Hay presidente electo de acuerdo
a la declaratoria hecha por los magistrados del tribunal electoral (08-08-2018)
Todavía no se sale del todo de la conmoción, menos saldrán los que sientan sus
intereses de negocio frontalmente amenazados. El maniqueísmo sigue dictando
opinión. Hay morenistas que quieren un presidente vengador. No se va a poder.
Los procedimientos legales carecen de la gracia de la instantaneidad, a menos
que esté en su deseo que el nuevo gobierno atropelle la legalidad. Del lado
contrario, de los que les resulta indigestible López Obrador, les da por
señalar sus “ocurrencias”, que no tiene el “conocimiento” de un técnico y, en
resumidas cuentas, lo consideran un hablador.
La guerra de dichos seguirá su
curso. Para valorar al nuevo gobierno por instaurarse, bien estará el atenerse
al primer año de ejercicio. La verdad de cada promesa habrá que ponerla en la
balanza. Qué está en el resorte de sus atribuciones, que está fuera de sus
alcances.
Es el caso del por décadas
postergado combate a la corrupción. Para ello no se tendrá que hacer una gran
reforma. Leyes, aparatos, ha habido, lo que ha faltado es voluntad política y pericia
en el oficio administrativo, el que tanto menospreciaron los tres últimos
gobiernos. El próximo gobierno tendrá capacidades formalmente establecidas para
combatir la corrupción a nivel federal.
Desde ahora podrá, si tiene voluntad,
formar un frente anticorrupción con las secretarías de Hacienda y de la Función
Pública, de plena colaboración con la fiscalía autónoma en la materia y la
Auditoría Superior de la Federación. Además, todos los altos funcionarios y
mandos superiores tendrán que asumirse como escuderos que encabecen el combate
a este flagelo. Es desde ese campo institucional y con el personal que se
designe que se pondrá a prueba el nuevo gobierno. Y en un año de gobierno se
verá de qué color pinta el verde.
Se mostrará el buen ejercicio en
las empresas productivas del Estado y en la banca de desarrollo, en los
proyectos de infraestructura y en el manejo de los fideicomisos patrocinados
por el gobierno. En la derrama presupuestal de la política social se tiene que
mostrar cero tolerancias a la corrupción. Sólo eso justifica la habilitación de
los nuevos delegados federales -estatales y regionales- y el año de gracia para
el gobierno entrante.
Algunos gobernadores respingarán y
presentarán sus razones. Al gobierno le tocará averiguar si la Conago, desde su
fundación, no ha sido otra cosa que un mecanismo de chantaje para la succión y
el dispendio de recursos públicos.
Estamos ante la oportunidad de
que la confianza vuelva a las instituciones gubernamentales.
