Cómo la opinión pública se puede entretener en un escándalo que amenaza con desterrar las pretensiones cívicas de un real escrutinio público. Se tiene legislación y normatividad que obliga a la rendición de cuentas de los servidores públicos. Se tiene de parte del Ejecutivo una Secretaria de la Función Pública, una Auditoría Superior de la Federación dependiente del Legislativo, un organismos autónomo como el Instituto Federal de Acceso a la Información y una organización no gubernamental como Trasparencia Mexicana. Se dispone de presupuesto y un ejército de burócratas. Y todo ese conglomerado de recursos de nada ha servido ante la exhibición que Andrés Manuel López Obrador y el Frente Amplio Progresista han hecho del secretario en Gobernación Juan Camilo Mouriño.
Ahora resulta que se trata sólo de siete contratos que firmó Mouriño con PEMEX en su calidad de apoderado de una empresa familiar, siendo el exhibido servidor público en funciones. Se dice que no fue mucho dinero y que ni beneficio mucho a la familia, que otros hacen lo mismo. Pero el problema no son siete contratos, que hubieran sido más sino lo frena a tiempo uno de sus allegados, presumiblemente. El problema es que el funcionario no se cuestionó moralmente la incompatibilidad entre el servicio público y la representación empresarial en una área de claro conflicto de intereses. El patrimonialismo se le dio tan naturalmente, como a sus antepasados peninsulares en tiempos de la Colonia.
Si el día 28 febrero declaró, después de una insustancial explicación, que no iba a perder el tiempo atendiendo el ataque de los que sólo actúan por dolo y mezquindad, pronto faltó a su palabra y se dedicó a dar entrevistas exclusivas en las que era tratado entre algodones, lo que en nada abonaba a su causa. Fue hasta el martes pasado que Mouriño decidió encauzar legalmente su defensa, demasiado tarde para su imagen pública. Tan dañado está, que ha sido desde Los Pinos que se ha ordenado la defensa del funcionario, lo apapachan mostrando inusual pasión. Desde el gobierno se asumen costos sin importar la depreciación de Mouriño como interlocutor non de la agenda nacional.
El gobierno ha optado por empapelar el asunto dejándolo en manos de la PGR, la que seguramente no hará una investigación imparcial. Blanquear los siete contratos no les representará mayor problema si lo que se quiere es evitar una investigación a fondo y asegurar la exculpación. Lo que no se puede ocultar es que Juan Camilo llegó a Gobernación para darle cohesión a un desdibujado gabinete y ese propósito no se ha visto colmado en dos meses de gestión. Y el problemón es que se ha juntado la duda sobre la honorabilidad del funcionario y el proceso de reforma energética. Torpemente se quiere abrir paso en este debate con spots, de la misma manera Fox quiso impulsar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Al tiempo que el presidente Calderón se dedica a defender a su favorito por interpósitas personas, no de manera tan abierta como Fox sí lo hizo con Marta Sahagún.
A todo esto hay una historia soterrada en PEMEX durante la gestión calderonista, que no ha salido a la luz pública salvo por esporádicas filtraciones, el intervensionismo de Mouriño en la gestión de Jesús Reyes Heroles González Garza. Ya desde el inicio de esta administración se ha mencionado la incrustación de directivos leales a JCM, la inducción de contratos con el cuidado de no dejar firmas documentadas. Durante todo el año pasado aparecían menciones de una inminente salida del director de PEMEX. Para no ir más lejos, el tema fue retomado por el periodista Roberto Rock (El Universal) a propósito del nombramiento de Mouriño. “Una encomienda expresa del presidente Calderón al nuevo huésped del Palacio de Covián es negociar la reforma energética, que tantas ambiciones despierta entre consorcios nacionales y extranjeros interesados en repartirse al cada vez más debilitado Petróleos Mexicanos. De su director, Jesús Reyes Heroles, se asegura que ha renunciado en tres ocasiones, desesperado por la falta de apoyo. Líderes sindicales de Pemex confiaron a este espacio que a finales del año pasado un “alto personaje” de Los Pinos les confirmó que la salida de Reyes Heroles ocurriría en las primeras semanas de este 2008. ¿Quién habrá sido el intrigoso que reveló semejante secreto?”
