Una de las creencias más
difundidas por los neoliberales es la que supone que solo el libre comercio
hace a la economía. Entre menos Estado mejor para la economía. Y si de
persistencia la pobreza se trata, basta considerarle una condición natural e
irremediable. Fueron los neoliberales los que inventaron la austeridad moderna.
Ellos los que adelgazaron la idea de soberanía, un anacronismo en la era del
comercio global. Y no hace mucho, desde las organizaciones proempresariales,
denunciaban los excesos del gobierno en gasto corriente.
En los meses que lleva la cuarta
transformación, uno se ha dado cuenta de lo endeble de las creencias apenas
ayer defendidas con vehemencia. Se pide al Estado que no sea austero, que eche
la mano a cuanto negocio o actividad se lo pida. Ahora se percibe la
importancia del ejercicio del gasto público para el funcionamiento de la
economía. Como nunca se ha visto el interés por escudriñar el gasto público y
se divulgan documentos sin verificar autenticidad o sin recurrirlos al INAI. Por
los recientes acuerdos migratorios realizados con Donald Trump, se pide no
ceder soberanía. Hasta se reivindica el Estado social para que asista a la
academia, las artes y la ciencia.
Han sido meses trepidantes para
sanear y enderezar el servicio público, totalmente desvirtuado desde que a
Vicente Fox se le ocurrió homologar el servicio público como una actividad
empresarial. Desde entonces la corrupción agarró nuevos bríos, se podía camuflar
en contratos o, de plano, como abuso legitimado por la investidura del cargo.
El nuevo gobierno inició con un
presupuesto federal que tiene el diseño de la pasada administración. PEF al que
se le van haciendo ajustes utilizando las atribuciones que para ello tiene el
Ejecutivo. No es un trabajo sencillo, más cuando se trata de darle un alcance
efectivo sobre la población menos favorecida. Se requiere identificar y
eliminar derroches, poner en renegociación contratos totalmente onerosos a la
hacienda pública, cancelar condonaciones fiscales a las grandes empresas,
enfrentar el robo de gasolinas, tipificar la corrupción como delito grave, alentar
el pago de impuestos sin crear más cargas fiscales, ajustarse al endeudamiento
aprobado por el Congreso y, por si fuera poco, formar una nueva estrategia en
contra de la violencia criminal.
Los que se beneficiaban del
anterior orden de cosas, en automático se resisten al cambio. No le dan el
beneficio de la duda al gobierno de López Obrador y menos están dispuestos a la
proactividad. Tienen que enfrentar la circunstancia del desprestigio de los
partidos, a medias confían en la división de poderes. Desconocen a su
conveniencia el orden institucional. Para ello arguyen que hay una
concentración de poder en una sola persona y hacen falta contrapesos. Lo que en
verdad quieren es que les digan a dónde ir a recoger el cheque.
Tendremos seis años con el mismo
jaloneo, de los resultados dependerá si se refrenda la 4T. Y cuál es uno de los
resultados esperados, a parte del abatimiento de la corrupción, de la
delincuencia y la pobreza, que los mercados cumplan con el Estado de derecho
-otra premisa neoliberal- y se autoimpongan límites morales, como los
reflexionó Adam Smith.
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Nos leemos hasta el 22 de julio de 2019.
