Qué hay en el fondo

43 estudiantes desaparecidos, después del ataque de policías municipales de Iguala, Guerrero, a una movilización de la Normal Rural Isidro Burgos. 26 de septiembre de 2014 es ya efemérides.

Estos hechos violentos han tenido recepción tal en la sociedad civil, al grado de incentivar marchas de protesta por todo el país.

Es lo que se ve en la superficie. Pero, qué hay en el fondo: el destape de un orden político que no encuentra como cubrir abusos e iniquidades provenientes de su propia configuración ejercidos en contra de la población. Orden político que desborda su recipiente electoral, formalmente democrático.

Si bien el proceso reformador de estructuras, con sus tres décadas a cuestas de implantación y ejecución, no ha modificado patrones de corrupción e impunidad del sistema. El sistema si ha sufrido alteraciones en la valencia de sus actores en varios puntos:

Disminución de la rectoría del Estado, sustituida por mecanismos de “mercado” (La reforma energética es la culminación de ese proceso).

Fin del pacto Estad-campesinos con la finalización del reparto agrario (Ley Agraria de 1991).

Fin del pacto entre obreros y el Estado, después de suprimirse la tutela del Estado en materia laboral (Reforma liquidadora de la Ley Federal del Trabajo de 2013).

Fin del pacto del Estado con el magisterio, brazo político electoral del régimen en turno (Cancelado con la reforma educativa del 2013).

Esto por lo que se refiere a la base social del régimen. Pero el nuevo arreglo no se detiene ahí, en privilegiar la interlocución de los gobernantes con la cúpula empresarial.

Las sucesivas reformas electorales, además de servir de sustento a una clase política parasitaria, han prohijado el protagonismo de los gobernadores (Si se fijan, lo que va del siglo habría quedado presidido por presidentes que primero fueron gobernadores, nada más que los empresarios le cerraron la puerta a López Obrador ante la mirada impotente del ya fenecido Instituto Federal Electoral).

Los gobernadores ya no tienen el filtro presidencial que los ungía, tienen su fuerza propia, hasta cierto punto, pues se ha generado una dependencia fuera de la ley con el crimen organizado. Mientras antes el Estado modulaba y contenía la acción del narcotráfico a través de los jefes de zona militar. 

El nuevo performance de los gobernadores se convirtió en la oportunidad de los criminales organizados para llegar a nuevos “arreglos” –para empezar el llamado maxiproceso de Mario Villanueva en Quintana Roo- e imponer condiciones hasta en municipios como el de Iguala, en boca de todos.

Si este es el fondo, entonces nos podemos explicar la proliferación incontinente de sucesos criminales. Descifrar la cara de angustia del procurador general de la república. Predecir un año difícil para la autoridad electoral pues se estremecen sus parámetros de autorreferencia, de contar y validar votos, sin capacidades para afrontar consecuencias perversas de la intromisión del dinero sucio en las campañas ¡Precisamente lo que quería evitar Ernesto Zedillo con su reforma política! Ironía de la historia.

No es la primera vez que irrumpe el protagonismo de los gobernadores, fue un síntoma del fin de la dictadura porfirista. Acordarse del papel de Venustiano Carranza.

Como recomendar a Mary Shelley y su Frankenstein, para lectura de los reformadores.