Por eso es exagerado concluir que el affaire Mouriño es proveído por una sola fuente: la maldad de AMLO. Es, eso sí, resultado de la disputa extra institucional entre las élites.
Y sobre la base del escándalo una triste realidad que no se reduce a un personaje, ni a un sólo partido: el escrutinio público no es una institución sólida del Estado Mexicano.
Ahora resulta que se trata sólo de siete contratos que firmó Mouriño con PEMEX en su calidad de apoderado de una empresa familiar, siendo el exhibido servidor público en funciones. Se dice que no fue mucho dinero y que ni beneficio mucho a la familia, que otros hacen lo mismo. Pero el problema no son siete contratos, que hubieran sido más sino lo frena a tiempo uno de sus allegados, presumiblemente. El problema es que el funcionario no se cuestionó moralmente la incompatibilidad entre el servicio público y la representación empresarial en una área de claro conflicto de intereses. El patrimonialismo se le dio tan naturalmente, como a sus antepasados peninsulares en tiempos de la Colonia.
Si el día 28 febrero declaró, después de una insustancial explicación, que no iba a perder el tiempo atendiendo el ataque de los que sólo actúan por dolo y mezquindad, pronto faltó a su palabra y se dedicó a dar entrevistas exclusivas en las que era tratado entre algodones, lo que en nada abonaba a su causa. Fue hasta el martes pasado que Mouriño decidió encauzar legalmente su defensa, demasiado tarde para su imagen pública. Tan dañado está, que ha sido desde Los Pinos que se ha ordenado la defensa del funcionario, lo apapachan mostrando inusual pasión. Desde el gobierno se asumen costos sin importar la depreciación de Mouriño como interlocutor non de la agenda nacional.
El gobierno ha optado por empapelar el asunto dejándolo en manos de la PGR, la que seguramente no hará una investigación imparcial. Blanquear los siete contratos no les representará mayor problema si lo que se quiere es evitar una investigación a fondo y asegurar la exculpación. Lo que no se puede ocultar es que Juan Camilo llegó a Gobernación para darle cohesión a un desdibujado gabinete y ese propósito no se ha visto colmado en dos meses de gestión. Y el problemón es que se ha juntado la duda sobre la honorabilidad del funcionario y el proceso de reforma energética. Torpemente se quiere abrir paso en este debate con spots, de la misma manera Fox quiso impulsar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Al tiempo que el presidente Calderón se dedica a defender a su favorito por interpósitas personas, no de manera tan abierta como Fox sí lo hizo con Marta Sahagún.
A todo esto hay una historia soterrada en PEMEX durante la gestión calderonista, que no ha salido a la luz pública salvo por esporádicas filtraciones, el intervensionismo de Mouriño en la gestión de Jesús Reyes Heroles González Garza. Ya desde el inicio de esta administración se ha mencionado la incrustación de directivos leales a JCM, la inducción de contratos con el cuidado de no dejar firmas documentadas. Durante todo el año pasado aparecían menciones de una inminente salida del director de PEMEX. Para no ir más lejos, el tema fue retomado por el periodista Roberto Rock (El Universal) a propósito del nombramiento de Mouriño. “Una encomienda expresa del presidente Calderón al nuevo huésped del Palacio de Covián es negociar la reforma energética, que tantas ambiciones despierta entre consorcios nacionales y extranjeros interesados en repartirse al cada vez más debilitado Petróleos Mexicanos. De su director, Jesús Reyes Heroles, se asegura que ha renunciado en tres ocasiones, desesperado por la falta de apoyo. Líderes sindicales de Pemex confiaron a este espacio que a finales del año pasado un “alto personaje” de Los Pinos les confirmó que la salida de Reyes Heroles ocurriría en las primeras semanas de este 2008. ¿Quién habrá sido el intrigoso que reveló semejante secreto?”
Por eso es exagerado concluir que el affaire Mouriño es proveído por una sola fuente: la maldad de AMLO. Es, eso sí, resultado de la disputa extra institucional entre las élites.
Y sobre la base del escándalo una triste realidad que no se reduce a un personaje, ni a un sólo partido: el escrutinio público no es una institución sólida del Estado Mexicano.
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