La discusión de mayo

Estamos en una nueva fase de combate al coronavirus SAR-COV2. Con el programa de vacunación la inmunización de la población es generalizada. Ante los constantes ataques hacia sus personas, las autoridades responsables de salud salieron adelante, sin bajar el nivel del diálogo soportaron descalificaciones e insultos, no desmayaron hasta declarar misión cumplida. La reconfiguración de los servicios públicos de salud es el nuevo reto.

Lenta, aunque no con la velocidad que se desearía, las acciones contra la inseguridad se abren paso. En lo personal me gusta esa sección de la mañanera que lleva el nombre de “cero impunidad”, un parte policíaco sobre la comisión de homicidios y la persecución de los presuntos criminales. Extrañamente, los periodistas que asisten a la mañanera no preguntan sobre lo informado, tampoco los medios tradicionales insisten en la difusión de lo ahí vertido.

Abril del 2022 quedará en el calendario como el mes en el que se restituyó, al menos parcialmente, la soberanía energética. Un álgido debate parlamentario, sin acuerdos definitivos pues se malograron el día de la votación. Con nitidez se pudo apreciar la diferencia entre la representación popular y la representación de intereses particulares que comparten el Poder Legislativo, aunque formalmente todos o casi todos son representantes populares.

Cierra el mes con el anuncio en sociedad de la iniciativa presidencial de reforma política electoral. Un tema siempre abierto y sigue sin encontrar la versión definitiva, es ya la discusión de mayo. Desde 1977 levamos reforma tras reforma, se avanza para finalmente darnos cuenta de que en los detalles técnicos está el diablo. Sería bueno que la comisión encargada elaborará una exposición de motivos, en la cual se enlistaran los vicios detectados a lo largo del tiempo. Pablo Gómez está muy al tanto de ello, pues la discusión de las distintas reformas políticas son parte de su vida.

Porque el dinero, antes que los diversos intereses populares, diluye el pluralismo y desvanece los principios que supuestamente distinguen a los partidos. Si los principios prevalecieran no existiría el “chapulinismo” ni los “moches”. Pareciera que el diseño de instituciones electorales tuviera como fin el enriquecimiento de los políticos para sustraerlos del servicio público al que los obliga el voto popular. Y qué decir de la tecnocracia que dirige al INE, al servicio de intereses partidarios y de un grupito de universitarios, totalmente despreocupada por tomar el pulso al sentir popular. Se ciñe a un guion de contaduría y administración electoral.

Más allá de lo electoral, una reforma política profunda tiene que poner límites claros entre la política como profesión al servicio de los ciudadanos y la política como palanca de enriquecimiento particular. Si en algo se han significado las anteriores reformas es por la distribución de recursos públicos, de bolsas de billetes, que terminan por enajenar a los políticos de sus principios y de lo que dicen representar. En este sentido, 1988 fue un antes y un después. Los líderes panistas pasaron de la medianía a la riqueza. A los priístas les surgieron virtudes empresariales con cargo al erario. En el balance de 45 años de reformas, el dinero ha sido el corruptor de la democracia.