Las primeras semanas de este año,
y los últimos días de 2012, se han dado noticias sobre la policía comunitaria
en el municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero. El tema se ha contoneado en
la prensa hasta que esta semana adquirió el perfil de una polémica, intercambio
de insultos consideró La Jornada,
entre el líder de la fracción priísta en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio
Beltrones, y el gobernador de Guerrero bajo las siglas del PRD, Ángel Heladio Aguirre
Rivero. La nuez del diferendo fue sobre la tolerancia a este tipo de
organización policíaca al margen del esquema legalmente establecido.
La novedad del caso es el
municipio que ahora dispone de este tipo de organización, el sistema
comunitario de justicia ya está establecido desde hace diecisiete años en
varios municipios de La Montaña y uno de la Costa Chica. Se encuentra difundido
públicamente en la red a través de la página (http://www.policiacomunitaria.org/ ) En este blog se encontrará la “justificación”
social del esquema, incluso se han elaborado artículos para publicaciones
académicas donde tratan de hacer inteligible desde el punto de vista jurídico
el fenómeno y en realidad se trata de apologías. Se exponen las bondades del
mecanismo comunitario que reeduca a los delincuentes para reintegrarlos a la sociedad.
La asamblea es la fuente de legitimidad de esta policía comunitaria y en esta
disposición idílica no queda bien establecida su vinculación con el Estado de
derecho.
No se trata nada más de colgarse de artículos constitucionales y acuerdos
internacionales para considerarse dentro de la ley. Tampoco es suficiente decir
que no están en contra del Estado. Lo crucial es que los promotores no perciben la fragilidad
de su estructura, que “funciona” en la medida de su aislamiento.
Lo cierto es que cuando el tema adquirió una mayor exposición en los
medios, con los sucesos de Ayutla de Los Libres, se supo de gente aprendida,
llevada a juicio y penalizada por obra y gracia de la asamblea y los usos y
costumbres. Se exhibió gente armada haciendo retenes y en todo esto no se ha
hecho visible el vínculo legal que garantice procedimientos trasparentes no
sólo a los ojos de las comunidades, sino al resto del país. Uno tan sencillo,
tal vez una nimiedad, como que se informe que el armamento mostrado está debidamente
registrado ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Nada se dice de cómo se
les adiestra a los policías comunitarios en el uso de rifles y pistolas o se
trata de una policía totalmente improvisada. Quién les da autorización para impedir
el libre tránsito por medio de retenes.
Se entiende que el actual gobernador defienda este sistema de autodefensa,
pues ya en sus tiempos de gobernador interino tuvo que mantener interlocución
con estas policías que existen desde noviembre de 1995. Lo inexplicable es que
no haya dado, desde entonces, una exposición sobre el vínculo que compromete a
estas organizaciones con el conjunto o tramos importantes del sistema jurídico
mexicano. Y si las dio en un principio el propio Aguirre Rivero, es extraño que
no se haya constituido en propagandista de tan exitoso mecanismo comunitario,
limitándose a dejarlo en una zona gris. Sin duda, se trató de un arreglo
pragmático en aras de la paz social en la región. Pero qué pasa si el modelo se
extiende a otros estados, como ya ha ocurrido, cómo van actuar los demás
gobernadores.
Es mucha la fragilidad expuesta como para no advertir los riesgos de la
ruptura de la gobernabilidad o será que hay mar de fondo del cual no estamos
enterados, pues no se vaya a trocar el Estado de derecho por el estado de
ebriedad.
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