El 10 de junio de 1924 en Roma,
el diputado socialista Giacomo Matteotti fue secuestrado. Semanas después, el
16 de agosto, se encontraron los restos del político italiano.
El 27 de febrero de 1934 en
Berlín, fue incendiada la sede del parlamento alemán.
Estos hechos de violencia
política nunca fueron suficientemente investigados y, en consecuencia,
justamente sancionados. Se dirigieron en contra de un poder formalmente
establecido, en la persona de un diputado y en la sede de un edificio legislativo.
En un ambiente de confusión y provocación, aprovechado por seguidores de Benito
Mussolini y de Adolfo Hitler, estos actos terroristas han quedado identificados
para la posteridad como los acontecimientos que allanaron el camino hacia el
control total del Estado de los fascistas italianos y de los nazis en Alemania.
Es en el hilo de estas historias
de brutalidad que encuentro significación a lo expresado por el diputado Manlio
Fabio Beltrones, cuando define como actitud fascista a la convocatoria de
linchamiento en contra de los legisladores que aprobaron la reforma fiscal.
Linchamiento promovido con mayor virulencia en la frontera y tienen entre sus
principales difusores a la Coparmex, el PAN y Morena. Todos ellos actores
institucionales, convocantes a la ruptura de las instituciones. Si están en
posición de gestar un movimiento revolucionario deberían decirlo, eso es más
consecuente que simular alinearse a las instituciones de gobierno al tiempo que
se plantea su socavamiento.
Así quiero entender las
declaraciones del diputado Beltrones acerca de la actitud fascista.
Claro, no se puede ocultar el
fondo de la crispación social. La ciudadanía está harta, me incluyo, de que los
legisladores, en sus deliberaciones, repetidamente nos vendan el futuro. La
gente está ávida de un presente digno y justo, aquí y en muchas partes del
mundo. A los ojos de la ciudadanía los legisladores están al margen de la
rendición de cuentas. Además, nunca se hacen cargo de las consecuencias de las
leyes que aprueban.
Cuando se modificó el régimen
agrario para dar paso a la liberalización de la propiedad rural no se anticipó
el efecto ambiental de dicha reforma con el desempeño de las compañías mineras,
de las inmobiliarias: contaminación del agua, destrucción de humedales,
etcétera.
Cuando en 1995 se hizo la “gran”
reforma al Poder Judicial los legisladores no advirtieron que el sistema de
impartición de justicia continuaría en su pendiente de deterioro.
Tampoco sacaron a cuenta la
endemia delincuencial que traería consigo la codicia del proceso de
liberalización económica.
Es por eso entendible la
desesperación e inconformidad de la gente. Se legisla sin garantizar los
rendimientos benéficos que obtiene la población. Por ejemplo, se hace
legislación que mantiene un bajo perfil, es el caso de la ley de contabilidad
pública gubernamental expedida hace cinco años. Es la hora que no se nos
informa de su servicio real al mejor funcionamiento de la Administración
Pública, menos se sabe si el ciudadano recurre a dicha legislación para ensayar
un escrutinio a los gastos del gobierno.
Es tiempo de exigirles a los
legisladores que se hagan cargo de sus decisiones y nos demuestren que la
reforma hacendaria viene acompañada una vigilancia estricta sobre los dineros
públicos y hagan evidente la efectiva oportunidad de la modificación fiscal.
Y de acuerdo, es obligado desechar actitudes fascistas.
