La temperatura política se ha elevado demasiado. Cuando la clase política está en los trabajos que desahoguen las reformas política y fiscal, el arreglo mínimo desde el cual transitar la segunda administración federal en manos del Partido Acción Nacional, dos actores no institucionales acorralan al gobierno.
Primero el empresario chino-mexicano, Zhenli Ye Gon, que enfrenta los cargos por delitos contra la salud, se mantiene en el escenario y por medio de su abogado tiene emplazado al gobierno mexicano a que desista de la persecución judicial para convenir un arreglo extrajudicial. Le ha dado de plazo al gobierno hasta el día 18 de julio, fecha en la que se promete un nuevo ataque mediático. O sea que para la semana próxima el gobierno somete al presunto delincuente o se somete él.
Para darle más credibilidad a los dichos, el secretario de Comunicaciones y Transportes, aludido en este pleito, toma días de vacaciones para contratar un despacho de abogados en Nueva York y contra atacar. Como si no tuviera asuntos más importantes el señor Lozano Alarcón, las mentiras del chino mexicano lo han movilizado, lo han sacado momentáneamente de sus tareas.
Todavía más, de acuerdo a lo publicado por El Universal, ahora se relaciona a ZYG con Ignacio Morales Lechuga, quien a través de su notaría número 116, fedató la constitución de empresas y negocios del empresario prófugo. El mismo abogado que en sus tiempos de Procurador General de la República, por ahí de 1991, le tocó un enfrentamiento cruento entre militares y judiciales por un asunto nunca bien aclarado de trasiego de droga. El mismo abogado que vendió sus servicios al argentino mexicano Carlos Ahumada, y desapareció de la escena cuando los videoescándalos hicieron crisis. El mismo abogado que hace poco fue orador en un evento oficial presidido por el presidente Calderón y su esposa, la firma de la Alianza por un México Sano el treinta de abril pasado en Palacio Nacional. Bueno, Morales Lechuga es un inmejorable informante que en mucho puede ayudar a neutralizar la estratagema de ZYG si se decide.
Para subir la temperatura política ha reaparecido el Ejército Popular Revolucionario, la guerrilla mala diría Ernesto Zedillo. Las explosiones en instalaciones de PEMEX asentadas en el Bajío han provocado pérdidas millonarias en esa región y sus alrededores. El suministro de combustibles se reanuda hasta hoy viernes. Unánimemente, la opinión pública coincide en señalar la frágil protección que tiene el país en instalaciones de alto riesgo que son materia de seguridad nacional. La respuesta del gobierno es redoblar la vigilancia o ponerla a funcionar, en virtud de que los efectivos militares encargados han estado ocupados masivamente en el combate al narcotráfico. Se ha limitado, a través de la PGR, a negar que haya dos milicianos del EPR retenidos por de la autoridad desde el mes de mayo. El mismo presidente Calderón ha declarado: "Mientras construimos, unos destruyen lo que es de la nación".
En concreto, lo único que se tiene es un operativo militar para reforzar la seguridad de las instalaciones de PEMEX. Del EPR nada ha dicho el gobierno de acciones por desarrollar, si los va a perseguir o los quiere contactar. Parece que el gobierno tiene otras prioridades, como lanzar puyas al gobierno de la Ciudad de México. Y su partido, el PAN, está más interesado por atender las solicitudes de la iglesia católica, que con el garlito de la “libertad religiosa” buscan cancelarla con reformas a los artículos tercero, 24 y 130 de la Constitución (La Jornada). Este verano Felipe Calderón está dando muestras contundentes de sus limitaciones para gobernar.
En medio del pasmo, frívolamente se discute la nacionalidad del jefe de la oficina presidencial con sede en Los Pinos. Si las cosas pueden estar peor bien se puede imaginar en la distracción futurista tres candidaturas presidenciales para el 2012: Juan Camilo Mouriño, Carlos Ahumada y Zhenli Ye Gon para Presidentes.
Primero el empresario chino-mexicano, Zhenli Ye Gon, que enfrenta los cargos por delitos contra la salud, se mantiene en el escenario y por medio de su abogado tiene emplazado al gobierno mexicano a que desista de la persecución judicial para convenir un arreglo extrajudicial. Le ha dado de plazo al gobierno hasta el día 18 de julio, fecha en la que se promete un nuevo ataque mediático. O sea que para la semana próxima el gobierno somete al presunto delincuente o se somete él.
Para darle más credibilidad a los dichos, el secretario de Comunicaciones y Transportes, aludido en este pleito, toma días de vacaciones para contratar un despacho de abogados en Nueva York y contra atacar. Como si no tuviera asuntos más importantes el señor Lozano Alarcón, las mentiras del chino mexicano lo han movilizado, lo han sacado momentáneamente de sus tareas.
Todavía más, de acuerdo a lo publicado por El Universal, ahora se relaciona a ZYG con Ignacio Morales Lechuga, quien a través de su notaría número 116, fedató la constitución de empresas y negocios del empresario prófugo. El mismo abogado que en sus tiempos de Procurador General de la República, por ahí de 1991, le tocó un enfrentamiento cruento entre militares y judiciales por un asunto nunca bien aclarado de trasiego de droga. El mismo abogado que vendió sus servicios al argentino mexicano Carlos Ahumada, y desapareció de la escena cuando los videoescándalos hicieron crisis. El mismo abogado que hace poco fue orador en un evento oficial presidido por el presidente Calderón y su esposa, la firma de la Alianza por un México Sano el treinta de abril pasado en Palacio Nacional. Bueno, Morales Lechuga es un inmejorable informante que en mucho puede ayudar a neutralizar la estratagema de ZYG si se decide.
Para subir la temperatura política ha reaparecido el Ejército Popular Revolucionario, la guerrilla mala diría Ernesto Zedillo. Las explosiones en instalaciones de PEMEX asentadas en el Bajío han provocado pérdidas millonarias en esa región y sus alrededores. El suministro de combustibles se reanuda hasta hoy viernes. Unánimemente, la opinión pública coincide en señalar la frágil protección que tiene el país en instalaciones de alto riesgo que son materia de seguridad nacional. La respuesta del gobierno es redoblar la vigilancia o ponerla a funcionar, en virtud de que los efectivos militares encargados han estado ocupados masivamente en el combate al narcotráfico. Se ha limitado, a través de la PGR, a negar que haya dos milicianos del EPR retenidos por de la autoridad desde el mes de mayo. El mismo presidente Calderón ha declarado: "Mientras construimos, unos destruyen lo que es de la nación".
En concreto, lo único que se tiene es un operativo militar para reforzar la seguridad de las instalaciones de PEMEX. Del EPR nada ha dicho el gobierno de acciones por desarrollar, si los va a perseguir o los quiere contactar. Parece que el gobierno tiene otras prioridades, como lanzar puyas al gobierno de la Ciudad de México. Y su partido, el PAN, está más interesado por atender las solicitudes de la iglesia católica, que con el garlito de la “libertad religiosa” buscan cancelarla con reformas a los artículos tercero, 24 y 130 de la Constitución (La Jornada). Este verano Felipe Calderón está dando muestras contundentes de sus limitaciones para gobernar.
En medio del pasmo, frívolamente se discute la nacionalidad del jefe de la oficina presidencial con sede en Los Pinos. Si las cosas pueden estar peor bien se puede imaginar en la distracción futurista tres candidaturas presidenciales para el 2012: Juan Camilo Mouriño, Carlos Ahumada y Zhenli Ye Gon para Presidentes.