Qué miedo

¿Cuál sería la reacción del crimen organizado después de la cumbre que signó el acuerdo de los 75 compromisos por la seguridad? Se sintieron intimidados o les dio ánimos, adrenalina, a su vocación delictiva. Ese día, el 21 de agosto, fueron ejecutados siete policías y las ejecuciones siguieron como si nada, imperturbables ante la catarata de compromisos.

Se pueden recordar de corrido diez de los compromisos firmados. Setanta y cinco, menos. Acaso se trató de subrayar la magnitud del problema. Y como sugeriría María Elena Morera, si ya existe Pacto Constitucional para que más acuerdos de esta naturaleza.

No todos somos responsables y el crimen no está en cada familia, que le quede claro al presidente Calderón, las responsabilidades de gobierno son intransferibles. El acuerdo pertenece a las autoridades, a los poderes públicos. La ciudadanía, en cualquiera de sus presentaciones, si acaso le toca el papel de testigo. Por qué diluir la responsabilidad.

Después de firmar el acuerdo, el ciudadano se sintió realmente más seguro. Es de dudarse, pues en cien días todo puede pasar, hasta olvidarnos del acuerdo. Compromisos sin acciones contundentes en su visibilidad y profundidad inmediata se los lleva el viento. Parece que lo que se quiere es asegurar la impunidad, no romperla.

Replanteemos los compromisos:

Diez días para que todos los niveles de gobierno consignen a policía o autoridad que trabaja para el crimen organizado.

Diez días para que el Poder Judicial denuncie a los jueces que hayan sido sobornados por el crimen organizado.

Diez días para que la Asociación Mexicana de Bancos proporcione información sobre las cuentas que funcionan como lavado de dinero.

Diez días para que la Iglesia excomulgue y exhiba a los que aportan narcolimosnas y a los que la reciben.

Diez días para que la industria del entretenimiento deje de contratar a miembros de la farándula que por ser consumidores de droga fomentan al crimen organizado.

Diez días para que Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps impulsen la democratización de sus organizaciones y dispongan de sus cuentas de ahorros o inversiones a disposición de las víctimas del crimen organizado.

Diez días para que se reúnan Alejandro Martí, Andrés Manuel López Obrador y Manlio Fabio Beltrones y presenten sus propuestas para un nuevo gabinete de seguridad.

Son siete compromisos, fáciles de memorizar, de mayor credibilidad y sólidos, un verdadero golpe a la impunidad.

Creel

No se va a tratar del senador totalmente palacio. Se trata del pueblo de Chihuahua enclavado en la sierra que ha escrito el sábado 16 de agosto una página más del México rojo. Nadie sabe por qué un grupo de ciudadanos fue acribillado la noche de ese fatídico sábado. No hay investigación oficial difundida que nos diga que pasó en el estacionamiento de un salón de fiestas. No hay un minuto de aplausos en honor a esa vidas segadas, ni Harp Helú que se los dedique.

Queda la crónica entrecortada del párroco Javier Ávila que recogió El Diario de Chihuahua: “ver los cuerpos mutilados, las gargantas abiertas, los estómagos abiertos, el cerebro, las caras desfiguradas” Imagen de guerra o terror, da igual. Lo terrible, en adición, es la falta de información de la autoridad que precisamente realizaba un operativo en esa ciudad para confirmarnos que los operativos no sirven para nada. La policía llegó una hora después.

La lista de las víctimas no tiene relación con gente afamada:

René Lozano González, 17 años, de ocupación estudiante.
Edgar Alfredo Loya Ochoa, 33 años, maestro.
Edgar Arnoldo Loya Encinas, 1 año 4 meses.
Fredy Horacio Aguirre Orpinel, 34 años, transportista.
Luis Daniel Armendáriz Galdeán, 18 años, estudiante.
Oscar Felipe Lozano Lozano, 19 años, estudiante.
Alberto Villalobos Chávez, 26 años, intendente.
Alfredo Cano Mendoza, 36 años, comerciante.
Juan Carlos Loya Molina, 21 años, estudiante.
Fernando Adán Córdova Galdeán, 19 años, estudiante.
Daniel Alejandro Parra Mendoza, 20 años, estudiante.
Cristian Loya Ortiz, 22 años, estudiante.
Luis Javier Montañés Carrazco, 26 años, carrocero.

