Una vez que se realizaron las
reformas constitucionales, la segunda fase: relacionada con la elaboración,
dictaminación y promulgación de leyes secundarias ya no tiene el mismo
acompañamiento: el Pacto por México. El camino no es fácil, aunque numéricamente
lo parezca en cuanto al número de votos requerido por parte de los
legisladores.
El caso es que algunos tramos de
las reformas tratan de enmendar reformas que en su momento se consideraron “estructurales”,
sobre todo en lo referido a la descentralización (en materia educativa,
electoral) y las encaminadas a promover la apertura económica. Por ambas vías
se llegó a un mismo resultado: el debilitamiento de la institución presidencial, que es el centro de las preocupaciones operativas de Enrique Peña Nieto.
Desde hace años tenemos una
presidencia rebasada por los acontecimientos, lo que no necesariamente es malo
si se significa en una sociedad civil fortalecida. Pero sí lo es en un entorno
de inseguridad y falta de crecimiento económico.
En días recientes, las
autoridades de Hacienda y del Banco de México coincidieron en señalar que la
inseguridad es factor que disminuye el flujo de inversiones hacia México. Puede
tratarse de un sutil lavado de manos: las reformas están hechas, si la economía
no crece es por la inseguridad y ese asunto no nos corresponde, mejor vayan y
toquen a las puertas de gobernación. Confesando veladamente que la economía es
política.
Es una visión unívoca, en una
sola dirección A – B. No tiene la audacia de proponer y encontrar en las formas
de gestión económicas adoptadas en los últimos años donde se encuentra el
origen de la explosión de inseguridad que se vive. Lo cual también es una
exageración.
El hecho es el descomunal
esfuerzo de legislar para incrementar las facilidades a la inversión al tiempo
que se restablecen capacidades de la institución presidencial. Paradigma Peña
Nieto que se desprende en ese punto de sus antecesores. Por algún lado debería
resaltarse el papel de la sociedad civil a través del expediente de una
ciudadanía fortalecida. Pero eso no es evidente, por el contrario.
Ya tenemos una respuesta
indignada hacia el proyecto de ley en materia de telecomunicaciones. La primera
alerta que leí al respecto provino de la Asociación Mexicana de Derecho a la
Información, su oposición a restituir atribuciones a Segob para revisar y
bloquear contenidos sigue creciendo. De parte de gobernación se pone de por
medio razones de seguridad ¿Pero realmente las redes sociales son factor de
inseguridad? Habría que probarlo, de todos modos llegarán a la conclusión de
que no es así. Acaso no hay legislación específica que se encarga de los temas
de seguridad y disponer entonces del cajón adecuado.
Más vale que el gobierno mejor se
ponga a revisar con profundidad la simbiosis que se da entre inseguridad y economía,
quedaría altamente impresionado. Lo que deja ver la propuesta de la llamada ley
de telecomunicaciones es insensibilidad. Ignorar lo que los dispositivos
tecnológicos representan en la formación de la ipseidad, como extensión de la
persona misma hasta llegar al extremo de la patología narcisista. La tecnología
como sustituto de la magia, la religión, las ideologías, de lo que aporta el
trabajo, la familia, la amistad y el amor. El tema es muy complejo como para
darle de escobazos al avispero.
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