Las jóvenes generaciones no
alcanzaron a ver el presidencialismo mexicano que prevaleció hasta 1982. Con la
unción de los tecnócratas al poder operada desde la misma presidencia comenzó
el acotamiento del Poder Ejecutivo por distintas vías. La económica a través de
las privatizaciones al sector público. Por la vía administrativa, con el
establecimiento de organismos autónomos en lo comercial, electoral, energético
y telecomunicaciones, entre las más relevantes. En lo político, el
pluripartidismo hizo del Congreso un límite creíble, hasta cierto punto, del
Ejecutivo, pues los legisladores podían ser seducidos con dinero. En lo
judicial, la procuración de justicia y las sentencias de los jueces no quedaron
a disposición absoluta del presidente. Cierto, se daba un trato privilegiado a
la corporación judicial. Se acotó la presidencia, se fortaleció el dominio
oligárquico, no así el poder del pueblo.
Lo que hereda el actual
presidente López Obrador es una presidencia disminuida, aún así, con mucho
poder por ejercer. Esto le ha permitido hacer cosas dentro de lo que se conoce
como Administración Pública Federal: recaudar contribuciones y redistribuirlas,
la jefatura de las Fuerzas Armadas, la conducción de la Política Exterior, a
manera de ejemplos. Como dice él, la APF es un elefante reumático, achacoso,
agregaría por mi cuenta. Un aparato que no está preparado para la
transformación. Por eso la recurrencia a decretos, también a la figura de
acuerdos internos que reasignan competencias sin tocar estructuras. Ese es el
dominio propio de un presidencialismo acotado que, repito, no es poca cosa, ni
es lo que fue.
Pero la maquinaría está lejos de
tener la precisión de un artefacto de relojería. En cualquier momento el
aparato revienta, al menos en lo local. Eso pasó en una estación migratoria en
Ciudad Juárez, Chihuahua. Descontrol del Instituto Nacional de Migración y
sucedió el desastre: cuarenta migrantes fallecidos a causa de un incendio en la
estación. Pasaron semanas y apenas la FGR hizo pública la averiguación contra
el responsable del INM, Francisco Garduño. El expediente se abrió para no
incurrir en negligencia y omisión -falta a las responsabilidades- por parte de
la fiscalía. Desde la fecha del siniestro, Garduño debió solicitar su
separación del encargo, pero ha permanecido en la ciudad fronteriza y sin
esgrimir defensa de su parte, haciendo monacal voto de silencio.
Con todo y los límites, el
régimen presidencial persiste y gracias a eso el presidente López Obrador ha
tenido margen de maniobra para abrirle paso a la transformación. Su decisión de
no fungir como el fiel a la balanza del proceso sucesorio, una de las
facultades metaconstitucionales del viejo presidencialismo, no ha sido
respaldada con solvencia por la dirigencia de MORENA para tomar el toro por los
cuernos. Por el contrario, esa dirigencia ha adquirido el síndrome de los
consejeros del INE. Es decir, no arbitra el proceso y desde su cúspide comienza
a cargar los dados. Bajo estas condiciones MORENA se va polarizando entre una
candidatura del aparato y otra que, sin esa agarradera, se perfila como la
candidatura símil de un frente amplio. Por cuál optarán los afortunados de ser
consultados para la encuesta. Si es que se hace la encuesta.
