Quién tiene ganas de enredar los encadenamientos del estallido en los
sótanos del edificio B-2 de la paraestatal Petróleos Mexicanos, ocurrido recién
el 31 de enero. Esa es la cuestión a considerar para no irse con la finta, para
no confundir la gimnasia con la magnesia.
Si el señor procurador Jesús Murillo Karam tiene a bien ofrecer un
informe preliminar sobre el acontecimiento desgraciado se entiende que hay una
línea argumental, dependiente de las investigaciones, trazada desde las más
altas esferas gubernamentales. Con lo dicho por el Procurador se estableció una
base de credibilidad que fue reforzada por el rector de la UNAM José Narro
Robles. Hasta ahí una conducción, voz, oportunamente apoyada. En el mismo
sentido fueron las declaraciones del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete
Prida, quien al ser interrogado sobre el estallido respondió con la precisión
que le permite su formación y su actual responsabilidad:
“En esa parte de la Torre de Pemex no
había habido, recientemente, inspecciones por lo menos en los últimos dos años,
y desde luego el mantenimiento que se le tendría que dar por parte de la
paraestatal tiene que verse en los seguimientos (internos)”, dijo el
funcionario federal. Ojo se refiere a las inspecciones que la Secretaría en
cuestión hace. Adelante, siguiendo el registro de Milenio Diario, precisó: “La Secretaría (del Trabajo) lo que hace
son inspecciones de seguridad e higiene, no hace peritajes. En este momento,
estamos ante un hecho que tiene posiblemente características delictivas, habrá
que revisarlas por parte de la PGR, esa es la instancia donde a través de
peritajes se puede determinar las causas y las condiciones en que estaban las
instalaciones que pudieron producir el accidente, si es que ese es el caso”.
Entonces la curiosidad periodística se comió a los reporteros y avanzaron otra
pregunta:
“—¿Podría explicar cuál es el hecho delictivo?
“—En el momento en que hay una víctima fatal por muerte
no natural, se está en presencia posiblemente de la constitución de un hecho
delictivo; por eso la PGR interviene. La PGR, a través de una investigación,
tiene que determinar si hay delito o no, en este momento es lo que se está
investigando y estaremos muy atentos a sus resultados.”
Hasta ahí la información
relevante, precisa, sin distorsión, que a alguien no le gustó.
El día de ayer el subprocurador
Alfredo Castillo realizó un recorrido con periodistas y del que hoy da información
la prensa escrita. Mal le salió al funcionario pues junto a su nota, la
paraestatal, por su cuenta, le dio por desmentir lo afirmado por Navarrete
Prida. Presenta unos papeles del gobierno del Distrito Federal, específicamente
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde descalifica lo dicho
por la autoridad federal al afirmar que sí se han hecho trabajos de
mantenimiento. PEMEX se apresuró pues se trata de dos procedimientos distintos,
uno relativo a las normas de seguridad e higiene, a las que se refirió el
Secretario del Trabajo. El otro se refiere al Reglamento de Construcciones del
Distrito Federal, de acuerdo con el cual se dio el aviso de seguridad
estructural del edificio. Se confundieron en PEMEX, contribuyendo a que la duda
relativamente controlada hasta el día 5 de febrero, se saliera de madre al día
siguiente.
Se aceleraron, cuando bien el
director de Pemex debió comunicarse con la PGR y con el Secretario del Trabajo
antes de que saliera el tuit de la paraestatal y se filtraran los documentos
del gobierno del D.F. Ajustarse al curso de acción predeterminado y no entrar
en pánico. Ahora, por su torpeza, el director de PEMEX tendrá que asumir los
costos por dinamitar la salida que ofrecía la investigación de la PGR y a la
cual abonó el mismo Navarrete Prida. Paradójicamente, la investigación puede
resultar fortalecida si se da cuenta fiel de las consecuencias del hecho
delictivo. En ese plano gana el país, ganamos todos y la tecnocracia tendrá que
ajustarse a sus límites por no entender lo público.
