En la instantaneidad absortos, se nos escapa la complejidad de un proceso de transformación y sus obstáculos. Con el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador se resume en una pieza la tarea burocrática de conducir el aparato administrativo: empujar al elefante. Las normas y los instrumentos pueden estar ahí para echarse a perder o para un uso limitado a cumplir un gobierno al servicio de pocos, tal como vino ocurriendo en las últimas décadas. Esto es notorio con el Sistema de Administración Tributaria o la Unidad de Inteligencia Financiera. Uno haciendo quitas multimillonarias a los que más tienen para efecto de reducir sus obligaciones fiscales. La UIF, por su parte, sin un trabajo relevante, más como amenaza que realmente sancionando fortunas mal habidas. Eso ya cambio.
Empujar al elefante ha requerido
echar mano de las Fuerza Armadas, confiar en su disciplina para mantener un
ritmo sostenido en las obras de infraestructura que se ha propuesto el actual
gobierno, para desplegar la logística de la distribución de vacunas contra el COVID,
responsabilizarse de puertos marítimos y aduanas fronterizas y encargarse de la
formación profesional de la Guardia Nacional. Todo sin abandonar actividades
que son parte de su estructura programática.
Empujar al elefante ha
significado mover de la postración sumisa en la que se encontraba el servicio
exterior, en la indigna tarea de alinearse. México ha recuperado su voz para
promover el desarrollo y la paz en el mundo y, de manera elocuente, fungir como
el puente entre el Norte y el Sur del continente americano.
Empujar al elefante pasa por
revocar el dogma, unos le llaman paradigma, de la no intervención del Estado en
la economía, condenándolo a ser un facilitador de la concentración del ingreso.
Una economía que presumía virtudes macroeconómicas ocultando sus vicios: la
corrupción y el crecimiento exagerado e innecesario del endeudamiento público.
No todo está en la voluntad del
gobierno federal. Hay elefantitos estatales que se mantienen en la inercia del
derroche de recursos y endeudamiento excesivo. Hay una nueva distribución de gubernaturas
que tiene que ayudar a superar esas inercias. Por su parte, el Poder Judicial
desde su reforma en los tiempos de Ernesto Zedillo, quedó convertido en un
poder al servicio de potentados y de políticos ahora opositores a la
transformación. Su reforma, la que le dotaría de dignidad e integridad a ese
contrapeso constitucional, la nombrada Ley Zaldívar está en suspenso.
Así se han ido tres años, empujando
al elefante sin soltar al tigre.