Hasta entre las víctimas de la ola de violencia hay clases sociales.

De qué sirve la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada la tarde de hoy jueves. Arrojará alguna luz sobre lo ocurrido en Creel. No hay esperanzas, pues el poder político carece de función social, es un ámbito privatizado insensible, de complicidad y componenda que tiene sus nuevas estrellas opacas en Guadalupe Acosta Naranjo y Ruth Zavaleta, representantes de una izquierda que arreó banderas antes de llegar al poder. Tampoco se puede esperar algo de los merolicos de la radio y la televisión.

La lista de los inocentes acribillados son prueba desgraciada de que en este país ser joven y estudiante no vale nada. Y lo peor es que el crimen ofrece engañosamente mejor futuro que la escuela.

Y lo que más duele, la ineptitud silente de la autoridad y el oportunismo de la derecha que ya se deleita con la próxima marcha con veladoras.

Al límite

Iniciada la segunda quincena de agosto, y previo a la presentación del informe presidencial en un nuevo formato, la relación entre el gobierno de Felipe Calderón y el Partido Revolucionario Institucional se ha enfriado en pleno verano. Beatriz Paredes, dirigente nacional del PRI, señala como responsabilidad ineludible e indelegable del Ejecutivo Federal el combate al crimen organizado. Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priístas, subraya el fracaso presidencial en su lucha contra la delincuencia organizada.

Antes del segundo informe de gobierno calderonista, en el PRI han pintado sutil raya, la oportunidad les dicta la inconveniencia de cargar con errores ajenos. De no suscitarse un acuerdo mayor, a partir del dos de septiembre la fuerza política que ha servido de bisagra en los acuerdos parlamentarios puede preparar una audaz jugada como sería la de seguir su agenda propia.

No se trata nada más de lucrar con las deficiencias en el desempeño del gobierno de extracción panista, en el fondo, desde el PRI se está dando respuesta puntual a la decisión de Felipe Calderón, a través del dirigente de Acción Nacional Germán Martínez Cázares, de iniciar de manera anticipada la contienda federal electoral del 2009. Pero no sólo de forma abierta, también de modo subrepticio tratando de aprovechar la aplicación de los programas sociales con fines de propaganda partidista conforme lo dicta la tradición. (Salvador García Soto, El Universal)

El próximo año se tendrá una disputa electoral con un Cofipe reformado. Con un IFE renovado y devaluado en su Consejo. Con un Partido de la Revolución Democrática que mantiene una lucha interna disminuyéndolo a los ojos de las preferencias de los votantes. Una lucha abierta entre dos fuerza políticas, el PRI y el PAN, que obligará a la redefinición de los partidos minoritarios en alianzas locales, por distrito electoral.

El año 2009 está encima y el 2008 no se acaba. Tiene su propia carga ominosa que amenaza extenderse al año siguiente, una crisis con dos caras, económica y de seguridad. Una mezcla nada recomendable de elecciones, desempleo, inflación e inseguridad. Cómo convencer a la gente de votar a favor del PAN. No hay cara, por eso más vale ir haciendo la lista de los beneficiarios individuales de los subsidios o apoyos. En eso trabaja el actuario Ernesto Cordero, en la confianza de que la izquierda está dividida. El enemigo a vencer, lo saben muy bien, es el PRI. La inseguridad o la carestía son cosa menor. Eso sí, se hará el llamado hueco a no partidizar.

Las cosas se ponen al límite y no es precisamente un mal presagio. Simplemente se adopta la incertidumbre como modo de vida. Tal vez mañana la incertidumbre, su pedagogía, construya un país precavido respecto a los furores elitistas.