El Pacto Social

Ya avanzamos en el punto de cómo los Estados Unidos se han hecho imprescindibles y decisivos en las decisiones del Estado mexicano.

Pasemos al segundo punto. Las reformas ocurridas en el último tercio del siglo pasado y el presente -con ello referimos la transición- han prescindido del elemento que contuvo el México Bronco: el Pacto Social.

Con el Pacto Social, expresado en la Constitución, se dio la certeza de que cada fuerza social estaba comprometida con el Presidente en turno a cambio de una contraprestación. Desde campesinos, obreros, grupos populares y empresarios, exceptuando a el clero. Pero se decidió disminuir ese pacto, dar un giro de 180° para sustituir el pacto por una sumisión del gobierno a la cúpula empresarial y eclesiástica. Desde el gobierno priísta se modificaron las reglas. Que lo tenga presente Enrique Peña Nieto.

El reconocimiento de las iglesias significó darle legitimidad y visibilidad a la intervención política de la iglesia católica en los asuntos públicos. La reforma al artículo 24 contitucional que ahora está en el Congreso es ominosa redundancia. De qué ha servido: de nada. La jerarquía católica no ha aportado una mejor convivencia nacional, por el contrario, se ha exhibido como ente corruptor de menores (la pederastia) cómplice de narcotraficantes y, todavía peor, su reconocimiento en nada contribuyo a la fortaleza de la unidad familiar. La familia se ha hecho más disfuncional que nunca. Bien se le tendría que exigir al Papa Benedicto XVI en su próxima visita a México que pida perdón por todos los males que se han hecho en el nombre de Cristo de parte de su iglesia. México era más decente antes de la primera visita papal en 1979, digo, por usar un lenguaje mochilo-panista.

La reforma al artículo 27 Constitucional, con todo y los buenos propósitos de destruir el paternalismo, promover inversiones y liberar de la tutela estatal a los campesinos, al final sus resultados no son los mejores. El paternalismo se restringió a otorgar subsidios estúpidamente, en especial a favor de los agronegocios, de quienes ya estaban formados empresarialmente y no necesitaban de ellos (lo peor es que esos agroempresarios además son ahora funcionarios públicos) Las inversiones privadas no reactivaron al campo porque no llegaron como se estimó (alguien se acuerda de las asociaciones en participación) Los campesinos, ya sin tutela, prefirieron emigrar o formar parte de las quinientas mil familias que integran el narco (cifra proporcionada por la Defensa Nacional)

Carlos Salinas de Gortari, astuto, consideró que no se podía gobernar sin pactos y durante un tiempo fue su artífice. Ido él, se ha gobernado sin pactos. Desde Zedillo todo ha sido una rebatinga que ha incidido en la descomposición social comentada. La gestión de los subsidios, bajo un esquema corruptible, no ha generado ni ciudadanía, ni riqueza, tampoco una generalizada calidad de vida. Y el colmo es que los que más tienen son los beneficiarios distintivos de los subsidios. Es el caso del FOBAPROA o IPAB, un descomunal subsidio para los banqueros. El país está peor. El crimen organizado, según dichos oficiales, ya controla parte del territorio nacional.

¿Qué tenemos que hacer para revertir el desbarajuste nacional? Un nuevo Pacto Social, aunque no sea del agrado de los Estados Unidos, de la iglesia católica, de los grandes empresarios y del gremialismo corrupto.

Quién, de los presidenciables, está dispuesto a signar un nuevo pacto social.

Todos los caminos ...

 

Si queremos que el país salga bien librado del proceso electoral en curso. Si verdaderamente queremos darle un giro a la vida nacional por un sendero de esperanza y certidumbre. Partidos y presidenciables deben tener precisión de dónde estamos parados.

