Administración fallida

A ocho días de los fatales acontecimientos de la ciudad de Hermosillo. Del incendio de una guardería cuyo siniestro dejó sin vida a cuarenta y seis niños. A lo largo de estos días sólo titubeos e irresolución dejan ver las autoridades responsables. No hay capacidad para responder con firmeza y de manera convincente a la ciudadanía, pero sobre todo, a las familias afectadas. No hay enojo sincero por parte de la autoridad y una toma de decisión política brilla por su ausencia. El proceder es infame, pues como se está en campaña electoral no quieren que el lamentable accidente se les cobre en las urnas, lo cual ya será imposible. Es, desgraciadamente, un ejemplo de la administración fallida de la que de manera cotidiana informa la prensa. En la semana, por ejemplo, El Universal informó del descuido y la indolencia con la que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes perdió un juicio que le costará mil quinientos millones de pesos a esa dependencia. Reforma relató la travesía que recorren los responsables de escuelas públicas para reparar las instalaciones a su cargo. Existe una incapacidad probada de gestión. A principios del año se afirmó que el presupuesto estaría listo para ejercerse desde el primero de enero. No fue así. A principios del sexenio desde Los Pinos, cuando Juan Camilo Mouriño tenía en sus manos la oficina de la presidencia, palomeó o impuso a los oficiales mayores de la administración pública federal por instrucción presidencial. El objetivo de esta medida era el de tener un control y seguimiento del gasto gubernamental. El resultado para el año 2007, según la Auditoría Superior de la Federación, mostró opacidad y subejercicio: parálisis gubernamental. Los recursos que el Congreso le aprobó al Ejecutivo no se ejercieron a plenitud y con oportunidad. De haberlo hecho, el gobierno estaría en mejores condiciones de credibilidad. Se empeñó en la lucha contra el crimen organizado, lo que no está mal, y en una costosa campaña de publicidad con el objetivo de granjearse la legitimidad que no le brindaron las urnas. Con un miedo a desarrollar enjundiosa política social para no parecer populista, el Presidente se achica, no se envalentona. Lo contrario sucede con el combate al crimen organizado, con una concepción del oficio público desde la perspectiva de la coerción. Algo no encaja. Quizá por el pago de facturas, el apego a los amigos o hasta por la influencia de la familia Gómez del Campo. El caso es que desde los recursos del Estado el gobierno debería estar en mejores condiciones de ejercicio y de reconocimiento. Será que Felipe Calderón se la pasa “campañeando” -expresión extraída por José Carreño Carlón de la jerga política estadounidense- lo que le reditúa aceptación a su persona (según las encuestas) pero no en capacidades de ejercicio gubernamental. En un juego tan restringido desde el gobierno, la apuesta a decisiones dogmáticas le quitan agilidad, pues no hay disposición a rectificar ni en defensa propia. Se incursiona en el terreno de lo inmanejable cuando la ruta adoptada es abruptamente interrumpida. Es el supuesto de las grabaciones que le hicieron Mauricio Fernández, candidato a presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. Grabaciones que llegadas a la redacción de la revista electrónica Reporte Índigo se convirtieron en declaraciones que explotaron en la línea de la lucha gubernamental contra el narcotráfico y que coincide con la estrategia de campaña del Partido Acción Nacional. Con espanto y desparpajo, el político regiomontano reconoció que el cártel de los Beltrán Leyva controla la seguridad de ese municipio pues en ella están avecindados desde hace siete años, que es necesario llegar a un acuerdo con ellos si se quiere que no haya violencia y que no se dispare el consumo de drogas en esa localidad gobernada por el PAN desde hace años. Las degradantes declaraciones corrieron rápidamente entre las élites y profesionales de los medios, aunque bien pudieron quedar ignoradas por la mayoría, ya que de inmediato se operó para tratar de encapsular la propagación de los dichos. El golpe fue secó. Prácticamente nada se supo de Felipe Calderón durante el día de ayer viernes. Nada dijo al respecto Germán Martínez Cázares. De Hermosillo a San Pedro Garza García se exhibió la pudibundez de una administración fallida.

Víctimas

Cuarenta y cuatro infantes fallecidos en Hermosillo, Sonora. Los niños, que estaban bajo la “atención” de una guardería privada, fueron presa de los gases y las llamas producidas por un incendio de una construcción aledaña que se prolongó a las instalaciones de cuidados infantiles, el viernes cinco de junio al caer la tarde. No se sabe como inicio el incendio. Sí se sabe que el establecimiento es una mala adaptación de una nave industrial, carente de las especificaciones de seguridad requeridas para el uso de cuidado a menores. También se sabe que el servicio es una subrogación el IMSS hizo a la iniciativa privada y que hace semanas había sido revisada la operación de la guardería, sin hacerse recomendaciones de adecuación necesarias. Y qué decir del uso de suelo otorgado por el municipio. Para las autoridades competentes todo estaba bien. Ya vemos que no.


Como ocurre en estos lamentables casos, la autoridad procede a realizar una investigación que deslinde responsabilidades. Siempre que ocurre la tragedia es difícil identificar a los responsables. Nada más recordar lo sucedido en la discoteca New’s Divine en la ciudad de México o la explosión en la mina de Pasta de Conchos en Coahuila. La autoridad falla en la revisión de concesiones o permisos, en la inspección de instalaciones. La autoridad sucumbe ante la corrupción para dejar hacer y dejar pasar a quienes no cumplen a cabalidad con las condiciones para operar una actividad o servicio. Y cuando cumple queda la duda de una inspección interesada, como la realizada en Aviacsa, la línea aérea que tuvo que mantener en tierra sus 25 aeronaves hasta que un juez las liberó.


En las últimas décadas se ha aleccionado a la gente para dudar de la autoridad y confiar en la visión empresarial. El mismo gobierno reconoce que los esquemas empresariales son mejores a la gestión pública. Ése es el problema de concepción que han propalado las empresas globales que sacan ventaja de la disminución de las responsabilidades del Estado.


No se trata de qué es mejor entre lo público y lo privado, son dos ámbitos distinguibles: uno que procura seguridad y bienestar colectivos, el otro que se concentra en la realización de la ganancia particular. Y no hay duda qué es lo que está por arriba de. Lo que se ha ignorado es que al dejar a una sociedad sin otra guía que el afán de lucro se ha terminado por debilitar las instituciones públicas, encareciendo la seguridad y el bienestar colectivo (alimentación, educación y salud). Es el modelo neoliberal el que se exhibe en la desgracia ocurrida en la guardería ABC ubicada al sur de Hermosillo.


Pero no sólo eso, también tenemos la continuidad que se da del autoritarismo a la democracia, del estatismo a las reformas estructurales. La llamada transición mexicana no se ha desechado de un personaje que sin invitación se coló a la fiesta: la corrupción. Gobiernos van y gobiernos vienen sin contener la corrupción. Se inventan instituciones que de poco sirven, por el contrario, no contienen las malversaciones multimillonarias y, para colmo, paralizan las unidades administrativas.


Los órganos de control infunden miedo contando chiles, dejando ir los grandes negocios que se hacen al amparo de las licitaciones dizque públicas. Tan sencillo como seguir la ruta del dinero: cuanto ganas, cuanto tienes. Pero nada de eso, los altos funcionarios cuando no agarran hueso saltan a la iniciativa privada o fundan empresas propias. Paradigmático es el caso de Luis Téllez. Se ha perdido el sentido del servicio público entre la alta burocracia. La ley no es un freno, es una estratagema para simular el cumplimiento. Cumplo y miento. Una burla para los afligidos padres hermosillenses que perdieron a sus hijos.