Reformar y sumar

 

El reto de cualquier proceso reformador, que se proponga moldear la realidad de un Estado  por un ciclo mínimo de tres décadas, es encontrar el punto que hace converger a un haz de reformas. No es reformar porque sí, sino con una visión del país integrado en sus órdenes sociales. El ciclo anterior –iniciado por Carlos salinas de Gortari- centrado en la competitividad por la vía del libre comercio ya dio de sí, los resultados los tenemos a la vista: división social con encono. No se trata de formar una realidad sin diferencias, homogénea. Más bien se trata de un orden donde las diferencias no deriven en una descalificación de unos sobre otros, en minorías que concentran privilegios y masas que se confinan a la marginación.

Cuál es el punto desde el que se puede iniciar un proceso reformador que construya una voluntad general sobre las parcialidades. Aunque no lo expresa directamente en relación con las reformas, Ricardo Raphael es enfático: la prioridad es atacar las desigualdades. Ahí está la guía para articular un nuevo ciclo de reformas, que convenza a la población y no se remita a un regateo entre poderes fácticos y fuerzas políticas. Si quienes quieren hacer reformas demuestran que las desigualdades sociales disminuirán, el respaldo de amplios sectores de la sociedad es posible. Digo posible porque, a fin de cuentas, lo que promete una reforma no siempre se cumple, por el contrario, parece distanciarse de sus propósito (Ejemplo, la Ley Agraria)

Si se quiere adoptar esta modesta proposición de abatir las desigualdades sociales el orden de las reformas sí importa. El deterioro incontenible de la inseguridad obliga a platearse una reforma de los cuerpos de seguridad – el aparato policíaco- bajo el supuesto de que la delincuencia prolifera allí donde la desigualdad ya se hizo presente por la falla previa del Estado de derecho y por la inequitativa distribución de la riqueza, donde delinquir resulta atractivo.

Una segunda reforma ampliamente anunciada se apunta hacia el combate a la corrupción y al fortalecimiento de la transparencia. Aquí se está ante la oportunidad de reducir la desigualdad por la vía de los recursos públicos bien aplicados, que no se desvían por la cañería de la corrupción.

Una tercera reforma, siempre solicitada y siempre parchada, es la fiscal para que redistribuya la carga de los impuestos, de tal modo que se pague más según sean los ingresos crecientes, de personas físicas y morales. Para contar con el erario que le dé calidad al aparato y los servicios públicos –educación y salud- que contribuyen a la formación de ciudadanía, precisamente la que requiere un régimen democrático.

Si no se crean estos cimientos para el proceso reformador cualquier otra reforma, la energética y la laboral, sólo profundizarán la descomposición social producida por la desigualdad ídem.

De tal o cual diseño depende el éxito de la futura administración que inicia su ejercicio a partir del primero de diciembre de 2012. Las presiones del gobierno entrante no son menores y ya se verá si las decisiones están a la altura para no ceder ante las presiones. Se opta por el cambio incluyente o por la continuidad calderonista, el desastre.