Siempre es bueno saber que el gobierno le está ganando la guerra al crimen organizado, para reducirlo a su mínima expresión. Lástima que no se ofrezca la medida, el indicador, que sustancie a plenitud las afirmaciones oficiales. Una guerra en la que el aparato de seguridad, con el Ejército por delante, va solo. Está en manos del Poder Ejecutivo, pues los gobiernos estatales y municipales poco hacen, tal vez porque poco se destaca, o porque se trata de delitos federales. Una guerra que en los primeros días de este mes suma treinta ejecutados a la larga lista que se va acumulando en este sexenio, con altas posibilidades de convertirse en legado transexenal. Una guerra a la que no se le ve fin no puede cantar victoria.
Pero de otra negociación se trata esta entrega, la del de intercambio de agendas entre Poderes. El mes pasado, la Presidencia hizo sus movimientos para dejar en claro lo que pone sobre la mesa de los legisladores: las reformas energética y laboral, sin que ello signifique la presentación objetiva de un proyecto, sino la prioridad de intereses que tiene el Ejecutivo, que son los del capital en primer lugar. Que no quede ambigüedad, se trata de las reformas sobre las que más han insistido los empresarios: la privatización de la industria petrolera y eléctrica, la flexibilización de las reglas del mercado laboral.
Del lado del Congreso se encuentra la agenda de la reforma del Estado que tiene su plazo fatal el mes de abril. La inconclusa reforma electoral espera el nombramiento de los Consejeros del IFE. La creación de la figura de Jefe de Gabinete. La institución de un Consejo Económico y Social de Estado. La descentralización de las Delegaciones Federales. Y un punto muy importante, el ajuste a la reforma sobre justicia que ha sido sugerido por senadores, juristas y, de manera elocuente, por el coordinador del FAP: los contenidos que lesionan los derechos humanos y criminalizan la protesta son propios de un Estado de Sitio, afirma Porfirio Muñoz Ledo. También está en el mazo de cartas por abrir la legislación sobre radio y televisión y regulaciones a monopolios.
La agenda social, etiquetada en la nebulosa de las Garantías Sociales, queda entremetida en la negociación entre Poderes, intimidada en el debate que se da en los medios, extrovertida en la calle, la protesta nacional del jueves pasado así lo indica.
La negociación no debe fallar, no tanto por lo acertado de los acuerdos sino por el caso de que no se dieran. Ese fallo continuaría la dinámica de la división prevaleciente desde el 2005. La derecha en el gobierno afinando los instrumentos de la coerción. La izquierda, desde sus distintas posiciones, convocando a la movilización social. Quedando como único puente el PRI, poseedor de la mediocridad de oro que en el 2006 le fue menospreciada y que hoy, fuera del escenario de una elección presidencial, es revalorada frente a las expectativas económicas deprimentes.
Pero de otra negociación se trata esta entrega, la del de intercambio de agendas entre Poderes. El mes pasado, la Presidencia hizo sus movimientos para dejar en claro lo que pone sobre la mesa de los legisladores: las reformas energética y laboral, sin que ello signifique la presentación objetiva de un proyecto, sino la prioridad de intereses que tiene el Ejecutivo, que son los del capital en primer lugar. Que no quede ambigüedad, se trata de las reformas sobre las que más han insistido los empresarios: la privatización de la industria petrolera y eléctrica, la flexibilización de las reglas del mercado laboral.
Del lado del Congreso se encuentra la agenda de la reforma del Estado que tiene su plazo fatal el mes de abril. La inconclusa reforma electoral espera el nombramiento de los Consejeros del IFE. La creación de la figura de Jefe de Gabinete. La institución de un Consejo Económico y Social de Estado. La descentralización de las Delegaciones Federales. Y un punto muy importante, el ajuste a la reforma sobre justicia que ha sido sugerido por senadores, juristas y, de manera elocuente, por el coordinador del FAP: los contenidos que lesionan los derechos humanos y criminalizan la protesta son propios de un Estado de Sitio, afirma Porfirio Muñoz Ledo. También está en el mazo de cartas por abrir la legislación sobre radio y televisión y regulaciones a monopolios.
La agenda social, etiquetada en la nebulosa de las Garantías Sociales, queda entremetida en la negociación entre Poderes, intimidada en el debate que se da en los medios, extrovertida en la calle, la protesta nacional del jueves pasado así lo indica.
La negociación no debe fallar, no tanto por lo acertado de los acuerdos sino por el caso de que no se dieran. Ese fallo continuaría la dinámica de la división prevaleciente desde el 2005. La derecha en el gobierno afinando los instrumentos de la coerción. La izquierda, desde sus distintas posiciones, convocando a la movilización social. Quedando como único puente el PRI, poseedor de la mediocridad de oro que en el 2006 le fue menospreciada y que hoy, fuera del escenario de una elección presidencial, es revalorada frente a las expectativas económicas deprimentes.
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Febrero arrancó con elecciones locales en los estados peninsulares de Baja California Sur y Quintana Roo. Como es costumbre, el partido gobernante obtiene los mejores resultados, el PRD y el PRI respectivamente.
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