martes, 12 de febrero de 2013

La pinza pendiente

La estrategia anticrimen, en contra del crimen bien armado y de actividad diversificada –drogas, extorsión y secuestro- ha integrado el día de hoy el componente de la prevención social del delito y la violencia. Bien por el gobierno. Desde el estado de Aguascalientes el presidente Enrique Peña Nieto anuncia el programa ídem y su correspondiente comisión intersecretarial conducida por la Secretaría de Gobernación. Atacar las causas estructurales, no se mencionan, que se encuentran, eso quiero entender, en la marginación y la desigualdad social. Es un paso que tarde o temprano tendrá que poner atención en la economía.
Para esta línea no se requiere tanto de la fuerza pública, del uso de las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina, así como de la Policía Federal que se mantendrán en el eje represivo, coercitivo, de sometimiento por la fuerza al crimen organizado. Tampoco se menciona a la Procuraduría General de la República, encargada de investigar y perseguir el delito, la otra pinza. De tal manera, con este tridente se tiene en el papel una estrategia completa. No me queda claro a qué viene la convocatoria asociada a las organizaciones de la sociedad civil. Es una responsabilidad de los tres niveles de gobierno indelegable, para eso son gobierno. De qué se trata esa convocatoria ¿De adoptar el modelo de las policías comunitarias que son expresión de la sociedad civil organizada?
Mucho cuidado se habrá en observar dentro del programa la no estigmatización de los pobres como portadores de la violencia por sus condiciones de vida precaria. Tampoco se puede omitir que desde la opulencia se tienen condiciones de mayor impunidad para participar en el crimen organizado, poco se ha avanzado en la investigación del sistema bancario, especulativo y financiero. Los delitos de cuello blanco pues.
Quiero creer que la investigación se está haciendo de manera consistente, sin intención política de grupo, facción o partido. Una manera de demostrarle a la sociedad de que la conducción de los asuntos públicos ha tomado un rumbo promisorio sería dejar plenamente esclarecido el teatro de desmanes que presenciamos el día primero de diciembre pasado. Con la misma expectativa esperamos la investigación del estallido en el complejo de PEMEX, edificio B2, del 31 de enero recién. Ya el secretario de gobernación ha sido claro al respecto según lo que se trascribe de Milenio.com:
“Pueden pasar una o dos semanas para determinar las causas de la explosión en el edificio B2 de Petróleos Mexicanos, pero aún no se puede determinar qué tipo de gas la detonó y lo que se diga hasta el momento son solo especulaciones, aseguró el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.”
“La experiencia internacional es que puede pasar una semana, dos semanas, varios días, hasta determinar exactamente el porqué, el tipo de gas que ocasionó esta tragedia y los otros factores”
 “Se está revisando a fondo, se está revisando toda la tubería que pasa para dar una explicación lo más cercana a la realidad. Es muy técnico lo que tiene y tiene que ser con gran certeza de que lo que ahora se informe sea estrictamente, al final, la conclusión de lo que ahí sucedió”.
“Osorio Chong dijo que los expertos de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República continúan sus indagatorias, por lo que será el propio procurador quien dará a conocer en su momento el avance de la investigación y en su caso fincar las posibles responsabilidades.”
Un gobierno legítimo no puede subrogar su voz por la de un ente privado, como mal hizo del director de PEMEX. De incurrir en dicha aberración sería como dinamitar el Estado de derecho. Por eso se espera que pronto la PGR dé los resultados fidedignos de la investigación y disponga lo conveniente en el convencimiento de cero impunidad.

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