“El modelo normal de justicia, al que nos aferramos, no es dado a investigar el carácter de la injusticia o de sus víctimas. No nos dice todo lo que deberíamos saber siquiera sobre una de esas dos cosas…El marco mental en el que opera la justicia sólo considera aquello que es relevante para sus propósitos sociales, no todo lo que deberíamos conocer acerca de la desventura y de la injusticia.”
“Lo que hemos aprendido es que la
figura del funcionario público injusto es bastante real. Simplemente no le
interesa lo que le pase a otra gente como resultado de sus acciones ni tampoco
le interesa la mala conducta de otros.”
Judith Shklar
El viernes 23 de abril, durante
la mañanera informativa del gobierno de México, se expuso largo y tendido sobre
el proceso de deliberación que dio cauce a la reforma sobre la subcontratación.
Proceso que le dio forma de proyecto de ley recién aprobado en el Congreso. Lo
informado no adquirió mayor relieve en las ocho columnas, salvo excepciones.
Tampoco fue materia para la mayoría de los opinadores. El tema que ha hecho
rabiar a los conservadores es el de la reforma al Poder Judicial, más
exactamente el artículo transitorio que prolonga el mandato por dos años del
presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Meses atrás, Zaldívar había puesto a la
consideración del Congreso. El propósito central de la reforma es purgar las
prácticas corruptas que se estilan dentro del aparato de ese poder
constitucional. Los legisladores dispusieron un artículo transitorio a fin de
que el ministro Zaldívar conduzca la instrumentación de la reforma señalada.
La reacción de los afectados
-esto es, los beneficiarios de la corrupción del modelo de justicia a remplazar-
estalló y pronto se enrollaron en la bandera del constitucionalismo, acusaron
de inconstitucionalidad. Se vela el hecho de la relación pervertida que se dio
entre la presidencia de la república, la Corte y la procuración de justicia
entonces a cargo del Ejecutivo federal. Aquellos tiempos en los que el
presidente en turno jugaba con todas las canicas. Hay que recordar, para no repetir,
la manera abusiva como podía intervenir un presidente, dar manotazos sin
siquiera ser amonestado públicamente. El tema me lo ha traído a cuento Diego
Valadés Ríos, indignado opositor al artículo transitorio. Diego Valadés podría
escribir un libro sobre las relaciones de complicidad e impunidad que se
tejieron durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari ¿Cuándo nos dará el
gusto?
Como todos los procuradores
generales de la república, durante ese sexenio tuvieron un encargo breve, el de
Valadés fue el más breve, del 10 de enero de 1994 al 14 de mayo. A él le tocó iniciar
formalmente la investigación del asesinato del candidato del PRI Luis Donaldo
Colosio, ocurrido el 23 de marzo de ese año. La verdad poco pudo hacer pues
renunció semanas después. De hecho, la investigación la intervino de manera ilegal
y anticonstitucional el gobernador de Sonora de entonces, Manlio Fabio
Beltrones. Peor para Valadés, se nombró un fiscal especial para el caso a
Miguel Montes García, quien había dejado el cargo de ministro de la Corte (30
de junio de 1992- 25 de marzo de 1994); a su vez, Diego Valadés fue nombrado
ministro de la Corte (del 31 de mayo al 31 de diciembre de 1994), lo sustituyó
como procurador hasta el fin del sexenio Humberto Benítez Treviño, el quinto y
último procurador general puesto por Salinas. Todos estos movimientos fueron
decisión del presidente, sin rendir cuentas de nada ni a nadie. Con toda la
plenitud de la concentración del poder sin contrapesos.
Sí, el primer nombramiento al
mando de la PGR y su policía ministerial fue Enrique Álvarez del Castillo. Él
fue ministro también en el año 1982, gobernador de Jalisco de 1983 a 1988,
lapso durante el cual se asentó el cártel de Guadalajara o de Jalisco, liderado
por Miguel Ángel Félix Gallardo. Después fue nombrado procurador general del 1
de diciembre de 1988 al 21 de mayo de 1991; el segundo en arribar al puesto fue
Ignacio Morales Lechuga (hoy ferviente opositor a la reforma judicial) del 22
de mayo de 1991 al 4 de enero de 1993. A él le tocó ser parte del lamentable
enfrentamiento entre policías ministeriales a su cargo y miembros del Ejército
Mexicano en el Llano de la Víbora, Tlalixcoyan, Veracruz; el tercer procurador
fue Jorge Carpizo MacGregor, del 4 de enero de 1993 al 10 de enero de 1994.
Carpizo dejó el cargo para asumir la secretaría de gobernación a resultas del
alzamiento indígena de Los Altos de Chiapas. Como procurador enfrentó el oscuro
caso del asesinato, en el aeropuerto de Guadalajara, del arzobispo Juan Jesús
Posadas Ocampo.
Como se ve, de tiempo atrás hay
un problema de descomposición en el sistema de justicia mexicano, ni la reforma
de Ernesto Zedillo resolvió. Por el contrario, la justicia se puso al servicio
de intereses oligárquicos. Por eso el ministro Arturo Zaldívar merece toda
nuestra confianza.
