Sé que los temas de la sucesión presidencial y de la violencia del crimen organizado en México acaparan la información proporcionada en los medios. Pero hay que escribir de otras cosas que también son de interés.
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Al concluir el gobierno de quien se denominó el último presidente de la revolución mexicana –José López Portillo- construir un esquema eficaz y eficiente de fiscalización del uso de los recursos públicos gubernamentales ha sido una tarea inacabada, incompleta, insatisfactoria, sin resultados contundentes y de procedimientos perdurables. Desde 1983, bajo la consigna de la “renovación moral de la sociedad”, que en realidad debió referirse a la renovación moral del servicio público, se instituyó la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), se creó burocracia para darle vida a elefantes blancos. Con dificultades esa dependencia duró una década con más pena que gloria. Para 1995 ya se tenía la dependencia de reemplazo, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) Tampoco sirvió para maldita la cosa. Con el cambio de siglo y la alternancia de manos partidista en el gobierno federal, acordarse de la oferta pintoresca de acabar las tepocatas y las víboras prietas, no se dio el giro prometido. La SECODAM fue sustituida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la corrupción tomó nuevos bríos. Tan potente ha sido el fortalecimiento de la corrupción, que si uno viaja al extranjero la primera asociación informativa que tienen de México es la corrupción. Es cierto que con el cambio de siglo entró en operación la Auditoría Superior de la Federación como aparato fiscalizador del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo, pero su margen de acción es limitado. A lo más que llega la ASF es a dar pie a un escándalo en los periódicos: no pasa nada. Hay otra institución secular, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) Un organismo autónomo que ha tenido que batallar con las reticencias de las oficinas de gobierno que se escudan en la reserva confidencial de la información pública y en el ejercicio de simulación que representan los portales gubernamentales. Dependencias y unidades responsables se las ingenian para no disponer de manera ágil y directa la información que la ley les obliga poner a disposición del público. Al final del día los portales oficiales que aparecen en la red desprecian la rendición de cuentas y terminan como un mecanismo de propaganda del gobierno. A veces ni para aplicar solicitudes de servicios sirven (Por ejemplo, sacar una cita para ser atendido por una clínica del ISSSTE es imposible, atender la renovación de la tarjeta de circulación vehicular en la Ciudad de México lo mismo)
Total, la rendición de cuentas es una deuda que tiene la clase política y los altos funcionarios con los ciudadanos y la sociedad en general. Si los políticos quieren llegar a una reconciliación con sus gobernados tienen que hacer efectivo y verdadero el combate a la corrupción. El actual esquema está dispuesto para proteger a los incondicionales y/o para fraguar venganzas políticas. Es una broma de mal gusto.
La sociedad no tiene que esperar a las próximas elecciones federales para modelar un cambio que incida sobre la rendición de cuentas, independientemente de quien sea elegido presidente y quienes sean elegidos legisladores. Tiene que proponer las condiciones bajo las cuales se reducirán los actos de corrupción, indagar los estándares de cero tolerancia a la corrupción que operan en otros países. Exigir a quienes fungieron como secretarios de despacho de la contraloría gubernamental, también a quien actualmente funge, para que den pelos y señales de por qué no han funcionado los aparatos públicos encargados de atajar la corrupción. De esta manera, el rendimiento de los recursos públicos sí que nos cambiaría la vida ¿A poco no?
Hay que ponerle la mesa al próximo gobierno.
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