Qué tuvo que suceder en el país para convertir a periodistas en blanco de la comisión de homicidios. Es la pregunta abierta al leer la noticia sobre el arresto de un exalcalde en Chihuahua, ya detenido por la Fiscalía y bajo proceso. El caso de asociación político-criminal que segó la vida de la periodista Miroslava Breach, el 23 de marzo de 2017.
El asesinato de periodistas
reclama no sólo investigación judiciaria, sino una investigación de amplio
espectro y con arco de tiempo. Sobre esto último, el Comité para la protección
de periodistas, con sede en Nueva York, Estados Unidos, tiene registrada una
estadística que aquí transcribo y reagrupo por periodos sexenales desde 1964.
Gustavo Díaz Ordaz, un periodista asesinado en el último año de esa
administración; Luis Echeverría Álvarez, dos periodistas; José López Portillo, diez
periodistas; Miguel de la Madrid Hurtado, treinta y cuatro periodistas; Carlos
Salinas de Gortari, veinticinco periodistas; Ernesto Zedillo Ponce de León, veintiún
periodistas; Vicente Fox Quesada, veintiocho periodistas; Felipe Calderón
Hinojosa, ciento veintiún periodistas; Enrique Peña Nieto, ochenta y seis
periodistas; y los sumados en dos años de gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, veintiún periodistas asesinados.
Cuando refiero al amplio espectro
hablo de considerar temas adyacentes, pero no indiferentes a considerar. Qué
cambió en las estructuras de gobierno, en los poderes reales, en los partidos,
en la estructura económica, en la educación pública, en la industria del
entretenimiento y el efecto de la desigualdad social, como para precipitar la
irrupción del crimen organizado. Es ese contexto desde donde visualizar la
comisión de los asesinatos a periodistas. Eso sí, sin dejar de distinguir entre
la acción criminal que proviene directamente de la delincuencia organizada, de
alguna instancia de autoridad (federal, estatal o municipal) u otros de índole
más bien personal.
Sé que les gustaría que abordara,
desde mi brevedad característica, el intríngulis de la autonomía de los
periodistas o más bien lo contrario, de su heteronomía (dependencia). Es claro
que si un periodista trabaja dentro de la estructura orgánica de un gobierno o
hace contratos con el gobierno su heteronomía es más que evidente. Depende del
gobierno. Puede ser que la dependencia del periodista esté asociada a su
patrón, de manera más específica las grandes empresas de comunicación. En ambos
casos la lealtad es casi obligada y con dificultad se encontrará un periodista
que vaya en contra de quien lo promociona. Se da también una subordinación
mixta del periodista cuando tiene la doble cachucha, sirve al gobierno y sirve
a la empresa que lo tiene contratado. Está la zona gris de los free lance,
periodistas de los que se desconoce su dependencia y, consecuentemente, son
modelo de profesionales autónomos ¿Lo son?
Lo que hemos visto en México
durante estos dos años de transformación es la alteración del ecosistema en el
que se desenvuelve el periodista. La principal fuente de información política,
la presidencia de la república ha reforzado su autonomía relativa. Esa es la condición
que ha alterado la relación entre el gobierno federal y los periodistas.
