Todo un espectáculo observado en
pedazos, ése fue el debate del 26 de febrero en el pleno de la Cámara de
diputados para darle trámite a una serie de reformas constitucionales referidas
a lo que se llama Ley anticorrupción.
Una asamblea maratónica, donde unos
se proclamaban hacedores de la historia cuando de verdad era el ridículo lo que
hacían. Todos acusándose de ladrones. Así estuvo el fingido parto
anticorrupción, pues la precisa elocuencia no es una de las virtudes más
preciadas de los legisladores. Si así están los representantes del pueblo, cómo
estará el pueblo.
¿De que trataron? Sobre generalizaciones acerca del expolio, el hurto, el robo, las
desviaciones y malversaciones del tesoro público. Los diputados mostraron precariedad
para fundar una nueva arquitectura constitucional para combatir la corrupción.
Unos y otros sacaban a relucir los datos especulativos alcanzados por la OCDE y
Transparencia Internacional. Datos incapaces de demostrar con exactitud y cuerpo
entero la corrupción que se ceba en el ejercicio del erario, al menos son
insuficientes porque con ellos nadie ha levantado denuncias ante la secretaría
de la función pública. Toda una verborrea en cifras. Y así se las gastaron para
sacar adelante el dictamen aprobatorio.
Lo que le faltó a la discusión:
a) Un enfoque conductual, que nos diera cuenta del
perfil de la corrupción, de cómo opera el funcionario corrupto. No abundaron en
elementos demostrativos de la Ley Hank:
“Un político pobre, es un pobre político”. Describir en blanco y negro las
conductas que se levantan como un desafío para combatir la corrupción desde de
una sociedad que enaltece el enriquecimiento individual, haciéndolo su valor
más preciado, por encima de la reciprocidad y la solidaridad. Pero aquí se
rasgan las vestiduras por agregar declaraciones, a la patrimonial le han sumado
la de interés. Se les olvida que todos los funcionarios hacen juramento de
cumplir y hacer cumplir la ley ¿Ha servido de algo? Por qué no proponer la
franciscana renuncia de derechos, porque iría en contra de su naturaleza. Por eso
es difícil combatir la corrupción.
b) Un enfoque estructural, en el que se describan
las relaciones que establece el servidor corrupto con agentes privados a través de
contratos y licitaciones, así como con sus subordinados que cumplen órdenes y
firman. Estructura beneficiada por la levedad de las sanciones administrativas.
Si no se avanza en la expedición de procedimientos judiciales e imposición de
sanciones penales poco se podrá combatir a la corrupción. Y la propuesta no le
otorga protagonismo a la PGR.
c) Un enfoque sistémico, que dé cuenta de cómo la
corrupción es parte del sistema político, donde hasta ahora el marco legal vigente
sirve para “legalizar” la corrupción, pues se dispone de una serie de salvedades
jurídicas que lavan la corrupción para que con toda seguridad el funcionario
pueda afirmar: ¡Fue legal!
Nada de esto se discutió a fondo,
prevaleció más el autoelogio y la acusación.
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A la corrupción bien se le puede
aplicar la afirmación de Pierre Joseph Prodhon, la propiedad es un robo. ¿Qué
es la propiedad? (Tusquets, Barcelona, 1975).
