El Pacto Social

Ya avanzamos en el punto de cómo los Estados Unidos se han hecho imprescindibles y decisivos en las decisiones del Estado mexicano.

Pasemos al segundo punto. Las reformas ocurridas en el último tercio del siglo pasado y el presente -con ello referimos la transición- han prescindido del elemento que contuvo el México Bronco: el Pacto Social.

Con el Pacto Social, expresado en la Constitución, se dio la certeza de que cada fuerza social estaba comprometida con el Presidente en turno a cambio de una contraprestación. Desde campesinos, obreros, grupos populares y empresarios, exceptuando a el clero. Pero se decidió disminuir ese pacto, dar un giro de 180° para sustituir el pacto por una sumisión del gobierno a la cúpula empresarial y eclesiástica. Desde el gobierno priísta se modificaron las reglas. Que lo tenga presente Enrique Peña Nieto.

El reconocimiento de las iglesias significó darle legitimidad y visibilidad a la intervención política de la iglesia católica en los asuntos públicos. La reforma al artículo 24 contitucional que ahora está en el Congreso es ominosa redundancia. De qué ha servido: de nada. La jerarquía católica no ha aportado una mejor convivencia nacional, por el contrario, se ha exhibido como ente corruptor de menores (la pederastia) cómplice de narcotraficantes y, todavía peor, su reconocimiento en nada contribuyo a la fortaleza de la unidad familiar. La familia se ha hecho más disfuncional que nunca. Bien se le tendría que exigir al Papa Benedicto XVI en su próxima visita a México que pida perdón por todos los males que se han hecho en el nombre de Cristo de parte de su iglesia. México era más decente antes de la primera visita papal en 1979, digo, por usar un lenguaje mochilo-panista.

La reforma al artículo 27 Constitucional, con todo y los buenos propósitos de destruir el paternalismo, promover inversiones y liberar de la tutela estatal a los campesinos, al final sus resultados no son los mejores. El paternalismo se restringió a otorgar subsidios estúpidamente, en especial a favor de los agronegocios, de quienes ya estaban formados empresarialmente y no necesitaban de ellos (lo peor es que esos agroempresarios además son ahora funcionarios públicos) Las inversiones privadas no reactivaron al campo porque no llegaron como se estimó (alguien se acuerda de las asociaciones en participación) Los campesinos, ya sin tutela, prefirieron emigrar o formar parte de las quinientas mil familias que integran el narco (cifra proporcionada por la Defensa Nacional)

Carlos Salinas de Gortari, astuto, consideró que no se podía gobernar sin pactos y durante un tiempo fue su artífice. Ido él, se ha gobernado sin pactos. Desde Zedillo todo ha sido una rebatinga que ha incidido en la descomposición social comentada. La gestión de los subsidios, bajo un esquema corruptible, no ha generado ni ciudadanía, ni riqueza, tampoco una generalizada calidad de vida. Y el colmo es que los que más tienen son los beneficiarios distintivos de los subsidios. Es el caso del FOBAPROA o IPAB, un descomunal subsidio para los banqueros. El país está peor. El crimen organizado, según dichos oficiales, ya controla parte del territorio nacional.

¿Qué tenemos que hacer para revertir el desbarajuste nacional? Un nuevo Pacto Social, aunque no sea del agrado de los Estados Unidos, de la iglesia católica, de los grandes empresarios y del gremialismo corrupto.

Quién, de los presidenciables, está dispuesto a signar un nuevo pacto social.