Primero entender que la descomposición social rampante, que tiene su expresión indigerible en la violencia y en la muerte generada a partir del escalamiento del combate al crimen organizado por parte del actual gobierno, es parte inseparable de un proceso de goblalización que no enraizó como un impulso propio y que terminó siendo conducido por los Estados Unidos. Desde 1995, las decisiones de la política mexicana tuvieron un férreo corsé en decisiones tomadas en Washington (el rescate financiero que facilitó Bill Clinton para salir del error de diciembre) El carácter de aliados que configuraba la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio para América del Norte en 1994, se trasformó implacablemente en subordinación sin adjetivos. Todo lo que se hiciera aquí tenía que tener el referente de made in USA (el cambio de horario, por ejemplo)

La liberalización entendida como revisión y condena de las instituciones creadas al amparo de la revolución mexicana, a las que puntualmente se ha ofrecido el Partido Acción Nacional y los tecnócratas desde la plataforma del PRI con Ernesto Zedillo a la cabeza. La minimización de la propiedad mexicana de los bancos, su extranjerización. La “descelebración” del calendario cívico por la adopción de los fines de semana largos. La partidocracia como remedo de la democracia. Una serie de decisiones económicas, políticas y simbólicas, dieron forma a un estilo de vida individualista centrado en el dinero, en las posibilidades más del consumismo que del ahorro.

La puntilla de ese proceso la representa la “guerra” contra el narcotráfico. Se inició mal, pues el presidente Calderón primero se debió de comprometer a los Estados Unidos a la reducción del consumo de enervantes en su propio país y a sellar la frontera para evitar el ingreso de armas a México. Sin esos compromisos el comercio ilícito de drogas se hizo más atractivo a la par que violento. Y eso me parece lo sabían perfectamente en Washington, su experiencia en la desestabilización de países es la base de mi presunción.

De manera analógica tengo el caso de la desintegración de la antigua Yugoeslavia, cómo se cuenta la historia de una guerra interétnica promovida por la voluntad maléfica de Slodoban Milosevic, quien por cierto fue apresado para ser enjuiciado por la Corte Penal Internacional en La Haya, murió antes de darse un veredicto y no fue beneficiado por el debido proceso. Una narración de la cual Occidente sólo dio una versión del genocidio sin incluir las muertes provocadas por los bombardeos de la OTAN, una versión que nunca consideró incluir que el proyecto de Milosevic no iba más allá de recomponer la antigua Yugoeslavia en su arreglo autogestionario del capitalismo de Estado. Ése fue su pecado.  De lo que se trataba era de no dejar vestigio de una forma estatal distinta a la del Estado mínimo, orientada al uso de la coerción para hacer valer la “ley del mercado” y que hoy se impone a escala global.

Lo que vivimos en México con horror es resultado del quebrantamiento de las certidumbres de todo un pueblo, la guerra contra el narco es sólo una puesta en escena que confluye al propósito deliberado de descomposición social, en cuya trama todos los caminos conducen a Washington.

Este es el primer punto, denme la oportunidad de contarles el complemento en la próxima entrega.

  

Ya están los tres

Ellos y ella, en calidad de presidenciables, rindieron protesta para asumir el compromiso de ser candidatos de las fuerzas políticas que los impulsan. En el trascurso de esta semana harán su registro ante el Instituto Federal Electoral, organismo que concluida la revisión de los expedientes dará curso legal a las respectivas candidaturas. El 30 de marzo, por fin, darán inicio las campañas.

Los ejercicios demoscópicos, las encuestas pues, han coincidido en situar a Enrique Peña Nieto como el predilecto entre los encuestados. Peña Nieto se ha mantenido en la cima gracias a una formación de imagen parecida a la de un pop star.  No tiene por qué desechar lo que le ha funcionado. Su mayor reto, el de Peña, es darle contenidos a la imagen, que se conozca con claridad qué quiere y cómo le va hacer.

