Lo que viene

Sigue candente la confrontación entre el gobierno y el Sindicato Mexicano de Electricistas. La provocación está a la orden del día y, fuera de desplantes autoritarios de parte del gobierno, no se ve claro que quiere Calderón y compañía. Acaso vengarse de un dirigente sindical que apoya a López Obrador o acabar con los abusos de los dirigentes sindicales. Si es lo primero es como volverle a dar reflectores a AMLO. Si se trata de una estrategia para someter a los dirigentes sindicales se esperaría un efecto dominó ¿De veras quiere eso Felipe Calderón y su grupo? Pegarle a Elba Esther, Romero Deschamps, Hernández Juárez, Joel Ayala y demás dirigentes vitalicios. Si es esto último, que el gobierno nos informe que va a hacer ante la respuesta del sindicalismo. Algo debe tener preparado y no su manido fuego mediático, costoso e inútil.

A este gobierno, presidido conspicuamente por abogados de la Escuela Libre de Derecho, todo le sale mal precisamente por la ruta que debería tener mejor dominada: la ley.

Para no ir muy lejos, recordemos el caso de Ramsés Villarreal Gómez, estudiante de la UAM al que le cargaron la serie de explosiones del mes de septiembre pasado en Bancos y establecimientos comerciales. Al joven lo bajaron de un trasporte colectivo, lo resguardaron y, posteriormente, lo llevaron ante un juez que no encontró en el expediente que le fue presentado delito que perseguir. Una investigación mal hecha, basada en una fotografía y, es de suponerse, en un expediente de la policía política (CISEN): sin pruebas que acreditaran la culpabilidad del joven. El juez cumplió con su obligación y se liberó a Ramsés. Realmente la PGR actuó como en tiempos que se creían ya superados. Lo grave es el proceder autoritario que a todos los ciudadanos nos deja en la total indefensión. Así se estrenó el flamante procurador de la república Arturo Chávez Chávez.

Las muestras de incompetencia están a la vista y no hay manera de engañar. Será creíble lo que dijo Juan Molinar Horcasitas ante los diputados, que la falta de inversiones en el sector comunicaciones y transportes obedece a las normas vigentes que la obstaculizan. Posición esgrimida por su antecesor y que hoy, el mismo Luis Téllez, sigue repitiendo como lorito: “mejorar el sistema jurídico, pide Téllez (El Financiero) Si ese es el problema de inversión en infraestructura, cómo se explica entonces la obra de Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard. Ellos no han pretextado el sistema jurídico y siguen haciendo obra. Haber ¿Cómo le hacen? Incurren en ilegalidades, son magos o sí saben hacer las cosas.

Dentro de los obstáculos para atraer inversión a México está la desconfianza que genera el propio gobierno. La sucesión de actos fallidos no es para entusiasmar. En caridad sea de Dios, qué no se dan cuenta que uno de los efectos de una mayor apertura democrática está en el hecho de que no se le puede engañar a la gente tan fácilmente. No estamos en tiempo de López Portillo, que con lujo de fuerza hizo uso del Ejército para someter a la Tendencia Democrática del SUTERM.

Mientras tanto, se está en espera de un acercamiento sincero entre las partes para el cual no está preparado Javier Lozano, pues como árbitro ha sido un burdo golpeador.

Mala nota

En el ámbito laboral, la toma de nota es el acto administrativo mediante el cual la autoridad competente reconoce una representación de los trabajadores de una empresa o rama de producción, liderazgo que ha sido avalado por la mayoría de los miembros de determinado sindicato. Es un trámite de rutina ¿Cuántas tomas de nota realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al año? Excepcionalmente la autoridad encarece ese reconocimiento y dentro de la excepción se encuentra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ocurrió el lunes 5 de octubre próximo pasado.

La justificación del secretario del trabajo ha sido autoritaria y precedida de una campaña en contra del sindicato –en los días previos a la negativa se rumoró hasta de un quinazo en contra de la dirigencia del SME. Una campaña que habla de la quiebra técnica de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, de la carga que representa para el erario el cumplimiento de las prestaciones del contrato colectivo de trabajo. No hay recursos suficientes y los que se tienen se derrochan en la ineficiencia. Es la campaña que se endereza a todo ente o empresa pública. Así fue con ferrocarriles nacionales y teléfonos de México, así es con Petróleos Mexicanos y no tanto con la Comisión Federal de Electricidad.

Esta campaña tiene un doble objetivo. Por un lado, tiene el propósito de preparar el camino a la inversión privada dentro de las empresas públicas. Por el otro, esta campaña persigue el desmantelamiento de los derechos adquiridos de los trabajadores que se plasman en su contrato ley. Al gobierno y a los empresarios el derecho laboral les parece costosísimo, pues limita la eficiencia y competitividad ¿De dónde surgió esta locura, se preguntan ellos con falsa ingenuidad, por institucionalizar los derechos laborales? Esa es una cuestión que olvidan o prefieren ignorar.

En el origen de las garantías de los trabajadores están los constantes conflictos que se dieron en el pasado entre los factores de la producción: capital y trabajo. La historia es nutrida. El derecho laboral se ideó como una fórmula para evitar o reconducir el conflicto obrero-patronal, fue resultado de los arreglos posteriores a contiendas revolucionarias o reformistas, como el movimiento de 1910 en México. Movimiento que, por cierto, se hará centenario el próximo año y no se ve cómo el gobierno panista lo pueda celebrar.

Hoy, ese derecho es despreciado y le urge a la oligarquía minimizarlo. De ninguna manera lo aquí expuesto es una defensa de mafias sindicales, ese es otro tema.

El gobierno de Calderón y la cúpula empresarial tienen la solución radical. Nada de reformitas. El gobierno se puede proponer eliminar físicamente a los pobres. Los empresarios, por su parte, eliminar a los trabajadores asalariados. Así ya no tendrán que inventar impuestos para atender a los pobres, ni tendrán que lidiar con el derecho laboral. Muerto el perro, se acabó la rabia. Es una solución idiota y algo parecido se le ocurrió a Adolf Hitler respecto a los judíos.

De la plutocracia rampante todo se puede esperar. Pueden consentir que padezcan las finanzas públicas por el Fobaproa, pueden tolerar por negligencia de los responsables que se incendie una guardería con todo y criaturas. Pero cómo le enfurece la aspiración pequeño buerguesa del trabajador por alcanzar una jubilación con el salario íntegro. Esa es la ambición desmedida que algunos gremios han osado alcanzar.