El resumen del sexenio, que ha
entrado en su año de desahucio, no tiene los mejores números, ni las mejores
frases elogiosas. Un cuadro negro que sólo en los bordes parece admitir matices
al contraste de la luz que lo rodea. Felipe Calderón prepara su salida, se apea
para abrir paso a sucesor(a), quien no precisamente tendrá las fórmulas exactas
para disipar el teatro deprimente que deja el sexenio, la docena panista, la
era de la aventura neoliberal que se inició antes de la alternancia y obstruyó
la transición democrática. Hay que decirlo con claridad, aunque sean los más,
no todos los muertos, ni el desastre actual son manufactura de Calderón.
Son muchos años en los que se ha
vendido la panacea del libre mercado y nadie desde la política quiere confrontar.
Ideológicamente el mercado está blindado y no tiene amenazas desde el campo de
las fuerzas políticas institucionales. Por ahora, no hay movimiento social que
conmueva la paz librecambista. No hay "ocupy", tampoco indignados.
Resiste a duras penas el Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia que
exige reparación de daños por la guerra emprendida por el gobierno en contra
del crimen organizado. Los que sobran son los cínicos de la ilegalidad y la
impostura. Y hasta ellos tienen derechos.
Que no haya una oposición social creciente
y organizada en contra del orden económico y el sistema de partidos no niega su
posibilidad, su realización futura. Hasta ahora la migración a los Estados
Unidos y las remesas que genera, así como la expansión de las actividades
informales (incluidas las de franca delincuencia) han servido de
amortiguamiento del desempleo y la caída del ingreso de las mayorías que ha
generado el modelo económico.
Entendámonos, dejar una sociedad,
un país, un Estado, al libre juego de las fuerzas del mercado es un crimen. En
México estamos rezagados. Brasil hizo ajustes, Argentina también. El PRI puede
ser opción, sí y sólo sí, Peña Nieto no quiera hacer el papel de María Estela
Martínez de Perón. La desastrosa Isabelita.
Independientemente de los
candidatos, de los partidos, la ciudadanía está llamada a establecer los términos
generales exigibles al próximo gobierno. Nada tiene que ver la OCDE, ni el
gobierno de Estados Unidos. La ciudadanía quiere un ataque frontal a la
corrupción, transparencia total del ejercicio de los poderes públicos.
Cobertura creciente y de calidad de los servicios públicos de educación. Que
grupos económicos –monopolios y similares- no decidan las políticas a seguir.
Vigencia extrema de la laicidad del Estado y de la legalidad. Ahí están las
bases para un México justo. No más injusticia.
Este es un llamado a remediar en
el sentido extenso de la palabra y que debe considerar toda reforma por venir.
