A las 12:19 de éste viernes 8 de enero
de 2016, la cuenta de twitter de Enrique Peña Nieto difundió: “Misión cumplida:
lo tenemos, quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido
detenido”. La declaración confirma la narrativa para la segunda mitad del
actual sexenio: el combate al crimen organizado.
Horas antes del twitter, la preparación
de éste blog ya tenía como materia de exposición la renovada magnificación del
tema de la seguridad sobre el pliego informativo que generaron los hechos
violentos perpetrados por la delincuencia en distintos estados del país,
destacando la entidad de Morelos, el homicidio de la presidenta municipal de
Temixco y la entonces divergencia sobre el mando único policiaco, entre el gobernador
Graco Ramírez y el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.
Para entender la gran dificultad
que representa combatir a los cárteles delictivos, hay que empezar por destacar
qué se cuece con el crimen organizado, afirmación de Perogrullo, un negocio que
enriquece a sus emprendedores y a sus colaboradores. Las cantidades que maneja
este tipo de empresa son multimillonarias, tanto como para ser reconocida por la
revista sobre negocios Forbes. Y el motor de la codicia, como en toda empresa que se precie de
serlo, no tiene límites. Este perfil empresarial en el desarrollo de
actividades ilícitas con mucho dinero de por medio no se puede menospreciar. Por eso se da la morosidad
y el juego de complicidades que evitan realmente reducir a la delincuencia de
alto impacto, el dinero se impone.
Más allá de ser efectistas y parciales con la difusión de la información gubernamental, ésta tiene que ser lo más completa posible, dar cuenta del conjunto y no sólo del evento. Por ejemplo, cuántos cárteles ha reducido a
mínima expresión la actividad de inteligencia de la Policía Federal; cuántas
investigaciones de la inteligencia financiera de Hacienda han congelado la
cuentas en banco de la delincuencia; cuántas concesionarias de autos han
generado denuncias de compra ventas sospechosas; por el lado de los
gobernadores y los presidentes municipales ¿Conocemos el número de denuncias
documentados en contra de los cárteles ingresadas por los titulares de éstos
niveles de gobierno? ¿Han llegado a conseguir aprehensiones y resoluciones
punitivas?
La recaptura de Joaquín Guzmán
Loera es oportunidad para hacer lo no hecho, solventar omisiones, darle orden a
la maraña burocrática de organismos y dependencias, empezar a darle dignidad a
la oficina de Estado diseñada para combatir a la delincuencia organizada
(SEIDO) sacarla de la penumbra y hacerla portavoz oficial al respecto y dueña
del proceso de persecución, captura y consignación. O de plano, si se trata de un elefante
blanco mejor encargar a la Secretaría de Marina, pero no más ficciones con
esquemas de coordinación elusivos de responsabilidades.
