“Nuestros ínclitos padres –los
patriarcas-, en efecto, al no encontrar nada que explicar, buscaron en sus
corazones como podían expresar este misterio y no encontraron, para lo
inexplicable, ninguna expresión más adecuada que la explicación misma. La única
forma –argumentaban- para explicar que no hay nada que explicar es dar
explicaciones sobre ello.”
Giorgio Agamben
Hacer leyes, tener leyes, no
significa el imperio de la ley cuando de aplicarla se trata. Por eso no me
entusiasma el arsenal legislativo rubricado con el nombre de sistema nacional
anticorrupción. Remontarnos, por no ir tan lejos, al año de 1994, al de 1997,
el 2000 0 el 2003, 2006, 2012, hasta el año actual, 2016. Reviso mis apuntes y
siempre topan en señalar la fragilidad del Estado de derecho, introduciendo a
la escena política en una circularidad que orillan a que uno se repita pues no
pasa nada. Se suceden la reforma, el cambio, la transformación, sin dejar marca
de lo inaugural o la clausura de un régimen. Termino comentando y lamentando el
flagelo de la corrupción por más que se inventen esquemas para combatirlas,
cuando lo que falta es voluntad para aplicar la ley. Mucho escándalo de por
medio para caer en la laxitud, al final de la jornada, de que la aplicación de
la ley puede esperar, salvo que se trate de hacerla valer al enemigo.
Dos casos de actualidad al
respecto, para documentar lo arriba escrito.
A la semana siguiente de las
elecciones del 5 de junio pasado, El
Universal de manera destacada, ha surtido notas, editoriales, columnas,
referidos al regocijo eclesiástico por la “derrota” del PRI en las pasadas
elecciones. Desde el púlpito orientaron el voto de castigo, dicen. Una
operación política de la iglesia católica en contra de la Constitución. Y qué
hace la autoridad encargada de evitar la violación ufana de la ley, en este
caso la secretaria de gobernación: nada, estrictamente nada, al menos que se
sepa.
El otro caso es la aprehensión
del líder magisterial Rubén Núñez efectuada el domingo 12 de junio recién. Se
le acusa de lavar 24 millones de pesos. Acaso la PGR ignora que todo sindicato
cuando entra en fase de movilización y huelga (evito el eufemismo paro) prepara
y dispone de un fondo de resistencia con aportaciones de los sindicalizados.
Pero no, aquí se trata de corrupción, afirman escribidores en medios dedicados a atacar a la
disidencia magisterial. Aceptando sin conceder que se trata de un hecho de
corrupción, el caso demuestra que con la actual disposición jurídica se puede
combatir la corrupción, sin necesidad de nueva legislación. Entonces por qué no
se aplica la ley de manera sistemática, por qué se hace de manera selectiva.
Acaso no hay líderes sindicales que manejan las arcas sindicales a su antojo.
Las pasadas campañas fueron un muestrario de la corrupción de los políticos y
la PGR no fue llamada a activarse para realizar un operativo de aprehensiones.
Acaso Rubén Núñez tiene cuentas off shore
en algún paraíso fiscal. Tiene haberes inmobiliarios en Las Lomas, en un club
de golf, en la zona residencial de Coronado en San Diego, California o departamentos
en Miami, Florida. Ya de perdida una casita en McAllen, Texas.
Y en el caso del movimiento
magisterial, el gobierno no deja de errar, empezando por ignorar un asunto de
origen eminentemente político, vendiéndolo como un asunto educativo para
finalmente judicializarlo.
El problema de fondo no es la
falta de leyes, sino la indisposición de la autoridad para aplicarlas sin
excepción. Gobernar para el 1%.
