viernes, 4 de abril de 2014

03-04-14


 
Pocas veces en un mismo día se producen noticias con fuerte carga de implicaciones. Dos de ellas ligadas al actual proceso de reformas. Una de las tres, ligada al restablecimiento del orden en Michoacán. Empecemos por esta última.

La secretaría de gobernación y la comisión que ha dispuesto el gobierno federal para atender la descomposición michoacana, anunciaron el desarme de las autodefensas. El gobierno afirma que ha hecho su parte al desarticular la operación de los caballeros templarios. Organización criminal que prácticamente controlaba la región de Tierra Caliente, ejerciendo un poder paralelo al de las autoridades formales. Si la afirmación está sustentada, desarmar a los individuos que integran las autodefensas, y que no quieren formalizarse como guardia rural bajo el mando del ejército, supone base sólida (O sea, el estado de Michoacán está listo para volver a la normalidad) El anuncio gubernamental es signo de recuperación de la entidad, en los términos de la vigencia de sus instituciones y en el ánimo de una convivencia social reconstruida. Entonces en Michoacán se puede dormir tranquilo. Los días que siguen a este anuncio que instruye el desarme de las autodefensas nos demostrarán si la descomposición ha sido contenida. Si se ha tomado el cauce de la civilidad y la legalidad.

La otra noticia la hicieron Telmex y Televisa al enfrascarse en un debate durante la audiencia que abrió el senado para ventilar el proyecto de la ley secundaria en materia de telecomunicaciones. Ambas empresas se victimizaron, se acusaron y omitieron refrendar promesas de la reforma: reducción de tarifas y mejor calidad en el servicio de telecomunicaciones. Obvio, fueron a defender sus intereses, no los del consumidor. Tampoco se les dio hacer una reverencia a la rectoría del Estado, parece no importarles. Los intereses socaban las pretensiones de generalidad a que obliga una ley. Inscritos quedan nombres y apellidos.

La tercera noticia fue la designación que hizo el pleno de los diputados en San Lázaro de los once consejeros electorales, en cuyas manos quedaran las riendas del Instituto Nacional Electoral. No sé cómo se hizo la negociación para llegar a estas designaciones. Lo efectivo fue mantenerla fuera del calor de los reflectores mediáticos, vacunarla del escándalo. En sí mismo es un logro. Ahora viene lo bueno. Evitar que ningún partido político adquiera influencia indebida en la conducción del nuevo organismo. Convencer a los gobernadores para que asuman la nueva realidad institucional en materia electoral. Recordémoslo, la reforma política en marcha no contó con el consenso de los gobernadores. Restringido al ámbito electoral es fatuo esperar de la legalidad reformada resultados en el crecimiento de la economía, disminución de las desigualdades sociales, abatimiento de la corrupción, sustancial mejora en la seguridad. Son otras cuerdas y otros mecanismos.

En todo esto falta lo que no se hizo en la negociación política de las reformas que se operaron bajo el auspicio del Pacto por México. A marchas forzadas se tiene que avanzar en la construcción social de las reformas para que buena parte de la sociedad las haga suyas y les dé credibilidad (fe) Que no quede el proceso reformador como un arreglo entre el gobierno, los partidos y prominentes empresarios.

Para tal efecto vale recomendar Procesos constituyentes de Gerardo Pisarello (Editorial Trotta, 2014) y aquí el enlace a una entrevista que se le hizo.
Procesos constituyentes

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