Mucha tinta se ha regado en el
proceso judicial que se le sigue a la profesora Elba Esther Gordillo. Puede que
algunos ya se hayan cansado con el tema cuando apenas estamos en la superficie
de un tema mayor que requiere de una acometida superior por parte de la
autoridad. Otros han de estar
satisfechos con el discurso farisaico de
organizaciones como Mexicanos Primero, que ven la paja en el ojo ajeno y no ven
la viga en el propio.
La intervención quirúrgica de
Peña Nieto tocó hueso, tejidos o tumores, según se le quiera metafóricamente
apreciar. Lo cierto es que la operación no ha concluido, se mantiene expuesta.
La operación trata de recuperar para el Estado y la ciudadanía los espacios que
han ocupado los factores reales de poder, incluido el crimen organizado. No
podemos ir a dormir tranquilos mientras que el Estado no recupere la rectoría
perdida en aras del libre comercio que finalmente capturó la incipiente
democracia. Rectoría del Estado oportunamente convocada para fundamentar la
reforma constitucional a la educación.
La amplitud no cabe en este
espacio que sigue el principio de una lectura económica o, mejor dicho, de una economía en la lectura, que no sofoque. Me
detengo, por esta ocasión, en el tema sindical que se ha bamboleado con el caso
EEG.
Hace muchos años, cuando las comparecencias que abonaron la elaboración de
la histórica reforma política de 1977. El conductor de esta reforma, entonces
secretario de gobernación, Jesús Reyes Heroles, tenía clara la necesaria
distinción entre el ámbito de la lucha económica perteneciente a la
organización sindical y el de la lucha política propia de los partidos
políticos. La reforma prácticamente no se entretuvo en esta consideración
porque para el régimen de entonces, como para el de ahora, se encuentra
plenamente estructurado el interés mutuo entre gobierno y organización
sindical, el maridaje entre apoyo político y corrupción de los líderes
sindicales en beneficio de la estabilidad. Es un arreglo que tiene que
revisarse porque no beneficia a la democracia, ni a los trabajadores. Si es que
el proceso reformador para fortalecer la rectoría del Estado en un ambiente
democrático va en serio.
Reformar no es fácil, sucede que
a veces se esperan resultados que no se dan o se tienen consecuencias
inesperadas. Pongo al caso una experiencia, que para mi es personal, la reforma
al Artículo 27 constitucional y la Ley Agraria que de ella se enlazó. Que se
esperaba de la reforma, que la inversión privada fluyera al campo y se
constituyera en el motor del sector agropecuario, lo cual hasta ahora no ha
ocurrido. Eso sí, se desactivo el control burocrático que para fines prácticos
generó un vacío que terminó por ocupar el crimen organizado y mantener formas
corruptas de administrar los subsidios al campo. Bajo esta óptica, la reforma
terminó hecha un fiasco.
Por lo expuesto, el Presidente
debe pensar bien las reformas necesarias y acompañarlas con la movilización
social y mecanismos realmente eficaces de la redición de cuentas. De otra
manera el gobierno corre el riesgo de valer madres.
