A la información que día a día nos entregan los medios impresos no se le concede reposo, nos inunda con la nota roja del combate a la delincuencia organizada, de manera destacable en este sexenio. De la exaltación del debate entre los actores ya nos hemos acostumbrado como prueba fehaciente del pluralismo político. Y de la publicidad oficial una palabra la califica, es inmisericorde. Por querer encontrar lo relevante de la coyuntura perdemos la ominosa estructuración de un régimen policial y clerical que avanza frente a nuestros ojos. Pocas voces se atreven a denunciar estas amenazas en contra de las libertades conquistadas por la Independencia, la Reforma y La Revolución.
Al Ejecutivo federal se le ha hecho fácil trasgredir el orden jurídico cuando éste mismo orden no responde a las exigencias de su base ideológica generada en el siglo XIX y que se resumen en la consigna de “religión y fueros”. Totalmente distinto al régimen que se ha construido con las luchas que este año se festejan en un alarde emulatorio del Super Bowl o DisneyWorld por parte de la autoridad, sin contenido ni participación popular ¿Cómo le van a hacer para controlar el ingreso de cincuenta mil personas a la plancha del Zócalo la noche del 15 de septiembre sin evitar un proceso de selección/exclusión? El pueblo será espectador del derroche tecnológico de escenificación, luz y sonido. Frente a las pantallas el ciudadano-espectador-súbdito en la versión panista del orwelliano 1984.
Pero el punto es esa disposición del Titular del ejecutivo por gobernar por encima de la ley. Ya lo hizo ver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando de manera documentada se señala a Felipe Calderón como violador de la Constitución respecto al proceso electoral del verano pasado. No son dimes y diretes, la violación constitucional fue comprobada en el Tribunal. No siempre ha sido así la consignación del proceder presidencial, que ha gozado usando las herramientas de interpretación legal llamadas facultades metaconstitucionales del presidente.
Ha mandado al Ejército a las calles y las carreteras para combatir a los sicarios de los cárteles del narcotráfico (cabría añadir, de la extorsión y el secuestro) sin letra constitucional que así lo dicte tal cual. La PGR y la SIEDO, que tienen esa asignación por ley, son reconocidas de facto como incapaces para cumplir con su obligación de perseguir a la delincuencia. En otra situación violatoria de la Constitución, el Ejecutivo se hace omiso de la trasgresión constitucional que hacen representantes de la iglesia católica. El gobierno no actúa de oficio. Con este proceder inicuo de Calderón hacia el Estado de derecho, con qué cara se puede reclamar él su defensor. Vestir hechos consumados con las formas establecidas, así como lo hizo Victoriano Huerta. Si la más alta línea de defensa cae, que detiene la acción criminal que se siente igualada con el gobernante en el disfrute de la impunidad.
El proceder presidencial señalado aquí es torpe aunque no carente de objetivos. Sabe que la guerra al crimen organizado no acabará en el siguiente sexenio –ni nunca- pero construye las bases de un Estado policiaco en contra de la ciudadanía y de sesgo antilaboral, al tiempo que derruye las bases del Estado laico. No hay ingenuidad, ni buena fe, sino ventajosa malicia para que mañana la libre organización para defender o procurar los derechos sea combatida y la libertad de conciencia sea estigmatizada por contradecir dogmas de fe.
Izquierda mexicana, abre los ojos. No te empanices.
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