La panacea que ofrecieron
tecnócratas y liberales que los acompañaron, se centró en el tridente virtuoso
del libre comercio: competitividad, productividad y riqueza.
Pero no informaron acerca de las
plagas funestas incorporadas al proyecto neoliberal. La captación de recursos
públicos por la vía de contratos de infraestructura en un esquema de fraude y
tráfico de influencias. Condonación discrecional de impuestos y la proliferación
industrial de las facturas falsas. Publicidad gubernamental contingente para la
modelación de la información de los medios de comunicación. Dispárame, pero
no a matar. Pégame, pero me sobas. La corrupción como delito administrativo
o como asociación delictiva, el caso del robo de combustible. La mesa puesta
para saquear recursos públicos que repartían hasta agrupaciones de la “sociedad
civil”, las que se sumaron al saqueo, digo al proyecto, así como instituciones
de educación superior en calidad de prestadoras de servicios en función, claro,
del atraco. Así, con la brevedad de este espacio, se recreó una “opinión
pública” para apuntalar un proyecto y el habla del libre comercio. Un festín de
fingimientos.
El mercado tendría un efecto
purificador. Las instituciones gubernamentales dejarían de cobrar ese “impuesto”
llamado corrupción. Adicionalmente se dio la formación de una élite “ciudadana” por
la vía de los entes autónomos, encargados de vigilar y controlar a los poderes
constitucionales del Estado. Estamos enterados, la corrupción no se contuvo.
Eso sí, lo peor fue la efectiva convocatoria al debilitamiento de las
obligaciones del gobierno, las responsabilidades se diluyeron, se traslaparon
competencias y se fertilizó la impunidad. Todo se hizo negociable previa compensación
de los negociantes. Quid pro quo.
Los detentadores de los poderes
públicos dieron con una veta para esmerar sus bienes y negocios al amparo de la
ley o por encima de ella. No midieron sus consecuencias en términos de la
pérdida de la seguridad pública y de la afrentosa multiplicación de las
desigualdades sociales.
Ahora que la mayoría de los
mexicanos decidió desandar el camino errado, se escuchan las voces alarmadas de
quienes perdieron su camino dorado. ¡Concentración de poder! Denuncian a
diestra y siniestra. Pero se trata de que las instituciones del gobierno se
enfoquen en sus obligaciones sin agregar atribuciones, el solo mandato de la
ley. Si estas se incumplen o se desvían para eso están la Auditoría Superior de
la Federación, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial, la
Procuraduría Fiscal, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de
Inteligencia Financiera. Estas instituciones, tal vez a excepción de la FGR
según se interprete, ya conformaban un sistema para prevenir, detectar y
remediar los actos de corrupción antes de la creación del SNA y su Consejo de
Participación Ciudadana. Pero se prosiguió, todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sostener un Estado defectuoso con
muletas.
De lo que se trata es que los
poderes constitucionales cumplan, eso intentan, vamos a ver. Ser contrapesos y
generar equilibrios entre ellos. Los que se autoerigen como contrapesos técnicamente
son opositores, muy válido y desde muy diversas trincheras. Si los autollamados
contrapesos se la creen, técnicamente son usurpadores, muy lamentable.
