La realidad se impone, la voluntad de los actores políticos mexicanos no puede soslayarla. La situación delicada por la que atraviesa el país demanda decisiones y acciones coordinadas que no cuentan con el mejor marco institucional para la resolución política: la combinación de régimen presidencial con gobierno dividido.
Desde la Presidencia de la República se requiere más que relevos en el gabinete, atender la impostergable coordinación del aparato público federal, que se despierte la vocación por el servicio público que se encuentra sepultada por corruptelas e improvisación que se agazapan en un esquema de feudalización de la función pública, esquema que desestima la cooperación intersectorial para una mejor aplicación de los recursos fiscales. No hay en el círculo del presidente y del partido al frente del gobierno federal, quién eche sobre sus espaldas esa tarea. Tarea que en un primer momento de este sexenio, desde la oficina de la presidencia, asumía Juan Camilo Mouriño, pero que se desdibujó desde el momento en el que el hispano mexicano tomó posesión como secretario en gobernación. Desde ese momento el mundo se le vino encima al campechano por no deslindar contundentemente, ante la opinión pública, su alta posición burocrática de sus intereses empresariales de familia. Esa función de jefe de gabinete nadie la ha ocupado y alguien la tiene que asumir. En estas decisiones Felipe Calderón es mano y no hay institución o fuerza política que se lo dispute, es Jefe del Ejecutivo y al responden sus subordinados. No hay pretextos.
Desde el lado del Partido Revolucionario Institucional, con todo el fortalecimiento que le otorgaron las pasadas elecciones del 5 de julio, hay una definición establecida: no dar pauta al cogobierno con la administración calderonista, lo que no excluye la exigencia de resultados a sus gobernadores que sí son corresponsables en tanto partícipes de funciones ejecutivas y receptores de recursos fiscales. Desde el legislativo, el PRI ha dado muestras por destacar el tema de la economía, incluso presume de un equipo de diputados versados en la materia. Esto no es suficiente. El PRI no puede eludir sus planteamientos sobre la seguridad, la corrupción y la agenda social, al menos si realmente quiere asumir de nuevo la Presidencia de la República. Recuperar sus antecedentes socialdemócratas de la presidencia del Gral. Lázaro Cárdenas del Río.
Desde la izquierda bien le vendría una reflexión sobre su aporte en todos estos años, en los que integrada al presupuesto público, ha visto como se impuso el neoliberalismo y se han minimizado los derechos sociales sin poder lograr gran cosa para contrarrestarlo. Su distintivo ideológico sigue siendo la agenda social, la cual tiene una de sus expresiones representativas en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. No es la única, las comunidades zapatistas de los Altos de Chiapas no pueden ser ignoradas como ejemplo reivindicatorio de lo social. La izquierda no está sólo para la disputa de puestos de elección popular.
Desde los empresarios -los que amasan grandes capitales hay que subrayar- en tanto coautores del desastre, tienen mucho que aportar tras su experiencia dentro del modelo económico que propusieron, son los primeros que tienen que aportar a las finanzas públicas dando por concluido la deuda Fobaproa/IPAB, sustraerse de promover millonarias devoluciones de impuestos o de otras formas de subsidios que no deberían asistir a quienes encuentra en la asunción de riesgos de la oferta y la demanda su premio y su castigo.
Y al pueblo, por favor, ya no le pidan más sacrificios.
