En el ámbito laboral, la toma de nota es el acto administrativo mediante el cual la autoridad competente reconoce una representación de los trabajadores de una empresa o rama de producción, liderazgo que ha sido avalado por la mayoría de los miembros de determinado sindicato. Es un trámite de rutina ¿Cuántas tomas de nota realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al año? Excepcionalmente la autoridad encarece ese reconocimiento y dentro de la excepción se encuentra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ocurrió el lunes 5 de octubre próximo pasado.
La justificación del secretario del trabajo ha sido autoritaria y precedida de una campaña en contra del sindicato –en los días previos a la negativa se rumoró hasta de un quinazo en contra de la dirigencia del SME. Una campaña que habla de la quiebra técnica de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, de la carga que representa para el erario el cumplimiento de las prestaciones del contrato colectivo de trabajo. No hay recursos suficientes y los que se tienen se derrochan en la ineficiencia. Es la campaña que se endereza a todo ente o empresa pública. Así fue con ferrocarriles nacionales y teléfonos de México, así es con Petróleos Mexicanos y no tanto con la Comisión Federal de Electricidad.
Esta campaña tiene un doble objetivo. Por un lado, tiene el propósito de preparar el camino a la inversión privada dentro de las empresas públicas. Por el otro, esta campaña persigue el desmantelamiento de los derechos adquiridos de los trabajadores que se plasman en su contrato ley. Al gobierno y a los empresarios el derecho laboral les parece costosísimo, pues limita la eficiencia y competitividad ¿De dónde surgió esta locura, se preguntan ellos con falsa ingenuidad, por institucionalizar los derechos laborales? Esa es una cuestión que olvidan o prefieren ignorar.
En el origen de las garantías de los trabajadores están los constantes conflictos que se dieron en el pasado entre los factores de la producción: capital y trabajo. La historia es nutrida. El derecho laboral se ideó como una fórmula para evitar o reconducir el conflicto obrero-patronal, fue resultado de los arreglos posteriores a contiendas revolucionarias o reformistas, como el movimiento de 1910 en México. Movimiento que, por cierto, se hará centenario el próximo año y no se ve cómo el gobierno panista lo pueda celebrar.
Hoy, ese derecho es despreciado y le urge a la oligarquía minimizarlo. De ninguna manera lo aquí expuesto es una defensa de mafias sindicales, ese es otro tema.
El gobierno de Calderón y la cúpula empresarial tienen la solución radical. Nada de reformitas. El gobierno se puede proponer eliminar físicamente a los pobres. Los empresarios, por su parte, eliminar a los trabajadores asalariados. Así ya no tendrán que inventar impuestos para atender a los pobres, ni tendrán que lidiar con el derecho laboral. Muerto el perro, se acabó la rabia. Es una solución idiota y algo parecido se le ocurrió a Adolf Hitler respecto a los judíos.
De la plutocracia rampante todo se puede esperar. Pueden consentir que padezcan las finanzas públicas por el Fobaproa, pueden tolerar por negligencia de los responsables que se incendie una guardería con todo y criaturas. Pero cómo le enfurece la aspiración pequeño buerguesa del trabajador por alcanzar una jubilación con el salario íntegro. Esa es la ambición desmedida que algunos gremios han osado alcanzar.
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