Desacralizado

Estos días parecen rematar un largo proceso de desacralización del informe presidencial. Lo que inició como desprotocolizada interpelación de Porfirio Muñoz Ledo al presidente De la Madrid en 1988, está por concluirse como una ceremonia vaciada irreversiblemente de su contenido numinoso. Felipe Calderón prefiere trasladar su mensaje al día 2 de septiembre en el Palacio Nacional. No por su gusto, la oposición no quiere oírlo en su casa. Tanto se denigró a la institución Presidencial, que si era imperial o parte de una dictadura perfecta, que ahora le sabe a hiel a quien la detenta. La ceremonia ha sucumbido ante las réplicas telúricas del 2006, de ahí que la reparación de los daños esté pasando por fragorosa negociación de la reforma electoral en curso.

Reforma electoral que ha tenido su mayor polémica en el relevo del actual Consejo Electoral del IFE. Se argumenta que la demanda de cambiar la alineación del Consejo General es una venganza de los partidos perdedores del dos de julio pasado. Es cierto, pero es una verdad parcial: la debilidad de los actuales Consejeros es de origen. Los actuales Consejeros son resultado de un reparto de cuotas entre los partidos. Reparto del que se excluyeron el PRD, el PT y Convergencia. La verdad es que los Consejeros son rehenes de sus padrinos. De inicio su autonomía quedó devaluada y se les cedió la plaza a los partidos en el 2003. No es algo que vaya a ocurrir en el futuro inmediato, según el lamento del Consejero Presidente.

Reforma electoral que tiene uno de sus mejores filones en el tema del financiamiento de los partidos y la reglamentación de los contratos de los anuncios. Materia para la dubitación de los partidos y de algunos medios electrónicos. Ante la duda, la exigencia no tiene controversia: que los partidos se ciñan al financiamiento público y que las televisoras no conviertan un proceso cívico una escandalosa ganancia privada.

Otra llamada de la reforma electoral, silente y por consecuencia inaudible, es la tipificación y condena de la operación electoral el día de las elecciones. La operación electoral, como se estila, es la negación del sufragio libre. No nos hagamos tontos, la operación electoral sigue tan campante como en tiempos del partido hegemónico. La diferencia, el cambio si se quiere, es que se ha logrado neutralizar la operación electoral a favor del PRI en las elecciones federales. Pero con otros colores la operación electoral sigue como si nada. ¿Dónde está ahora Juan José Guadarrama, dónde Elba Esther Gordillo? Con esos acompañantes se pueden decir demócratas López Obrador, Felipe Calderón.

Luis Carlos Ugalde, y los demás consejeros, el IFE como institución, no han tenido recursos jurídicos para inhibir totalmente la operación electoral. El Congreso no le ha surtido de esas capacidades al IFE ¿Lo hará esta vez? Y no es un asunto sólo federal. También en los estados se padecen limitaciones al sufragio libre, así ocurrió en la pasada elección de Baja California y seguramente el próximo domingo en Veracruz, la operación electoral se pondrá manos a la obra.

El proyecto de reforma está disposición del Congreso, tal vez no sea el mejor, pero es congruente con el gradualismo reformador como se ha acostumbrado en este país. Cada reforma trae su avance y no se le da gusto a todos. La de Don Jesús Reyes Heroles sacó a la izquierda de la clandestinidad y neutralizó la opción armada que, por cierto, ha vuelto a aparecer y es seña de las limitaciones del actual marco electoral . Carlos Salinas fundó el IFE y por primera vez las elecciones no fueron calificadas por los mismos diputados. Ernesto Zedillo amplió la competitividad electoral que creó el gobierno dividido y abrió paso a la alternancia. Vicente Fox se fue en blanco, peor aun, dejó números rojos al negociarse un IFE sensiblemente partidizado y excluyente.

Lo que tendremos ahora no será la mejor reforma, pero sí la reforma posible.

