Pocas veces en un mismo día se
producen noticias con fuerte carga de implicaciones. Dos de ellas ligadas al
actual proceso de reformas. Una de las tres, ligada al restablecimiento del
orden en Michoacán. Empecemos por esta última.
La secretaría de gobernación y la
comisión que ha dispuesto el gobierno federal para atender la descomposición
michoacana, anunciaron el desarme de las autodefensas. El gobierno afirma que
ha hecho su parte al desarticular la operación de los caballeros templarios.
Organización criminal que prácticamente controlaba la región de Tierra
Caliente, ejerciendo un poder paralelo al de las autoridades formales. Si la
afirmación está sustentada, desarmar a los individuos que integran las
autodefensas, y que no quieren formalizarse como guardia rural bajo el mando del
ejército, supone base sólida (O sea, el estado de Michoacán está listo para
volver a la normalidad) El anuncio gubernamental es signo de recuperación de la
entidad, en los términos de la vigencia de sus instituciones y en el ánimo de
una convivencia social reconstruida. Entonces en Michoacán se puede dormir
tranquilo. Los días que siguen a este anuncio que instruye el desarme de las
autodefensas nos demostrarán si la descomposición ha sido contenida. Si se ha
tomado el cauce de la civilidad y la legalidad.
La otra noticia la hicieron
Telmex y Televisa al enfrascarse en un debate durante la audiencia que abrió el
senado para ventilar el proyecto de la ley secundaria en materia de
telecomunicaciones. Ambas empresas se victimizaron, se acusaron y omitieron
refrendar promesas de la reforma: reducción de tarifas y mejor calidad en el
servicio de telecomunicaciones. Obvio, fueron a defender sus intereses, no los
del consumidor. Tampoco se les dio hacer una reverencia a la rectoría del
Estado, parece no importarles. Los intereses socaban las pretensiones de
generalidad a que obliga una ley. Inscritos quedan nombres y apellidos.
La tercera noticia fue la designación
que hizo el pleno de los diputados en San Lázaro de los once consejeros electorales, en cuyas
manos quedaran las riendas del Instituto Nacional Electoral. No sé cómo se hizo
la negociación para llegar a estas designaciones. Lo efectivo fue mantenerla
fuera del calor de los reflectores mediáticos, vacunarla del escándalo. En sí
mismo es un logro. Ahora viene lo bueno. Evitar que ningún partido político
adquiera influencia indebida en la conducción del nuevo organismo. Convencer a
los gobernadores para que asuman la nueva realidad institucional en materia
electoral. Recordémoslo, la reforma política en marcha no contó con el consenso
de los gobernadores. Restringido al ámbito electoral es fatuo esperar de la
legalidad reformada resultados en el crecimiento de la economía, disminución de
las desigualdades sociales, abatimiento de la corrupción, sustancial mejora en
la seguridad. Son otras cuerdas y otros mecanismos.
En todo esto falta lo que no se
hizo en la negociación política de las reformas que se operaron bajo el auspicio del Pacto por
México. A marchas forzadas se tiene que avanzar en la construcción social de
las reformas para que buena parte de la sociedad las haga suyas y les dé
credibilidad (fe) Que no quede el proceso reformador como un arreglo entre el
gobierno, los partidos y prominentes empresarios.
Para tal efecto vale recomendar Procesos constituyentes de Gerardo
Pisarello (Editorial Trotta, 2014) y aquí el enlace a una entrevista que se le
hizo.
Procesos constituyentes
