigualdades entre los hombres, también propuso un mecanismo para reducir esas desigualdades: el contrato social. Sin ser radical, el ginebrino se proponía un orden que redujera los dictados estamentales para sustituirlos por normas en que cada individuo se viera y se sintiera más igual a su semejante. A su pensamiento quedaron relacionadas las revoluciones burguesas, la francesa en particular, las guerras de independencia en América. México no fue la excepción. Los puntos de quiebre en la historia nacional están marcados por las disputas que generan los privilegios: de los peninsulares frente a los criollos en la gesta de Independencia, del clero y los militares frente a la clase media ilustrada durante la reforma liberal, de los propietarios de minas y hacendados frente a los peones en la guerra de revolución.
Por eso, cuando Felipe Calderón justifica su decreto para liquidar a LyFC y a su sindicato como una definición en contra de los privilegios de los electricistas, no pocos se han preguntado si en realidad se están atacando privilegios poderosísimos, si el gobierno estará dispuesto a combatir privilegios mayores. Este debate lo abrió el gobierno y no se sabe si tenga capacidad para conducirlo y concluirlo, pues su decreto está anclado en el corto plazo: liquidar al SME. Ayudado por plumíferos y vociferantes, Calderón ha ondeado la bandera en contra de los privilegios, tras ella pretende ocultar el abuso de poder en el que ha incurrido. Lejos de producir equilibrios se está apurando la polarización.
En la actualidad, un privilegio es la concesión de una exclusividad que hace la autoridad hacia un ciudadano, empresa o gremio, que le otorga ventajas respecto a otros ciudadanos, otras empresas o el conjunto de los asalariados. El electricista que gana seis mil pesos es un privilegiado respecto a los que no tienen empleo o a los que no tienen una organización que lo respalde (como es el caso de los empleados que laboran en McDonald’s o Wal-Mart) Su privilegio se minimiza y es nada frente a los privilegios del Presidente de la república, de los Senadores, los Diputados, la jerarquía católica, los grandes empresarios. Al gobierno le molestan los privilegios del contrato colectivo del SME pero no dice nada de los privilegios que prodiga en las concesiones de radio, televisión y telefonía, en el mantenimiento del régimen de consolidación fiscal que beneficia a las grandes empresas, en los contratos que empeñan recursos públicos y favorecen a familiares o amigos del Presidente o miembros de su gabinete. Y qué decir de ese gran privilegio dirigido a la banca comercial, el maldito Fobaproa-IPAB. No hay voluntad del Ejecutivo para combatir a fondo los privilegios.
Se ha iniciado la guerra en contra de los privilegios, que puestos sobre la báscula su destino será dividir a la sociedad sino se actua a tiempo para restablecer la paz social. Ya se verá de qué cuero salen más correas.