Plantar bandera

Transformado en tormenta tropical, el huracán Dean continuó con sus estragos al impactar la Sierra Madre Oriental. El vendaval con saldo blanco quedó interrumpido y más de diez personas fueron arrasadas en distintas partes al paso de la tormenta. La gratitud presidencial del pasado martes se demudó en silencio para con los deudos, ya no pudo convocar a Dios. Eso sí, Felipe Calderón se mostró como presidente atento de los sucesos del desastre y voz de preventiva denuncia para que no se sacara raja política de los necesitados, sin eclararse si el mensaje era para propios o extraños.

Como es recurrente a estos desastres naturales, su paso es efectivo escaparate para recordarnos a todos el México de la pobreza y la desigualdad. Los condenados de la tierra emergen de su desgracia para echar abajo toda la propaganda oficial de que se gobierna para los más desfavorecidos. Los temas de la marginación son inagotables, tal vez para que se justifiquen los gobiernos y sean materia de disertación académica. Pero fuera del humor negro que se pueda implicar, una profunda reforma social debería estar ligada al debate reformador que se da actualmente entre Poderes.

En esa búsqueda de una reforma social, el Senado y la UNAM auspiciaron un seminario sobre garantías sociales (enunciación por definir) que se verificó en el Palacio de Minería. De las ponencias cabe destacar tres líneas orientadoras. Siguiendo a David Ibarra, la definición de una reforma social pasa por la formulación del paradigma de desarrollo por construir y consensar. Reconsiderar el paradigma estatista a partir de reconocer sus debilidades destacadas: su dependencia de un elevado endeudamiento público y su desviación en mecanismo de acumulación fuente de corrupción. Replantear el paradigma del mercado que hasta ahora también ha sido un esquema con desviaciones: crecimiento de la informalidad, emigración allende el Bravo, delincuencia organizada, etc.

Por su parte, Clara Jusidman hizo un esfuerzo intuitivo y con exposición geométrica bordó sobre la necesidad de redefinir los derechos sociales para ponerlos al día en la consideración de derechos humanos. Formar un nuevo consenso sobre lo que se entiende por derechos sociales. En su oportunidad, Mario Luis Fuentes se refirió al entramado institucional, que bien se podría traducir como las agencias gubernamentales que instrumentan la política social, ofreciendo el claroscuro de las fortalezas y debilidades del aparato público encargado del desarrollo social.

Se abundaron más temas, pero con estos es suficiente para plantar un lado del debate.

Desde otro lugar y en otro evento, la Asamblea General Ordinaria del IMSS, el presidente Calderón se desgranó en elogios a la institución, recordó los beneficios que han tenido él y su familia del IMSS, hasta como fuente de empleo de un pariente suyo. Para después hacerse eco de los planteamientos de Juan Molinar Horcasitas, director del IMSS. La situación financiera de la institución es grave, de peligro. El tremendismo, para el buen entendedor, nos lleva a otro tema de la política social, el de su financiación. Tema que es la óptica desde donde los últimos tres sexenios se ha abordado la viabilidad de la política social. Es un tema tan importante como los señalados arriba pero que no se puede entender por separado.

De alguna forma disposiciones constitucionales y legales en materia social entran en colisión con la escasez de los recursos fiscales que garanticen su realización material. Desviar la eventual colisión es propósito de la reforma fiscal, el nudo está, como siempre, en la aceptación de quienes tienen ingresos millonarios y esa no se dará. Se prefiere disminuir los derechos adquiridos de los trabajadores. Pero si realmente se quiere efectuar un rebase por la izquierda, se necesita una reforma fiscal que sea efectiva en la recaudación y eliminación de privilegios fiscales para poder financiar el gasto social. Una decisión de esa envergadura pondría a Felipe Calderón, y a su gobierno, por encima de poderes fácticos, con capacidad de arbitrar y de imponerse. Sería ir en contra de quienes forman su exquisita “base social”.