martes, 14 de agosto de 2018

Un año de ejercicio

Hay presidente electo de acuerdo a la declaratoria hecha por los magistrados del tribunal electoral (08-08-2018) Todavía no se sale del todo de la conmoción, menos saldrán los que sientan sus intereses de negocio frontalmente amenazados. El maniqueísmo sigue dictando opinión. Hay morenistas que quieren un presidente vengador. No se va a poder. Los procedimientos legales carecen de la gracia de la instantaneidad, a menos que esté en su deseo que el nuevo gobierno atropelle la legalidad. Del lado contrario, de los que les resulta indigestible López Obrador, les da por señalar sus “ocurrencias”, que no tiene el “conocimiento” de un técnico y, en resumidas cuentas, lo consideran un hablador.

La guerra de dichos seguirá su curso. Para valorar al nuevo gobierno por instaurarse, bien estará el atenerse al primer año de ejercicio. La verdad de cada promesa habrá que ponerla en la balanza. Qué está en el resorte de sus atribuciones, que está fuera de sus alcances.

Es el caso del por décadas postergado combate a la corrupción. Para ello no se tendrá que hacer una gran reforma. Leyes, aparatos, ha habido, lo que ha faltado es voluntad política y pericia en el oficio administrativo, el que tanto menospreciaron los tres últimos gobiernos. El próximo gobierno tendrá capacidades formalmente establecidas para combatir la corrupción a nivel federal. 

Desde ahora podrá, si tiene voluntad, formar un frente anticorrupción con las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, de plena colaboración con la fiscalía autónoma en la materia y la Auditoría Superior de la Federación. Además, todos los altos funcionarios y mandos superiores tendrán que asumirse como escuderos que encabecen el combate a este flagelo. Es desde ese campo institucional y con el personal que se designe que se pondrá a prueba el nuevo gobierno. Y en un año de gobierno se verá de qué color pinta el verde.

Se mostrará el buen ejercicio en las empresas productivas del Estado y en la banca de desarrollo, en los proyectos de infraestructura y en el manejo de los fideicomisos patrocinados por el gobierno. En la derrama presupuestal de la política social se tiene que mostrar cero tolerancias a la corrupción. Sólo eso justifica la habilitación de los nuevos delegados federales -estatales y regionales- y el año de gracia para el gobierno entrante.

Algunos gobernadores respingarán y presentarán sus razones. Al gobierno le tocará averiguar si la Conago, desde su fundación, no ha sido otra cosa que un mecanismo de chantaje para la succión y el dispendio de recursos públicos.


Estamos ante la oportunidad de que la confianza vuelva a las instituciones gubernamentales.
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