No se ha encontrado el camino que conduzca al crecimiento económico, el fortalecimiento democrático y la justicia. Reformas van y vienen, la población no ve claro, como si el país entero se hubiera precipitado en el abismo. Incredulidad y desconfianza se esparcen frente a instituciones rebasadas. El ejemplo de la inutilidad institucional ha quedado marcado por la desaparición de Diego Fernández de Cevallos que se hunde en la parálisis y silencio gubernamental. Si quien se encuentra encumbrado está viviendo el encierro que le impone un poder no descrito y sin visibilidad, qué puede esperar la ciudadanía de a pie.
Es evidente que las cualidades del cambio democrático se esfumaron. Las causas del hartazgo que la ciudadanía experimento con los gobiernos del PRI no han desaparecido, por el contrario, al ponerlas frente a la promesa democrática parecen más robustas. El servirse de la política para realizar beneficios privados se mantiene como conducta inalterable de los políticos. La corrupción se ha fortalecido. Al mismo tiempo, el esfuerzo por separar la función pública del interés partidista se ha agotado, todo acto de gobierno –en cualquiera de sus tres niveles- es un acto de proselitismo del partido en el poder.
La confrontación militar hacia el crimen organizado, no sólo ha exhibido su estela sangrienta, sino que ha sacado a la superficie porciones de la sociedad que se encuentran sometidas o integradas al crimen organizado. Se ha producido cierta tolerancia social que asimila el narcotráfico como parte del paisaje.
Los procesos electorales perdieron su encanto idílico dejando escapar toda la podredumbre en la que se disputan las campañas electorales. El proceso para elegir gobernador en el estado de Quintana Roo es un escándalo que se magnifica cuando la Procuraduría General de la República dicta orden de aprehensión en contra de uno de los candidatos. Pero el escándalo también se vive en Sinaloa, en Puebla, en Veracruz, en todos los lugares donde habrá elecciones este año ¿Y la normalidad democrática? Pues quedó sepultada hace tres años, en el 2006, cuando las mañas y la ilegitimidad hicieron evidente la debilidad del sufragio efectivo.
Nada parece rescatable de esos pasos hacia la modernidad, pues el proceso reformador tenía el supuesto de una burguesía nacional impulsada por la primera oleada de privatizaciones. Proyecto que reventó con el error de diciembre de 1994 y la posterior extranjerización de la banca. La centralidad del Estado se limita a proteger los intereses de una minoría. La mayoría, si bien le va, está condenada a sentirse privilegiada si encuentra un trabajo miserable por el nivel del salario y la ausencia de prestaciones que ofrece.
Como hace décadas no se percibía, se desliza en el ambiente la posibilidad objetiva de un golpe militar. Un golpe accionado desde el poder en sus fuentes fácticas para perpetuar al grupúsculo que detenta los recursos de la administración del Estado o desde el descontento de las fuerzas armadas, que molestas por atender el trabajo que le corresponde a la PGR en primera instancia, no estén dispuestas a cargar con el desprestigio y el desprecio.
Los responsables de la política tienen que actuar ya para evitar se impregne la seducción golpista, antes de que amanezca.
