No cargar cadáveres

Si en algo ha sido benevolente la opinión hacia el presidente Calderón, ese algo que ha concitado coincidencia es la disposición por establecer una clara diferencia de estilo respecto a su antecesor. Retomar el aprecio por las formalidades mandando al museo de la ignominia la detestada águila mocha que sustituyó al escudo nacional durante seis años. La disposición de Felipe Calderón de enfrentar con mayor perseverancia a la delincuencia organizada. Por eso no se entiende la decisión de mantener con vida uno de los tantos fracasos del gobierno de Vicente Fox: el Plan Puebla Panamá. Por qué no plantear la relación hacia Centroamérica con una nueva propuesta.

El 9 y diez de abril se dio la reunión Cumbre de México y los gobiernos de América Central en la ciudad amurallada de Campeche, en la costa del Golfo de México. Se busca y no se busca el planteamiento miliar que da continuidad al Plan. El discurso de inauguración de la Cumbre, normal, plagado de cortesías diplomáticas y deseos de consolidación de un bloque regional con una alusión de significado Latinoamericano. “La justicia, dijo Simón Bolívar, es la reina de las virtudes republicanas y con ellas se sostiene la igualdad y la libertad.” Así se despachó el presidente Calderón.

La declaración conjunta, leída por la canciller Patricia Espinosa, consigna en su punto nueve una solicitud: “Exhortar respetuosamente al Congreso de los Estados Unidos a la pronta aprobación de los acuerdos de libre comercio suscritos por el gobierno de ese país y los gobiernos de Colombia y Panamá.” El encuentro no despertó el interés de la opinión pública nacional, más revuelo ha provocado la entrega, el otorgamiento del grado de Doctor Honoris Causa a siete personalidades concedido por la UNAM. Giovanni Sartori ha sido el personaje de la semana.

En algunas columnas se planteó la especie de que la reactivación del Plan se dio como resultado de un acuerdo previo entre el presidente de México y el de Estados Unidos, presumiblemente adoptado en la última visita de George W. Bush a México, a la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán. El propósito, contrarrestar la acción del presidente Venezolano Hugo Chávez en la región.

Hacia Centroamérica, México ha creado otros instrumentos diplomáticos de colaboración de notoria fecundidad. El Acuerdo de San José, que debe su nombre a la capital de Costa Rica donde se firmó el 3 de agosto de 1980. Un pacto energético apoyado por México y Venezuela para surtir de combustible a precios módicos en una circunstancia de crisis energética mundial y que ha perdurado por más de dos décadas.

Fue un alivio para le región en cuanto a sus necesidades de energía, pero la inestabilidad política requería de otros instrumentos. En enero de 1983 se creó el Grupo Contadora, constituido por Colombia, México, Panamá y Venezuela. Con la consigna de promover la paz en Centroamérica, en particular por los conflictos armados de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Todo un éxito de la diplomacia mexicana. El Grupo Contadora se asimiló al Grupo de Río en 1990, el cual venía operando desde diciembre de 1986.

Las dos iniciativas, el Acuerdo de San José y el Grupo Contadora, se dieron en el contexto internacional próximo al colapso del bloque soviético y el subsiguiente orden unipolar liderado por los Estados Unidos. La diplomacia mexicana no se había modificado hacia Centroamérica frente al radical cambio geopolítico. El 19 de septiembre del año 2000, en su calidad de presidente electo, Vicente Fox ya hacía el anuncio del Plan Puebla Panamá. Fue hasta junio de 2001 que se tomaron los primeros acuerdos en la ciudad de El Salvador. Un dato adicional, pero no menospreciable, es el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas impulsado por Hugo Chávez, acuerdo que fue firmado el 19 de octubre del 2000.

La revitalización del PPP puede tener el sentido de formar un frente en contra de gobiernos no alineados con los Estados Unidos. El presidente de México parece convencido de lo auspicioso del Plan, afirma que, “A la fecha se han canalizado ya más de cuatro mil 500 millones de dólares para la ejecución de 33 proyectos regionales en el área Puebla-Panamá.” De ser así, ¿se encuentra debidamente auditado y certificada su eficacia? De todos modos, no se entiende por qué Calderón carga con el cadáver. ¿Lo mismo hará con otros que le dejó la administración que le antecedió? El conflicto minero, por ejemplo, que volvió con fuerza a las primeras planas.

¿Quién gobierna México?

En 1982, todavía existía la percepción, convicción, simplificación de que México era gobernado por el Presidente y su partido con la Constitución como guía. Así más o menos lo postuló el autollamado último presidente de la Revolución Mexicana, José López Portillo. Varios lustros después, mucha agua ha corrido bajo el puente del mismo río. No existe el partido hegemónico con sus pilares corporativos. En los noventas los empresarios han tomado un rol decisivo en el rumbo de México. A principios del siglo que corre, el actor eclesiástico adquirió un papel de opinión obligada en la formación de la política pública. La figura de los políticos ha perdido vigor.

La infante administración calderonista ha llamado al Ejército para que sea parte del elenco destacado en la lucha contra la delincuencia organizada. Esto último no es original, el Ejército ha tenido momentos de estelaridad. De 1958 a 1976, por dar el fechado más próximo, los militares tuvieron su protagonismo en la sofocación de movimientos sociales, en la lucha contra la insurgencia armada y el combate al narcotráfico. Con el inicio de la serie sucesiva de reformas políticas iniciada en 1977, el papel de los militares se hizo discreto en la no menos importante función de atención de desastres. La ciudadanización, la democratización y la ampliación de las libertades lo llevaron a la adopción de un bajo perfil. Hoy el Ejército es llamado a la escena por la presencia del actor indeseado, el crimen organizado. La autoridad lo ha reconocido, el narcotráfico controla porciones del territorio nacional.

Todo esto lleva a considerar el confinamiento temporal de los partidos de acuerdo a las coyunturas electorales y su dificultad para constituirse partido – gobierno. Es con las corporaciones con las que se gobierna. De paso, también se opaca el ímpetu ciudadanizador que impulsó la sustitución del arreglo priísta. Los factores reales de poder regresan con fuerza, el corporativismo se afianza. El sistema permanece, en su espiral recursiva, sólo recambia las salidas para la satisfacción de demandas. ¿Es este un arreglo duradero? Así parece. La medida de su duración será su capacidad para modificar radicalmente la constelación de país instituida desde la Colonia sobre dos ejes: la desigualdad y la corrupción. Es esa constelación la que ha sobrevivido a los grandes movimientos fundacionales de la historia de México y es el verdadero reto del gobernante en México, la medida de su fracaso reiterado.

Es en esa perspectiva que poco hay que esperar del cambio como un cambio de leyes, las llamadas reformas estructurales, o del cambio de los gobernantes como el representado por la alternancia, si no se plantea la complejidad del cambio cultural. No se pone en el centro del debate el cambio cultural, debate al que las élites le dan la vuelta, pues es precisamente afirmando la desigualdad y asumiendo la corrupción como éstas se han perpetuado.

Todo esto hace bizantina la disquisición sobre quién gobierna México, si no se responde para quién se gobierna. Las cifras arrojadas por la Auditoria Superior de la Federación sobre las cuentas de la administración de Fox es una desagradable, por oprobiosa, respuesta a la cuestión del para quién. Esa es la disyuntiva del gobernante, entre la amnesia que recicla lo ya vivido y un futuro realmente diferente, una nueva constelación de país.