Transformado en tormenta tropical, el huracán Dean continuó con sus estragos al impactar la Sierra Madre Oriental. El vendaval con saldo blanco quedó interrumpido y más de diez personas fueron arrasadas en distintas partes al paso de la tormenta. La gratitud presidencial del pasado martes se demudó en silencio para con los deudos, ya no pudo convocar a Dios. Eso sí, Felipe Calderón se mostró como presidente atento de los sucesos del desastre y voz de preventiva denuncia para que no se sacara raja política de los necesitados, sin eclararse si el mensaje era para propios o extraños.
Como es recurrente a estos desastres naturales, su paso es efectivo escaparate para recordarnos a todos el México de la pobreza y la desigualdad. Los condenados de la tierra emergen de su desgracia para echar abajo toda la propaganda oficial de que se gobierna para los más desfavorecidos. Los temas de la marginación son inagotables, tal vez para que se justifiquen los gobiernos y sean materia de disertación académica. Pero fuera del humor negro que se pueda implicar, una profunda reforma social debería estar ligada al debate reformador que se da actualmente entre Poderes.
En esa búsqueda de una reforma social, el Senado y la UNAM auspiciaron un seminario sobre garantías sociales (enunciación por definir) que se verificó en el Palacio de Minería. De las ponencias cabe destacar tres líneas orientadoras. Siguiendo a David Ibarra, la definición de una reforma social pasa por la formulación del paradigma de desarrollo por construir y consensar. Reconsiderar el paradigma estatista a partir de reconocer sus debilidades destacadas: su dependencia de un elevado endeudamiento público y su desviación en mecanismo de acumulación fuente de corrupción. Replantear el paradigma del mercado que hasta ahora también ha sido un esquema con desviaciones: crecimiento de la informalidad, emigración allende el Bravo, delincuencia organizada, etc.
Por su parte, Clara Jusidman hizo un esfuerzo intuitivo y con exposición geométrica bordó sobre la necesidad de redefinir los derechos sociales para ponerlos al día en la consideración de derechos humanos. Formar un nuevo consenso sobre lo que se entiende por derechos sociales. En su oportunidad, Mario Luis Fuentes se refirió al entramado institucional, que bien se podría traducir como las agencias gubernamentales que instrumentan la política social, ofreciendo el claroscuro de las fortalezas y debilidades del aparato público encargado del desarrollo social.
Se abundaron más temas, pero con estos es suficiente para plantar un lado del debate.
Desde otro lugar y en otro evento, la Asamblea General Ordinaria del IMSS, el presidente Calderón se desgranó en elogios a la institución, recordó los beneficios que han tenido él y su familia del IMSS, hasta como fuente de empleo de un pariente suyo. Para después hacerse eco de los planteamientos de Juan Molinar Horcasitas, director del IMSS. La situación financiera de la institución es grave, de peligro. El tremendismo, para el buen entendedor, nos lleva a otro tema de la política social, el de su financiación. Tema que es la óptica desde donde los últimos tres sexenios se ha abordado la viabilidad de la política social. Es un tema tan importante como los señalados arriba pero que no se puede entender por separado.
De alguna forma disposiciones constitucionales y legales en materia social entran en colisión con la escasez de los recursos fiscales que garanticen su realización material. Desviar la eventual colisión es propósito de la reforma fiscal, el nudo está, como siempre, en la aceptación de quienes tienen ingresos millonarios y esa no se dará. Se prefiere disminuir los derechos adquiridos de los trabajadores. Pero si realmente se quiere efectuar un rebase por la izquierda, se necesita una reforma fiscal que sea efectiva en la recaudación y eliminación de privilegios fiscales para poder financiar el gasto social. Una decisión de esa envergadura pondría a Felipe Calderón, y a su gobierno, por encima de poderes fácticos, con capacidad de arbitrar y de imponerse. Sería ir en contra de quienes forman su exquisita “base social”.
Como es recurrente a estos desastres naturales, su paso es efectivo escaparate para recordarnos a todos el México de la pobreza y la desigualdad. Los condenados de la tierra emergen de su desgracia para echar abajo toda la propaganda oficial de que se gobierna para los más desfavorecidos. Los temas de la marginación son inagotables, tal vez para que se justifiquen los gobiernos y sean materia de disertación académica. Pero fuera del humor negro que se pueda implicar, una profunda reforma social debería estar ligada al debate reformador que se da actualmente entre Poderes.
En esa búsqueda de una reforma social, el Senado y la UNAM auspiciaron un seminario sobre garantías sociales (enunciación por definir) que se verificó en el Palacio de Minería. De las ponencias cabe destacar tres líneas orientadoras. Siguiendo a David Ibarra, la definición de una reforma social pasa por la formulación del paradigma de desarrollo por construir y consensar. Reconsiderar el paradigma estatista a partir de reconocer sus debilidades destacadas: su dependencia de un elevado endeudamiento público y su desviación en mecanismo de acumulación fuente de corrupción. Replantear el paradigma del mercado que hasta ahora también ha sido un esquema con desviaciones: crecimiento de la informalidad, emigración allende el Bravo, delincuencia organizada, etc.
Por su parte, Clara Jusidman hizo un esfuerzo intuitivo y con exposición geométrica bordó sobre la necesidad de redefinir los derechos sociales para ponerlos al día en la consideración de derechos humanos. Formar un nuevo consenso sobre lo que se entiende por derechos sociales. En su oportunidad, Mario Luis Fuentes se refirió al entramado institucional, que bien se podría traducir como las agencias gubernamentales que instrumentan la política social, ofreciendo el claroscuro de las fortalezas y debilidades del aparato público encargado del desarrollo social.
Se abundaron más temas, pero con estos es suficiente para plantar un lado del debate.
Desde otro lugar y en otro evento, la Asamblea General Ordinaria del IMSS, el presidente Calderón se desgranó en elogios a la institución, recordó los beneficios que han tenido él y su familia del IMSS, hasta como fuente de empleo de un pariente suyo. Para después hacerse eco de los planteamientos de Juan Molinar Horcasitas, director del IMSS. La situación financiera de la institución es grave, de peligro. El tremendismo, para el buen entendedor, nos lleva a otro tema de la política social, el de su financiación. Tema que es la óptica desde donde los últimos tres sexenios se ha abordado la viabilidad de la política social. Es un tema tan importante como los señalados arriba pero que no se puede entender por separado.
De alguna forma disposiciones constitucionales y legales en materia social entran en colisión con la escasez de los recursos fiscales que garanticen su realización material. Desviar la eventual colisión es propósito de la reforma fiscal, el nudo está, como siempre, en la aceptación de quienes tienen ingresos millonarios y esa no se dará. Se prefiere disminuir los derechos adquiridos de los trabajadores. Pero si realmente se quiere efectuar un rebase por la izquierda, se necesita una reforma fiscal que sea efectiva en la recaudación y eliminación de privilegios fiscales para poder financiar el gasto social. Una decisión de esa envergadura pondría a Felipe Calderón, y a su gobierno, por encima de poderes fácticos, con capacidad de arbitrar y de imponerse. Sería ir en contra de quienes forman su exquisita “base social”.
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