Según voceros del Movimiento
Progresista, la definición del Tribunal Electoral respecto a las impugnaciones presentadas para
“invalidar” la elección presidencial tiene que basarse en una diligencia
exhaustiva y analizar a fondo las “pruebas” presentadas. De no actuar así los
Magistrados, el estallido social que viene no lo podrán detener y no se harán
responsables de que ello ocurra. Lo que entienden por exhaustividad, por ir a
fondo, es conseguir la invalidación de la elección. O sea, estos voceros de la
izquierda solicitan ordenando, se exige y se advierte al Tribunal. Cuando es
sabido que las pruebas presentadas no demuestran la compra de voto, que
excederse en gastos de campaña –y aquí habría que considerar la posibilidad que
en materia de excesos cayeron todos y el Instituto Federal Electoral lo
demostrará en su oportunidad- no es causa para echar abajo una elección.
Entonces de lo que se trata es de meter
presión a un candidato ganador que todavía no está investido como
gobernante. Algo se quiere negociar o estoy equivocado.
Puede que esté equivocado y lo
que vemos con el histrionismo de Jesús Zambrano y de Alberto Anaya no es otra
cosa que un par de muñequitos con cuerda. Pero se trata de algo más explosivo y
real que una metáfora relativa al títere y el titiritero. No. Aquí lo que está
en el fondo del conflicto poselectoral es la irresponsabilidad de Felipe
Calderón por no conducir con orden y concierto la política de
telecomunicaciones, el de regalar a unos y encarecer a otros las concesiones
que otorga el Estado a particulares.
Ahí está el juego perverso que
sirve de caja de resonancia al conflicto poselectoral. No se entendería la
magnitud mediática que ha adquirido una impugnación mal sustentada sin la
disputa real entre Televisa, TV Azteca y Iusacel, que mantienen contra Telmex y
MVS Comunicaciones, por las concesiones del llamado espacio radioeléctrico.
Esto es, el problema de fondo no es electoral. Se trata de la disputa por la
riqueza que se puede sustraer con la comercialización de las mentadas
concesiones.
Para completar el cuadro de este
trepidante interregno, la ola de violencia vuelve a despuntar en la noticia.
Con cifras oficiales del INEGI se sostiene que de 2007 a 2011 se han cometido
en México 98 mil homicidios dolosos -más, menos. Hemos padecido una guerra mal
habilitada, generada por el consumo de drogas y la industria armamentista de allende
el Bravo. Cuyo episodio más vergonzoso ha sido el Operativo Rápido y Furioso,
instrumentado bajo sigilo por la autoridad norteamericana, con el cual se
facilitaba la exportación de armas a sabiendas de que caerían en manos de los
cárteles mexicanos y así después dar con ellos y su cargamento.
Un fiasco rotundo, una desgracia
para México en tanto teatro de operaciones de la mal llamada guerra. Y así
seguimos haciendo un registro macabro que no nos correspondería si desde un
inicio la claridad de medios y metas estuviera bien establecida en el
conocimiento público. No fue así y pronto se exhibió como una estrategia de
legitimación, después, se percibió como una estrategia de subordinación al
ámbito de la seguridad de los Estados Unidos. Hubo que darle visibilidad con la
Iniciativa Mérida. Y qué culpa tiene tan bonita capital del estado de Yucatán.
El juego se llama socavar el
proceso electoral.
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