Josefina Vázquez Mota promete otro sexenio de ocurrencias desafortunadas. Su invención política apenas rebasa la década, es parte del neopanismo que se hizo alrededor del fenómeno electoral llamado Vicente Fox y ella tiene su alma mater en la Coparmex. Su fortaleza no se encuentra en la aceptación de la ciudadanía, ni en su partido, sino en el apoyo descarado que le puedan proporcionar los poderes fácticos y la voluntad del presidente Calderón. Su reto será borrar de la memoria colectiva la docena fatídica de su partido al frente del gobierno federal, para seguir haciendo lo mismo, como si no hubieran gobernado.

De Andrés Manuel López Obrador todos sabemos lo que quiere: combatir la pobreza mediante la redistribución de la riqueza. Una propuesta atractiva para una mayoría de mexicanos devastada por el dogma de “empresarializar” la gestión pública, pensamiento fijo que ha debilitado el interés público y desterrado el principio de solidaridad. Lo de la república amorosa es nada más para clausurar desde ahora el éxito de la campaña negra en su contra. Aunque las encuestas lo sitúan en tercer lugar, sería un error desdeñar su potencial crecimiento durante la campaña efectiva. El neoliberalismo va en retirada y AMLO se ofrece para darle su despedida.

La inasible

El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dio a conocer su ponencia sobre el proceso penal al que se encuentra sujeta la ciudadana francesa Florence Cassez. Su propuesta se sintetiza en la liberación de la inculpada por secuestro por fallas de la autoridad ministerial en el cumplimiento del debido proceso. No hace mucho, dos años si mal no recuerdo, a instancias de un procedimiento iniciado por un proyecto de la consultoría legal del Centro de Investigación y Docencia Económica, el mismo Juez llevó el caso de indígenas inculpados en la matanza de Acteal, Chiapas (Diciembre de 1997) Su ponencia prosperó hasta alcanzar la sentencia liberadora de los encarcelados. No llevar el debido proceso fue el fundamento para liberarlos. En ese trance se encuentra Florence Cassez.

No tuvo la misma suerte el ministro Zaldívar cuando presentó su ponencia respecto al incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. No le alcanzó para meter a la cárcel a quienes tenían la concesión de la guardería, todos ellos influyentes, y altos funcionarios involucrados. No pasó nada, o pasó con empleados de otra jerarquía.

No me voy a meter con la cuestión técnica, no soy quién. Pero sí quiero destacar el carácter inasible de la justicia, esa constante y crónica cualidad que se padece de manera endémica. Hay quienes tienen fuero, hay quienes les alcanza la influencia de quienes tienen fuero y hay quienes tienen el dinero para no ser tocados por la espada de la justicia. En México se padece una desigualdad enorme entre una minoría que accede a los beneficios de la ley y una mayoría que por ignorancia y falta de recursos recibe condenas de privación de la libertad. Los individuos así procesados terminan por graduarse como delincuentes en el sistema carcelario.

Reformas al sistema de impartición de justicia van, reformas vienen. La administración de la justicia se mantiene en los usos y costumbres establecidos en la noche del tiempo. Sólo cuando un caso se hace escandaloso, es decir, alcanza relevancia mediática, se exhibe el páramo donde ocurre la “justicia” con tal rotundidad como para nombrarla la inasible. El pasmo ocupa el vacío entre la convicción de un proyecto de sentencia y la sentencia finalmente declarada. Una desazón devastadora inunda las conciencias sobre las seguridades y certidumbres de una aplicación de la justicia que ratifique la vigencia de un orden de convivencia social. Nada de eso. Al contrario, alienta la confrontación, el resentimiento. Como si se tratara de purgar toda solidaridad que es la costura del llamado “tejido social” (Cosa curiosa, uno escucha las excitativas a recomponer el “tejido social” durante las campañas y en nada se refieren a la solidaridad) por innecesaria o superflua al efecto purificador del individualismo egoísta.  

Sea cual fuere la resolución del caso, se requiere de un esfuerzo institucional para hacer de la justicia un factor de cohesión social, generador de confianza en las instituciones.