El Ministro Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea, dio a conocer su ponencia sobre el proceso penal al que se encuentra
sujeta la ciudadana francesa Florence Cassez. Su propuesta se sintetiza en la
liberación de la inculpada por secuestro por fallas de la autoridad ministerial
en el cumplimiento del debido proceso. No hace mucho, dos años si mal no
recuerdo, a instancias de un procedimiento iniciado por un proyecto de la
consultoría legal del Centro de Investigación y Docencia Económica, el mismo
Juez llevó el caso de indígenas inculpados en la matanza de Acteal, Chiapas
(Diciembre de 1997) Su ponencia prosperó hasta alcanzar la sentencia liberadora
de los encarcelados. No llevar el debido proceso fue el fundamento para
liberarlos. En ese trance se encuentra Florence Cassez.
No tuvo la misma suerte el
ministro Zaldívar cuando presentó su ponencia respecto al incendio de la
Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. No le alcanzó para meter a la cárcel a
quienes tenían la concesión de la guardería, todos ellos influyentes, y altos
funcionarios involucrados. No pasó nada, o pasó con empleados de otra
jerarquía.
No me voy a meter con la cuestión
técnica, no soy quién. Pero sí quiero destacar el carácter inasible de la
justicia, esa constante y crónica cualidad que se padece de manera endémica.
Hay quienes tienen fuero, hay quienes les alcanza la influencia de quienes
tienen fuero y hay quienes tienen el dinero para no ser tocados por la espada
de la justicia. En México se padece una desigualdad enorme entre una minoría
que accede a los beneficios de la ley y una mayoría que por ignorancia y falta
de recursos recibe condenas de privación de la libertad. Los individuos así
procesados terminan por graduarse como delincuentes en el sistema carcelario.
Reformas al sistema de
impartición de justicia van, reformas vienen. La administración de la justicia
se mantiene en los usos y costumbres establecidos en la noche del tiempo. Sólo
cuando un caso se hace escandaloso, es decir, alcanza relevancia mediática, se
exhibe el páramo donde ocurre la “justicia” con tal rotundidad como para
nombrarla la inasible. El pasmo ocupa el vacío entre la convicción de un
proyecto de sentencia y la sentencia finalmente declarada. Una desazón
devastadora inunda las conciencias sobre las seguridades y certidumbres de una
aplicación de la justicia que ratifique la vigencia de un orden de convivencia
social. Nada de eso. Al contrario, alienta la confrontación, el resentimiento.
Como si se tratara de purgar toda solidaridad que es la costura del llamado
“tejido social” (Cosa curiosa, uno escucha las excitativas a recomponer el
“tejido social” durante las campañas y en nada se refieren a la solidaridad)
por innecesaria o superflua al efecto purificador del individualismo egoísta.
Sea cual fuere la resolución del
caso, se requiere de un esfuerzo institucional para hacer de la justicia un
factor de cohesión social, generador de confianza en las instituciones.
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