La negativa del gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es una decisión política. Negar la entrada de Telmex al negocio de la televisión de paga, como se anunció el sábado pasado, muestra toda la truculencia de un gobierno que no supo ser gobierno, de gobernantes desinteresados en gobernar pero dispuestos a perpetuarse en el poder a como dé lugar. Jurídicamente el gobierno tenía elementos para abrir ese tipo de concesión a Telmex, el asunto estaba en el cómo, en la letra que comprometiera a la empresa de Carlos Slim a hacer buen uso del servicio concesionado. Se prefirió poner al hombre más rico del mundo contra la pared.
La justificación económica tampoco se sostiene, la decisión no va a mejorar las tarifas a favor de los usuarios de las telecomunicaciones, tampoco garantiza un mejor servicio. De lo que se trata es sencillamente el aseguramiento del respaldo mediático del duopolio televisivo –Televisa y TV Azteca- al gobierno y su partido, al candidato presidencial que se disponga designar, sea quien sea. Fue una decisión electorera para mantener noche y día la imagen de un gobernante y un partido en detrimento de sus opositores políticos. No en balde el jueves pasado se dio la reunión en Los Pinos con los promotores de la Iniciativa México, el calor recíproco que se brindaron Emilio Azcárraga Jean y Felipe Calderón fue más que elocuente.
Fue un golpe, no se trató de un conjunto de acciones encaminadas a obtener mejores tarifas y servicios. Se afectó a uno para favorecer a unos cuantos, anulando a un competidor en el servicio de televisión de paga y retribuyendo las ganancias de los competidores de telefonía móvil al fijar una tarifa de interconexión a las costillas de Carlos Slim.
En uno de sus recientes paseos, de Felipe Calderón, en la ciudad de Nueva York afirmó que la autoridad está obligada a poner límites al mercado, lo decía de manera explícita para dirigirse al gigante de las telecomunicaciones, Telmex. Si realmente fuera una convicción de Calderón, la decisión comentada debió acompañarse de la imposición de tarifas tope a los servicios de telecomunicaciones, muy por debajo de cómo están en la actualidad, para que de esta manera la competencia se basara en la calidad de los servicios y no como se sigue haciendo, operando una verdadera extorsión de los consumidores. Y vaya que saben de esas prácticas empresas como Cablevisión o Unefon, por mencionar de las que más se quejan.
La decisión presidencial incide en los procesos electorales en curso y por venir, una operación semejante al arreglo que pactó Televisa con Vicente Fox para modificar el reglamento de Radio y Televisión. Los partidos opositores han quedado dañados en sus posibilidades de difusión frente a la apabullante propaganda oficial que se maximiza con el regalo a ciertos grupos empresariales. La decisión presidencial también afecta al empresariado, pues los obliga a sumarse como aliados incondicionales del gobierno para no ser tomados como enemigos. Les impone temor a los empresarios al tiempo que los incentiva a reclamar beneficios similares para empresas de otros sectores de la economía.
A la violencia del crimen organizado que se padece por gran parte del país, Felipe Calderón le ha agregado otros ingredientes de inestabilidad a los que se sumarán los reacomodos en el gabinete económico si Ernesto Cordero sale de Hacienda y Agustín Carstens sale de Banxico y se va a dirigir el Fondo Monetario Internacional.
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