El mayor esfuerzo

 

La situación del país, México, está deteriorándose día a día. La máxima autoridad no se quiere hacer responsable y quiere endosar el desastre al gobierno entrante, al de Enrique Peña Nieto. Corrupción, desigualdad social, inseguridad, violencia son la herencia, el Apocalipsis que fraguó Felipe Calderón para los mexicanos.

El mayor esfuerzo se le requerirá a Peña Nieto, el cual no será suficiente si no se da la disposición de los Poderes formales, así como de las élites que representan poderosos  intereses económicos y gremiales, también de los intelectuales y su presencia mejor estructurada en instituciones académicas.

Puedo estar equivocado, y desde mi posición a favor del Estado Laico, no puedo dejar de admirar el bajo perfil adoptado por la iglesia católica durante y después del proceso electoral 2012. Es un ejemplo que podría adoptar el Consejo Coordinador Empresarial o los consorcios de las telecomunicaciones. Pero no es así y se empeñan por exhibirse como la quinta esencia del Poder, por encima de las instituciones y de la ciudadanía.

Se agrega al desastre la subordinación sin rubor del Estado Mexicano al gobierno de los Estados Unidos. La nada fácil amistad con nuestros vecinos se ha trasformado en injerencismo abierto. El celebérrimo caso de Tres Marías, la emboscada o enfrentamiento del que fueron víctimas o actores dos agentes instructores norteamericanos es una muestra de la laxitud a la que se ha llegado. Casi todo se consulta y se ventila al escrutinio de la casa Blanca.

El mayor esfuerzo para atender a las víctimas de la guerra en contra del crimen organizado; para con los indígenas, que con todo y ley, presupuesto y aparato público siguen padeciendo marginación; para con los trabajadores, salario digno y estabilidad laboral; para con los jóvenes, educación y trabajo.

No se puede seguir a expensas del visto bueno que expida la OCDE, el FMI o cualquier otra agencia global para conducir a esta gran nación. México reclama reconciliarse en sus elementos y no esperar a que desde afuera nos lo vengan a decir y a poner en orden. Le estrategia de comunicación gubernamental entorno al crimen organizado, a su combate, no existe. Es un dispositivo propagandístico, no informativo, que ha dejado ver a un país sin conducción pues los sucesos se recrean en cada boletín o divulgación ante medios que hace la autoridad respectiva. No hay manera que se pongan de acuerdo para informar porque no hay deslinde claro de competencias, los protocolos resultan ficticios. Se supone que la Plataforma México debería encuadrar la información sobre la delincuencia. El gobierno del PAN llega a su fin y es la hora de que no se ponen de acuerdo la PGR, el Ejército, la Armada, la SSP y las Procuradurías de justicia en los estados. Hasta llegar al bochorno del debate sobre quien debe resguardar a los delincuentes abatidos por la fuerza pública.

Se necesitará del mayor esfuerzo de Peña Nieto y de todos nosotros, los mexicanos, para salir de la desgracia y del disparate.

Ternura

 

¡Caramba! Esta mañana la prensa escrita no pudo evitar el tono de escándalo, tono habitual que ha ofrecido el presidente Calderón en su “guerra” en contra del crimen organizado, ahora con el candente capítulo Coahuila. Se fugan reos, se atrapan narcos, asesinan al hijo de prominente político priísta y, en un operativo, aparentemente sin protocolo, la Marina sale de cacería y abate a Heriberto Lazcano, al boleo, pues no se dieron cuenta de a quién acribillaban. Con la novedad de que el occiso anda “prófugo”. Cuánto trabajo le cuesta narrar al gobierno su épica. Se supone que hay un vocero de seguridad ¿O ya no lo hay? Lo efectivo es que si el gobierno quiere dar una buena noticia él mismo se encarga de empañarla. La prenda percudida es de pena ajena.

Mejor escribamos de otra cosa, que en sí mismo es un caso de la desmesura gubernamental. La Secretaría de la Función Pública, a través de la autorizadísima voz de su responsable estrella, el señor Rafael Morgan Ríos, declara al reportero Alberto Morales de El Universal: “daremos buenos resultados a EPN contra corrupción” Sencillamente hilarante. El combate a la corrupción como herencia para el nuevo gobierno, dicho que no encuentra Estela de Luz que lo ilumine.

El secretario tiene valor y ofrece cifras: 50 mil servidores públicos sancionados; nueve mil burócratas inhabilitados o despedidos; 20 mil millones de pesos recuperados de las dependencias. No abunda sobre la esquizofrenia que hay entre las estructuras autorizadas (puesto burocrático) y las estructuras operativas (real), menos de la funcionalidad de tales estructuras. Tampoco hace mención al opaco mundo feliz de los fideicomisos con fondos públicos. Pero la entrevista no era para eso. Había que dejar el mensaje, aunque fuera en interiores, al presidente electo Enrique Peña Nieto.

