El pleno del Senado aprobó, el
jueves 24 de abril, la reforma al Código de Justicia Militar. El proceso no ha
concluido, falta la convalidación de San Lázaro.
En las antípodas del fast track, el cambio tuvo como
propulsores las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 2009 a 2014,
cinco años pasaron para dejar asentado para dejar asentado que la violación de
los derechos humanos de civiles, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas,
queda sustraída de la justicia (del fuero) militar y es responsabilidad de la
justicia civil atender y encauzar las demandas.
No sólo se trata de una
redelimitación de competencias. Es una modificación que disuade la acometida de
militares en contra de civiles. Reduce la discrecionalidad (impunidad) en las
decisiones que reprimen o violan derechos, ejecutadas por soldados o marinos en
atención de órdenes recibidas de sus superiores.
Las Fuerzas Armadas se benefician
con esta reforma para reforzar su compromiso centrado en la defensa de la
integridad del territorio (incluyase el mar patrimonial) y de la población.
Una reforma donde los legisladores
se dieron la oportunidad de colaborar en un proceso que, dilatado, se puso por
encima de intereses particulares o parciales. Lo cual, por cierto, no ha
ocurrido con el procedimiento deliberativo de algunas leyes secundarias en
curso. Intereses que no pocas veces son promotores de la desigualdad, limitan
libertades y conculcan la justicia.
El Ejército Mexicano y la
sociedad en su conjunto encuentran un código de confluencia, de mutua
necesidad. Estar al servicio, dar el reconocimiento, para formar una insólita
dialéctica de no contrarios. Armonización despreciada en los episodios de la
guerra sucia, ya lejanos, de la guerra contra el narco, en el pasado reciente.
Con legislación como la
comentada, se reconstituye el Estado Mexicano en su solidaridad originaria. La
que nos une más allá del fraseo mercantilista que bascula al país y al mundo.
