El miércoles 8 de septiembre, funcionarios de la Secretaría de Hacienda hicieron llegar a los diputados la propuesta de egresos e ingresos para el 2011. Se perfila un debate intenso, quien sabe si sea de altura. Para empezar, con antelación la fracción parlamentaria del PRI difundió una carta abierta, dirigida al Lic. Felipe Calderón Hinojosa, el pasado martes. En ella asienta su posición a través de la cual piensa reorientar la propuesta del Ejecutivo. Pone sobre la mesa cinco puntos, cinco líneas sobre las cuales deliberar el paquete económico y hacerlo ley.
Hacer un presupuesto para crecer y salir de toda una década perdida por la impericia de los responsables del gasto público. Un presupuesto sin simulaciones, que las asignaciones se dirijan a sus objetivos para los cuales fueron acordados y que se ejerzan efectivamente. Cifras realistas, que no se esconda la realidad de las finanzas públicas y de la economía en artilugios actuariales. No a nuevos impuestos y reducción del IVA y sí a un manejo austero y sin subejercicios, poner orden a la administración del gobierno, diría Manlio Fabio Beltrones.
Es la oportunidad para que la oposición en su conjunto y desde el Legislativo cierre el ciclo del capitalismo salvaje. Tiene los votos para hacerlo, sólo es cuestión que se decidan los diputados. Es cierto que el Ejecutivo tiene a su disposición el llamado veto de bolsillo y puede conformarse con el reciclamiento automático de la ley de ingresos y egresos que rige actualmente. El costo para el Presidente y su partido sería muy alto. No obstante, no se ve interés del grupo en el gobierno.
El ciclo de desplazamiento del derecho público por el derecho privado, que coloquialmente se le llama neoliberalismo, encuentra su fin –eso espero- por el incremento de la pobreza y la desigualdad que ha destruido familias y ha empujado a sus miembros a engrosar las filas del crimen. Ha sido una época en la que se ha puesto en el timón del país el derecho privado, desarticulando el derecho que se guía por el interés público encargado en armonizar la relación entre desiguales. Ridiculizando por la vía de la descalificación los derechos sociales y colectivos. La codicia privatista se ha escarnecido con el derecho humano a tener una vejez decorosa con una pensión suficiente. Los viejos son una carga. Los derechos de los trabajadores son una afrenta a la competitividad, un costo reductible y, aunque no lo dicen, quieren desaparecerlos. También son una carga. Este pensamiento monstruoso por inhumano, es la concepción del grupo gobernante, que al no tener noción del derecho público no sabe usar el presupuesto y termina desprotegiendo y enfrentando a la sociedad.
Es cierto que los privatistas no vinieron con el Partido Acción Nacional, fueron los personeros de las agencias financieras mundiales, los tecnócratas incrustados en el PRI, los que metieron al país en el hoyo desde que se perdió creatividad para sostener el proyecto de la Revolución, acendrado éste por un fuerte sentido del interés público.
Por eso, el presupuesto que es público no puede quedar subordinado y a beneficio del interés privado de unos cuantos, como botín a depredar. Es oportunidad de que los legisladores presupuesten para reconstruir la urdimbre social que ha sido desgarrada hasta deshilacharse. Poner al derecho público en el centro de la deliberación para reconciliarnos y no temernos, pues está visto que el derecho privado sin conducción nos ha llevado a la guerra de todos contra todos.
