Los intentos por archivar en el olvido el expediente del infanticidio múltiple ocurrido el 5 de junio del año pasado, en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, no se han consumado. Uno de los pilares del gobierno mexicano, el Poder Judicial, llevará al pleno el informe de dos magistrados encargados de investigar el caso.
Los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon fueron encargados de llevar a cabo la investigación, conforme a lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución. El propósito es el de conocer la verdad para que no haya impunidad y se haga justicia. Indagar si ocurrió violación grave de las garantías individuales, así como analizar el cumplimiento del sistema de guarderías público.
Investigación innecesaria si los Ejecutivos involucrados se plegaran a los ordenamientos de ley sin atenerse a subterfugios legaloides. Si las cosas funcionaran como están dispuestas la Corte se ocuparía de otros asuntos. Por eso se cuestiona, para qué quieren otra reforma política, para qué se habla de la reforma del Estado, si falta la voluntad política, el convencimiento de los poderosos de someterse a la ley. Ante la impunidad la ley ha tenido una presencia insuficiente, de eficacia no demostrada.
Pues bien, el informe ha concluido sin que ello implique forzosamente un dictamen condenatorio de hechos punibles. Para ser breves, los magistrados investigadores encontraron un desorden generalizado en las guarderías del IMSS. Desorden que inicia desde la falta de fundamento legal del IMSS para otorgar a terceros el servicio de guarderías. ¿Y? Nada.
Lo que no está claro es porqué queda fuera del informe la parte corresponsable en la operación de las guarderías o lo que es lo mismo, los dueños. Son las personas que no aparecen en la lista, tal vez porque el enfoque del informe se hace hacía las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero una investigación completa no se puede conformar con la aseveración de que sólo el .03% de las guarderías subrogadas por el IMSS cumplen con las disposiciones normativas para su funcionamiento.
Es notorio que para los dueños, el negocio de las guarderías se abrió como un “área de oportunidad” en la medida que contaron con el “incentivo” de no cumplir la norma, al tiempo que se les ofrecía tácitamente la posibilidad de no ser sancionados al estar cubiertos por redes de ligas familiares o de amistad. Los dueños no tenían el mínimo interés por el cuidado de las criaturas, sólo querían hacer dinero apalancados por la vista gorda y la anuencia de las autoridades. Se sentían tan seguros que ni se preocuparon por buscar el inmueble adecuado para la guardería y se limitaron a mal acondicionar parte de una bodega.
Que no se olvide la Corte de las responsabilidades de los dueños, aunque se afecte la mitología que se nos ha vendido en los últimos lustros acerca de la cornucopia que ofrece la iniciativa privada, tan nefasta como aquella que se cebaba en el ogro filantrópico.
Será acaso la impunidad el rostro de la “democracia tonta” en la que florecen los gobernantes abusivos y traicioneros, que no tienen palabra. Será por eso que es en la ficción donde se recrea la justicia que es inasible en la realidad Guardería ABC, a juicio popular.
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