La pregunta es ¿Lo dejó? Peña Nieto y el equipo de transición le creerán al secretario Morgan.

No es cuestión de creer, el próximo gobierno federal ha avisado con tiempo la puesta en marcha de una reforma administrativa. Lo rescatable será tomado en cuenta, la impostura de una burocracia de cuates, militantes y parientes, esa sí, no es reditable, por el bien de México.

Rafael Morgan Ríos, hay que decirlo, no es el principal responsable, simplemente recibía órdenes y poco se podía hacer con una dependencia que sirvió para atender ambiciones políticas personales, procurando las aguas quietas, el bajo perfil. Los malos hábitos de los que no tenían la preparación que los habilitara para el servicio público cundieron, la decisión unipersonal que tolera la ley la intercambiaron por la discrecionalidad y el abuso de autoridad. Lo que sí aprendieron es a darle uso a los abogados, no para confirmar el cumplimiento de la ley, qué va, sino para escamotear su cumplimiento. Y como el papel lo aguanta todo, documentos originales sustituibles, perfiles a modo para sentar en la nómina que originalmente estaba diseñada para un economista a un ingeniero civil, luego a un biólogo, con tal flexibilidad que hasta el diseñador gráfico se encontró en el paraíso presupuestal en la PGR (se acuerdan de la hermana de Chepina la candidata)

Después de todo, la entrevista citada produce ternura frente a la grosería que comunica la guerra en contra del crimen organizado. Requiebre, casi guiño para alcanzar el salvoconducto y zafarse de una administración que se desploma.

Reformar y sumar

 

El reto de cualquier proceso reformador, que se proponga moldear la realidad de un Estado  por un ciclo mínimo de tres décadas, es encontrar el punto que hace converger a un haz de reformas. No es reformar porque sí, sino con una visión del país integrado en sus órdenes sociales. El ciclo anterior –iniciado por Carlos salinas de Gortari- centrado en la competitividad por la vía del libre comercio ya dio de sí, los resultados los tenemos a la vista: división social con encono. No se trata de formar una realidad sin diferencias, homogénea. Más bien se trata de un orden donde las diferencias no deriven en una descalificación de unos sobre otros, en minorías que concentran privilegios y masas que se confinan a la marginación.

Cuál es el punto desde el que se puede iniciar un proceso reformador que construya una voluntad general sobre las parcialidades. Aunque no lo expresa directamente en relación con las reformas, Ricardo Raphael es enfático: la prioridad es atacar las desigualdades. Ahí está la guía para articular un nuevo ciclo de reformas, que convenza a la población y no se remita a un regateo entre poderes fácticos y fuerzas políticas. Si quienes quieren hacer reformas demuestran que las desigualdades sociales disminuirán, el respaldo de amplios sectores de la sociedad es posible. Digo posible porque, a fin de cuentas, lo que promete una reforma no siempre se cumple, por el contrario, parece distanciarse de sus propósito (Ejemplo, la Ley Agraria)

Si se quiere adoptar esta modesta proposición de abatir las desigualdades sociales el orden de las reformas sí importa. El deterioro incontenible de la inseguridad obliga a platearse una reforma de los cuerpos de seguridad – el aparato policíaco- bajo el supuesto de que la delincuencia prolifera allí donde la desigualdad ya se hizo presente por la falla previa del Estado de derecho y por la inequitativa distribución de la riqueza, donde delinquir resulta atractivo.

Una segunda reforma ampliamente anunciada se apunta hacia el combate a la corrupción y al fortalecimiento de la transparencia. Aquí se está ante la oportunidad de reducir la desigualdad por la vía de los recursos públicos bien aplicados, que no se desvían por la cañería de la corrupción.

Una tercera reforma, siempre solicitada y siempre parchada, es la fiscal para que redistribuya la carga de los impuestos, de tal modo que se pague más según sean los ingresos crecientes, de personas físicas y morales. Para contar con el erario que le dé calidad al aparato y los servicios públicos –educación y salud- que contribuyen a la formación de ciudadanía, precisamente la que requiere un régimen democrático.

Si no se crean estos cimientos para el proceso reformador cualquier otra reforma, la energética y la laboral, sólo profundizarán la descomposición social producida por la desigualdad ídem.

De tal o cual diseño depende el éxito de la futura administración que inicia su ejercicio a partir del primero de diciembre de 2012. Las presiones del gobierno entrante no son menores y ya se verá si las decisiones están a la altura para no ceder ante las presiones. Se opta por el cambio incluyente o por la continuidad calderonista, el desastre.